Chile
PINOCHET DEBERÁ RESPONDER POR SUS CRÍMENES
Armando Ramirez *
El secretario del Interior de Reino Unido, Jack Straw, decidió el pasado 15 de abril permitir que España continue con el proveso de extradición del general golpista chileno Augusto Pinochet, a quien acusa de torturar a sus adversarios mientras ocupó la jefactura de Estado en Chile.
A pesar de que los legisladores británicos le otorgaron a Pinochet amnistía por sus crímenes cometidos entre 1973 y 1988, la decisión de gobierno británico deja abierta la posibilidad de que el militar sea extraditado a España y sea juzgado por casos de tortura registrado después de diciembre de 1988.
El destino del militar golpista está vinculado al caso de un adolescente chileno que murió a 17 los años torturado por agentes del gobierno, así como a otros 50 casos presentados por el juez Baltazar Garzón, que lleva en España el caso contra Pinochet.
Marcos Quezada Yáñez fue arrestado en Chile el 24 de junio de 1989 y pocas horas después murió por las descargas eléctricas administradas por agentes del gobierno.
El caso de Quezada Yánez, una de las miles de víctimas reportadas en los 17 años de mandato de Pinochet en Chile, podría haber quedado olvidado si no hubiera sido incluido en 32 cargos listados por abogados españoles en su petición de extradición de Pinochet por abusos en los derechos humanos.
El más alto tribunal británico decidió que el caso de Quezada Yánez sera uno de los tres por los que Pinochet, bajo arresto domiciliario cerca de Londres, podría ser extraditado a España, pero los magistrados británicos descartaron la mayor parte de las acusaciones por asesinato, tortura y secuestro presentadas contra Pinochet al argumentar que ocurrieron antes de que Gran Bretaña convirtiera en ley la convención de las Naciones Unidas sobre tortura en diciembre de 1988.
La policía chilena aseguró que Quezada Yanéz fue arrestado como sospechoso de haber cometido un robo y se suicidó en su celda, pero la Comisión de la Verdad, concluyó que el joven murió por "torturas aplicadas por agentes del gobierno en violación de sus derechos humanos".
Aunque los magistrados británicos parecían haber descartado los 32 cargos contra Pinochet, excepto tres, Reed Brody, del grupo Human Rights Watch, dijo que una veintena de acusaciones de tortura y asesinato posteriores a 1988 podrían figurar aún en el caso. Los casos están incluidos en la petición de extradición española, pero que no fueron detallados en los cargos presentados ante los tribunales británicos.
Los cargos de conspiración para la tortura contra Pinochet siguen también en pie, según precisó lord Browne-Wilkinson, el principal magistrado, al anunciar la sentencia. Las acusaciones aseguran que Pinochet y otros conspiraron para usar la violación y otros asaltos sexuales para "aterrorizar y someter" a sus críticos en Chile y otros países y que entre las víctimas hubo niños.
Pero los abogados del grupo proderechos humanos Amnistía Internacional aseguran que una sola víctima sería suficiente para justificar el arresto de Pinochet en Londres el pasado octubre a petición de España. "Una tortura debería ser suficiente para asegurar la extradición", dijo Geoffrey Bindman, abogado de Amnistía.
Desde su aprobación en 1984, la Convención Internacional contra la Tortura ha servido más que nada como un concepto. Pero después de que el máximo tribunal británico se basó en esa ley para negar a Pinochet la inmunidad soberana, el estatuto adquirió inesperada relevancia.
"La convención contra la tortura llega a su madurez con esta decisión", dijo Reed Brody, abogado de la organización Human Rights Watch. La ley establece el principio de que los funcionarios acusados de tortura pueden ser enjuiciados por los tribunales de cualquier país, incluso si los presuntos delitos han ocurrido en otra nación.
La ley fue avalada por 113 países, pero su efectividad no había sido puesta a prueba hasta ahora, después de que la Cámara de los Lores la utilizó para privar de su inmunidad a Pinochet por casos de tortura en su gobierno en Chile (1973-1990).
Pese a ello, Helen Bamber, directora de la Fundación Médica para el Cuidado de las Víctimas de la Tortura, dijo que la decisión era un "hito histórico".
En los doce días de alegatos, los abogados de Pinochet afirmaron que la convención no se aplicaba a los jefes de estado, pero el presidente del tribunal, Nicolas Browne-Wilkinson, descartó ese razonamiento y dijo que "toda exención de culpabilidad contravendría la intención'' de la convención.
Pinochet fue detenido el 16
de octubre en cumplimiento del pedido de un juez español, que le
acusa de supuestos abusos cometidos por su policía secreta después
de derrocar al presidente Salvador Allende en un golpe en 1973.
* Periodista guatemalteco.