Cuba
CUBA Y SUS DISIDENTES
Peter Gellert y Jesús Escamilla *
La decisión del gobierno cubano de promulgar una nueva legislación y actuar contra los llamados "disidentes" que colaboran con el gobierno norteamericano en su campaña para estrangular la revolución y otras medidas dirigidas contra la delincuencia, la prostitución y otros males sociales asociados al turismo, ha desatado una reacción furibunda en algunos sectores de la opinión pública.
Muchas veces, por falta de información, algunas personas honestas que han luchado por los derechos humanos y las causas progresistas en México y otros países, tienen dudas o se oponen a esas medidas.
El tema de los derechos humanos es complejo. Creemos conveniente hacer algunas apreciaciones sobre lo mismo:
Primero
La problemática de derechos humanos no puede limitarse a los derechos políticos y mucho menos a los derechos electorales, por importante que puedan ser (y aquí no es el lugar para abordar una discusión sobre estos derechos en el sistema capitalista, en donde el verdadero control de las decisiones fundamentales de la sociedad está en manos del capital financiero y que, en la mayoría de los casos, las elecciones son compradas por el mayor postor, si no plagadas de fraude).
Para nosotros, los derechos humanos tienen que concebirse más ampliamente, para abarcar el conjunto de los factores sociales (educación, salud, vivienda, condiciones económicas mínimas, igualdad) que aseguran una vida digna y por ende, la posibilidad real y efectiva de que el pueblo pueda participar en la política.
Esto no quiere decir que los derechos políticos y electorales no sean importantes, sino que tienen que considerarse en un marco más amplio, en su dimensión social y en su contenido real.
Segundo
Los derechos humanos no existen en el vacío, en un mundo perfecto. En el caso concreto de Cuba, en la situación concreta de la isla, la guerra de agresión político-económica que la isla ha sufrido durante 40 años por parte del país más poderoso del planeta, es el punto de partida obligatorio para considerar las opciones reales del gobierno revolucionario.
Marco obligatorio
Hay que entender que este hostigamiento imperialista ha tenido, y tiene, cuatro facetas:
1.- Actos terroristas, sabotaje económico, guerra biológica, y hasta agresión militar;
2.- Una guerra económica, que incluye el bloqueo, la Ley Helms-Burton, y una campaña para disuadir a inversionistas a hacer negocios en la isla con el fin de estrangular la economía del país;
3.- Una política destinada a montar y financiar una disidencia interna, bajo el rubro de la "sociedad civil". Sólo en el año de 1998 Washington autorizó US$2 millones para subvertir el orden interno en Cuba;
4.- Una guerra propagandística a través de 24 radioemisoras que transmiten 1,900 horas semanales contra Cuba, que incluye a la Tele Martí, que inclusive viola el derecho internacional en sus transmisiones hacia la isla.
Las más variadas estrategias y tácticas han sido empleadas, desde las más brutales que pusieron al mundo al borde de una guerra nuclear, hasta las más sutiles, para destruir la revolución desde fuera o desde dentro.
Ningún país del mundo entero ha estado sujeto a una agresión y bloqueo tan sistemáticos, duros y constantes como Cuba.
¿Tiene Cuba el derecho a defenderse de esta agresión en esas cuatro vertientes? ¿Hay país alguno que no lo haría? Aparte del arma de la persuasión y la propaganda, ampliamente utilizada dentro del país por el gobierno, el partido, y las organizaciones de masas, ¿Tiene el gobierno revolucionario el derecho a tomar medidas concretas para contrarrestar la agresión imperialista en sus diferentes facetas?
Los disidentes
En el caso concreto de los cuatro "disidentes", estos han sido condenados no de expresar sus ideas políticas, sino de mantener vínculos, colaboración y coordinación concretos y orgánicos con el gobierno norteamericano y sus agentes (como Radio Martí, un proyecto abiertamente subversiva contra Cuba, auspiciado y financiado por el gobierno norteamericano y dirigido por la contrarrevolucionaria Fundación Nacional Cubano Americana y la Sección de Intereses de Estados Unidos en La Habana) y las organizaciones de ultraderecha de Miami. Estos "disidentes" se han sumado a la Ley Helms-Burton y a la guerra económica contra Cuba a través de sus llamados públicos a inversionistas extranjeros para que cancelen sus inversiones y operaciones comerciales con la isla y han proporcionado información sobre inversiones ya realizadas; datos que Washington ha utilizado para presionar a esas empresas. Han hechos llamados públicos a la internacionalización del bloqueo contra Cuba. Han salido por Radio Martí llamando a los miembros de la comunidad en Miami a que utilicen en envío de las remesas a sus parientes en la isla como forma de chantaje para que estos no participen en las elecciones en ese país. ¿Esto no constituye una flagrante conducta contra la seguridad y los intereses de Cuba, y hasta alta traición a la patria?
