Guatemala
NO AL PERDÓN, SÍ AL CASTIGO A LOS RESPONSABLES
Armando Ramirez *
La propaganda del gobierno guatemalteco ha prentendido imponer en el país una ley de punto final que en los países sudamericanos ha intentado acallar los reclamos de justicia para castigar a los responsables de múltiples delitos de lesa humanidad.
La administración del presidente Alvaro Arzú se olvida que ni la ley de punto final ha sido capaz de acallar esos reclamos, como lo demuestra el caso del general golpista Chileno Augusto Pinochet, quien había contado con la protección de una constitución impuesta por la dictadura y por gobiernos sucesores que para congraciarse con los militares se han hecho de la vista gorda ante el clamor de justicia.
Es una burla hablar de reconciliación nacional si persiste, como en Guatenala, la impunidad en favor de quienes cometieron las más diversas atrocidades contra las personas que se atrevían a pensar diferente a quienes detentaban el poder.
No es vivir en el pasado, pero antes de ver hacia el futuro deben deslindarse las responsabilidades y fincar los castigos que correspondan y no puede haber borrón y cuenta nueva en los delitos de lesa humanidad por el simple acuerdo de cúpulas, como se pretende en Guatemala. Aún cuando la ex dirigencia guerrillera se vendió y aceptó la farsa de una comisión de la verdad que serviría de comparsa para justificar un punto final a las atrocidades del ejercito en su lucha contrainsurgentes.
Que el ejército y otras fuerzas de seguridad han sido los principales responsables de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos lo hemos sabido sin que exista un comisión del esclarecimiento histórico, cuyos resultados no servirá para nada, porque asi decidieron acordalos los líderes de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca y el gobierno de Arzú.
A 19 años de su asesintao, sigue vigente el clamor de justicia contra quienes ejecutaron extrajudicialmente a nuestros padres en abril de 1980 y contra quienes planearon y mandaron a ejecutarlos.
Como una muestra irrefutable de que la justicia está lejana de Guatemala, las autoridades se han hecho de la vista gorda en el caso del asesinato del obispo Juan Gerardi, asesinado dos días después de haber denunciado con datos fehacientes que el verdades responsable de las violaciones a los derechos más elementales del ser humano en Guatemala ha sido el ejército.
El 15 de enero pasado, el juez de Primera Instancia Penal Jorge Figueroa se excuso del caso de Gerardi, excusa que revisa la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones.
Gerardi fue asesinado el 26 de abril de 1998, sin que hasta ahora se conozca a los autores y responsables del crimen.
Desde el 22 de julio está detenido de manera injusta el sacerdote Mario Orantes Nájera, a quien el Ministerio Público, por encargo del ejército, prentende hacer aparecer como el responsable de la muerte del obispo.
Sin embargo, el caso de Gerardi no es único, pues también está pendiente el caso de la matanza de Xamán, en el cual Rigoberta Menchú Tum, Premio Nobel de la Paz 1992, intento ser parte coacusadora y all fracazar en su intento de se hiciera justicia en Guatemala, anunció que presentará el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La demanda contra el Estado de Guatemala incluirá la violación de derechos humanos y la impunidad en varios crímenes en el caso de la matanza de Xamán, del cual se retiró como querellante adhesiva. Menchú Tum criticó al ministerio Público y acusó a los abogados defensores de los militares de recibir grandes sumas de dinero.
También subsiste impunidad en torno a los asesinatos del periodista
y político Jorge Carpio Nicolle, de la antropóloga
Mirna Mack Chang, del presidente de la Corte de Constitucionalidad
Epaminondas González Dubón. ¿Puede haber perdón
y olvido?
* Periodista guatemalteco.