México
EL ALTRUISMO Y LA JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA
David Talavera *
Algunas organizaciones de asistencia privada y líderes empresariales y eclesiásticos del país han expresado inconformidad porque la mayoría de diputados locales aprobaron la Iniciativa de Ley de Instituciones de Asistencia, cuyo objetivo, dicen, atenta contra el altruismo, aunque otros sectores de la sociedad están convencidos de que esa normatividad ayudará a establecer el orden en esas agrupaciones.
No hace mucho el tema de altruismo llamó la atención de la prensa nacional cuando se inició la disputa por el control de esos grupos, en particular el presidente de la Junta de Asistencia Privada, Víctor García Lizama, sostuvo una guerra de declaraciones con su entonces similar de la Cruz Roja, José Barroso Chávez, a quien le atribuía irregularidades financieras en el seno de la benemérita institución.
La nueva ley, que sustituye a la establecida en 1943, dicen los sectores empresarial y eclesiástico, es intervencionista en la medida que la Junta de Asistencia Privada se subordina a la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, lo que para ellos representa la posibilidad de que se cancelen las donaciones.
Uno de los puntos más cuestionados por los grupos inconformes es que a partir de la puesta en práctica de la nueva legislación, la Junta de Asistencia Privada tendrá la obligación de informar lo relativo al manejo que haga de los recursos financieros que capte, según señala el artículo 84.
Tal vez ese sea el motivo que llevó a diversos grupos a reaccionar de manera tan virulenta contra la aprobación de la ley, pues es conocido que la fiscalización de recursos económicos siempre ha incomodado no sólo a algunos empresarios, sino también a la cúpula de la iglesia católica, que siempre se ha opuesto a que le revisen sus arcas bajo el argumento de que sus acciones están alejadas de cualquier interés económico.
Irregularidades o no, lo cierto es que el diferendo entre Barroso Chávez y García Lizama, ha puesto en evidencia que en las instituciones de asistencia privada existen intereses a los que no están dispuestos a renunciar, como lo demuestra la inusitada reacción de organismos empresariales y la jerarquía católica al conocer la aprobación de la mencionada iniciativa, quienes además utilizaron a minusválidos para protestar en la vía pública, en un acto deleznable por si solo.
Para la diputación local del Partido de la Revolución Democrática (PRD), la nueva ley es necesaria para "poner orden" en ese tipo de actividades, pues el otro marco legal no establecía la obligatoriedad de que la Junta de Asistencia Privada presentará a alguna autoridad un informe de sus estados financieros; por el contrario, su presidente tenía un poder absoluto sobre las instituciones aglutinadas a ese organismo, así como sobre sus economías.
De acuerdo con el artículo 92 de la ley derogada, el presidente de la Junta de Asistencia Privada tenía la facultad de ordenar y dirigir la inspección y vigilancia de las instituciones de asistencia privada, así como las investigaciones que se relacionaran con los servicios asistenciales, pero no sólo eso, sino también de dirigir los arqueos, cortes de caja y demás comprobaciones o verificaciones de contabilidad de las instituciones del ramo. En suma, la ley le otorgaba poder para solicitar, según lo considerara pertinente, un informe financiero. Ahora, en lo sucesivo, tendrá que rendir cuentas del organismo que encabeza.
La campaña de prensa se intensificó a partir de que se aprobó la nueva ley y reflejo de ello ha sido la advertencia de que la Junta de Asistencia Privada podría trasladar su centro de operaciones a otra entidad para escapar al ámbito de la autoridad capitalina, o solicitar un amparo judicial, convertir las organizaciones altruistas en asociaciones civiles, aunque la última instancia sería aceptar el régimen legal aprobado.
Los que se dicen afectados, dicen que no se les consultó, que se les ignoró en la constitución de la nueva ley, que en la aprobación de la iniciativa no hubo unanimidad de los legisladores locales, aunque nunca le han aclarado a la opinión pública cuál es el interés que tienen al pretender que ninguna autoridad supervise el manejo de los dineros que manejan.
Si como dicen los quejosos, sus acciones de caridad tienen únicamente el objetivo de socorrer a los marginados, a qué se debe la resistencia de informar al gobierno de la Ciudad de México sobre el manejo de los recursos económicos que destinan a esas tareas, porque hay que recordar que un reclamo generalizado de la sociedad es desterrar la corrupción.
A ese propósito debieran coadvuvar las fracciones partidistas de oposición, representadas en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en la medida que tienen la obligación de reflejar la voluntad de quienes los eligieron como diputados. Los legisladores deben elaborar leyes en beneficio de la mayoría de los mexicanos y no de grupos que se desgarran las vestiduras cuando se ven obligados a actuar en el marco de la ley.
El altruismo debiera estar alejado de cualquier tipo de sospecha, pero
la resistencia a que su ejercicio sea supervisado por las autoridades locales
sólo deja entrever que existen intereses ajenos a esa actividad,
que más que ennoblecerla, pone en duda la honorabilidad de quienes
la llevan a cabo. Por ello, los titulares de las instituciones que
la practican deberían dar un paso adelante para transparentar el
uso de los recursos que ejercen, porque la desconfianza de la sociedad
en las instituciones es un fenómeno que debe ser erradicado en el
país.
* Periodista mexicano.