México

CAUSAS Y EFECTOS DEL FRACASO DE LA POLÍTICA ECONÓMICA

Cuauhtémoc Cárdenas *


Noventa años después de que Francisco I. Madero propusiera a la Nación el Plan de San Luis, los conceptos Democracia e Imperio de la Ley vuelven a ser el objetivo esencial de la lucha política en México. La aspiración de instaurar un régimen democrático sustentado en el imperio de la ley define de mejor manera el horizonte del cambio político en los años por venir.

Democracia y legalidad son indispensables para reconstruir los consensos rotos en el marco de la larga descomposición del régimen político, su desgaste moral y la prolongada crisis económica. Son los ejes que articulan las demandas en materia educativa, de salud, vivienda, seguridad, empleo e ingresos, formación de capital, disponibilidad de ahorro y de confianza general.

La economía mexicana para todos los efectos prácticos carece de un verdadero sistema de intermediación y significa una pesada carga fiscal hacia el futuro. Es resultado de que en casi dos décadas en México fueron modificadas las pautas tradicionales de funcionamiento de los agentes económicos, las relaciones de los diversos agentes sociales con las instituciones públicas y las reglas de la participación y la competencia política en México. Buena parte de ellas eran necesarias y en casos como los de las sucesivas transformaciones del régimen político electoral, su alcance ha sido extendido gracias a la participación de la sociedad.

La apertura económica instrumentada en el sector industrial era una necesidad ineludible, pero careció y sigue careciendo de una orientación estratégica. Lo que principalmente ha prevalecido de ella son sus efectos adversos. Hay que trabajar por la generación de un ciclo constructivo que permita sentar las bases de una proyección realmente competitiva en la economía global sustentada también en el crecimiento interno y en el incremento sostenido del bienestar.

TLCAN

El grupo gobernante que lo suscribió subordinó los objetivos estratégicos nacionales y hasta regionales y no incluyó cláusulas que dieran cuenta de las enormes asimetrías y diferencias de desarrollo entre México y Estados Unidos.

Para adecuarlo deberemos:

A) Trabajar de manera constructiva para reforzarlo, ampliar sus mecanismos de cooperación y convertirlo en un instrumento incluyente y no de exclusión como lo es ahora para los sectores económicos y sociales en cuanto a beneficios actuales y potenciales.

B) Sentar las bases para abrir un nuevo ciclo de negociaciones y realizar una evaluación conjunta de estos casi seis años de vigencia del TLCAN.

C) Revisar los aspectos que la misma evaluación indique como necesarios y ampliar el marco institucional del tratado, que hoy sólo cobija aspectos comerciales, hacia otros campos que forman parte inevitable de nuestra compleja vecindad: el social, el migratorio, el fronterizo, el relacionado con los recursos naturales compartidos y otros menos relevantes.

Para recuperar las más caras tradiciones de nuestra política exterior es indispensable reconstruir el orden institucional interno. El ciclo de reformas abierto en México en la década de los 80 está agotado por los magros resultados obtenidos en materia de crecimiento, estabilidad y bienestar para el conjunto de la población, así como por lo limitado de su alcance original, que fue estrictamente económico.

Una de las grandes lecciones es que para impulsar un nuevo ciclo de desarrollo sostenido no es suficiente ampliar los márgenes de operación de las fuerzas del mercado en los diversos sectores de actividad, privatizar, desmantelar las regulaciones y limitar la acción de la política económica al equilibrio de los grandes agregados. Las reformas económicas están condenadas al fracaso si no se acompañan de modificaciones profundas del orden institucional que son la esencia de la propuesta política de las fuerzas democráticas.

Las hechas en los sistemas económico y político no han marchado en todos los casos en una dirección lineal que apunte al progreso y expresan muchas contradicciones entre los objetivos planteados y las condiciones efectivas que se han producido. El movimiento democrático está consciente de ellas y las toma como puntos de partida para la reconstrucción nacional.

Estamos por el impulso de una nueva ola de reformas que comprenden:

A) La relación y colaboración entre los poderes de la Unión, atrofiadas por el presidencialismo desbordado y sus inercias.

B) Los mecanismos institucionales de diseño, ejecución y seguimiento de la política económica, que en los hechos son atribución casi exclusiva del Poder Ejecutivo, sin ninguna o casi ninguna intervención sustantiva del Poder Legislativo.

C) Las relaciones entre la Federación y sus estados constitutivos, que en la perspectiva de un régimen político democrático y moderno requieren definiciones que hagan valer y garanticen la soberanía de las distintas entidades y el funcionamiento efectivo del Pacto Federal.

D) El combate sostenido y sistemático a la pobreza y a la ampliación de las desigualdades regionales, en una perspectiva no asistencialista sino de incorporación dinámica y constructiva al desarrollo de los sectores rezagados.

E) La modernización del sistema educativo nacional, en todos sus niveles y en todos sus componentes: recursos humanos, financiamientos, infraestructuras, calidad de la enseñanza, criterios para evaluar y supervisar, extender y dignificar el trabajo docente, obligatoriedad, universalidad.

Estas y otras reformas deberán tener como principios rectores el imperio absoluto de la ley y la posibilidad efectiva de la sociedad de escudriñar las acciones de los servidores y las autoridades públicas, por mínimas e insignificantes que pudieran ser. Este es un reclamo social generalizado y una condición necesaria para el ejercicio de la autoridad pública y la gestión de los asuntos económicos, políticos y sociales que son de su competencia.

El elemento de articulación de las nuevas reformas - su cemento institucional - está en la instauración de nuevas formas de asignación y administración de los recursos de gobierno, de manera que éstos respondan efectivamente a los problemas colectivos. Estas nuevas formas de gobernar deben estar presididas por la participación, la transparencia, el rendimiento de cuentas y el imperio irrestricto de la ley, para todos y en primer lugar para quienes tienen la obligación de aplicarla y hacerla valer.

Las elecciones federales de julio del 2000 le abren a la sociedad mexicana la oportunidad de optar entre la continuidad de un modelo que genera exclusión y cuyas reformas han sido, a un tiempo, ineficientes e insuficientes, y un programa que institucionalice nuevas formas de gobernar, basado en la democracia y el imperio de la ley.

A 20 años de haberse iniciado la reforma económica de México, ninguna propuesta política hecha con honradez puede ignorar la existencia de más de 40 millones de pobres y que más de la mitad de ellos (24 millones) se encuentran en situación de pobreza extrema. Son el contingente que se mantiene casi totalmente al margen de toda posibilidad de progreso, se han vuelto excluidos absolutos. Esto no quiere decir que los otros 60 millones de mexicanos sean todos beneficiarios del modelo económico. En esa otra mitad del país, los fenómenos de la inequidad y la desigualdad en la distribución del ingreso se han acrecentado también de manera muy aguda.

La principal justificación de una reforma económica es elevar los niveles de bienestar de la población al través de un incremento sostenido de la eficiencia y la productividad, que sólo se consiguen mediante una optimización de la asignación de los recursos. Baste con recordar el déficit de empleos acumulado durante estos 20 años para argumentar que la reforma económica no ha logrado hasta ahora una utilización eficiente del recurso más abundante que es la fuerza de trabajo. 

* Jefe del Gobierno del Distrito Federal. Conceptos expresados ante académicos y estudiantes de la Universidad de California en San Diego, Estados Unidos, el 27 de agosto de 1999.

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