Aparte, esos disidentes son acusados de haber recibido financiamiento de Estados Unidos por sus actividades. El grupo de los cuatro disidentes enjuiciado en el pasado mes de febrero ha recibido importantes recursos financieros y técnicos. A pesar de no trabajar ninguno de ellos durante años, ostentan niveles de vida muy por encima de los ciudadanos cubanos comunes.
Muchos países del mundo entre ellos México y Estados Unidos, que no enfrentan una injerencia tan hostil y subversiva como en el caso de Cuba, tienen leyes que prohíben a sus ciudadanos recibir financiamiento del extranjero con fines políticos o de actuar como agentes de una potencia extranjera.
Por otra parte, el cabecilla del grupo de los cuatro disidentes, Vladimiro Roca, a quien los medios estadounidenses y las agencias de prensa occidentales, se empeñan en hacer aparecer como "preso de conciencia" mantiene, desde hace muchos años, íntimas relaciones de amistad con Luis Posada Carrilles, ejecutor en 1976 del atentado terrorista contra un vuelo civil de Cubana de Aviación en que perecieron 73 personas. Posada Carrilles ha sido, además, el organizador de la red terrorista que durante 1997 perpetró la oleada de atentados con explosivos contra los hoteles y blancos turísticos en Cuba.
Pena de nuerte
En el caso de actos terroristas, se ha codificado la pena capital para tales delitos. En condiciones normales, las fuerzas progresistas nos oponemos al uso de la pena de muerte, máxime cuando en los países capitalistas son las minorías étnicas y raciales y los de escasos recursos económicos, quienes sufren esta pena de manos del "sistema de justicia".
Sin embargo, la situación de Cuba no es "normal". Se aproxima a la de una situación de guerra a veces abierta a veces encubierta-, en la cual una condena de cárcel, inclusive de cadena perpetua, no es impedimento alguno, porque los infractores creen que el gobierno revolucionario pronto caerá y serán puestos en libertad.
En cuanto a las medidas para combatir la delincuencia (que, a propósito, han logrado disminuirla significativamente) y otros males sociales vinculados al turismo como la prostitución, su promulgación ha sido acompañada por un amplio debate, en los centros de trabajo y en las organizaciones de masas, sobre el análisis del fenómeno en general y sobre qué medidas son más apropiadas. En cada caso, los vecinos, organizados en los Comités de Defensa de la Revolución, intentan hablar con el individuo y su familia para que cambie su comportamiento antisocial. Pero otra vez el interrogante es el mismo: aún reconociendo que en última instancia las medidas punitivas no pueden resolver problemas sociales, ¿Tiene Cuba el derecho a adoptar leyes que protegen sus ciudadanos y visitantes contra asaltos, robos, etc.?
Lo que ha estado ausente en el debate internacional sobre las nuevas medidas en Cuba es una apreciación de la difícil situación de la isla.
Desgraciadamente, no hay recetas fáciles que permitan superar la coyuntura.
Por fortuna, la dirección revolucionaria en Cuba está consciente de la necesidad de involucrar a la población en el debate y en la toma de decisiones. De hecho, toda medida importante ha sido previamente discutida por el pueblo organizado que es la sociedad cubana, lo que, en algunos casos, ha obligado a las autoridades a cambiar sus propuestas originales, como en el caso del impuesto sobre la renta, que fue rechazada después de un debate.
Ningún país tiene un modelo de democracia, ni lecciones
a enseñar en este campo, ni la autoridad moral de hacerlo. A raíz
de experiencias amargas, tanto con gobiernos liberales, socialdemócratas
y el "socialismo realmente existente", hay un debate entre sectores progresistas
del mundo acerca del contenido y las formas de un verdadero ejercicio democrático.
Cuba no ha estado ausente de este debate; se da en revistas teóricas,
foros académicos y gubernamentales y en las organizaciones de masas.
Indudablemente, como los mismos compañeros cubanos señalan,
hay peligro de adoptar una actitud defensiva frente a las constantes agresiones
y provocaciones de Estados Unidos y la ultraderecha de Miami. Pero avances
en este campo dependen de la capacidad de los actores y observadores de
ubicar su problemática en el contexto real de la revolución
cubana, sus obstáculos internos y externos y sus posibilidades reales.
* Activistas del Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba.