EL GOBIERNO DEL FRG: ENTRE LA CONFRONTACIÓN Y LA DESILUSIÓN
Eduardo Márquez *
La gestión en los primeros 45 días del gobierno de Alfonso Portillo y del derechista Frente Republicano Guatemalteco (FRG), al frente del Congreso de la República, se ha caracterizado por la confrontación con diferentes sectores, por el incumplimiento de algunas promesas de campaña, y por presentar contradicciones del discurso frente a la acción política. También se perciben actitudes de venganza contra grupos del poder económico, político y militar.
La conformación del gabinete de gobierno muestra confrontaciones al ser nombrados miembros de grupos desplazados anteriormente: ex ministros del Partido Democracia Cristiana, militares de baja en el gobierno de Alvaro Arzú, militantes expulsados de las organizaciones guerrilleras y de izquierda, y banqueros enemigos del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales Industriales y Financieras (CACIF), entre otros. El gobierno de Portillo no es plural.
El presidente continúa en campaña, con su discurso populista y demagógico, con medidas de efecto y publicitarias, con el apoyo del monopolio de la televisión. La nueva administración del país ha comenzado a entrar en un proceso de desgaste ya que las expectativas generadas por su discurso electoral no se han traducido en medidas concretas en beneficio de la población.
Ciertos sectores ven en el gobierno una ausencia de estrategia y de plan de trabajo. Hay improvisación y acciones que denotan incapacidad y criterios poco políticos en decisiones importantes, que en algunos casos han llevado a confrontaciones innecesarias, como en las secretarías de la Paz y de Análisis Estratégico, y en el Estado Mayor Presidencial. En este último caso, llama la atención que miembros del servicio secreto de Estados Unidos estén manejando la seguridad del presidente, con lo que se compromete la soberanía del país.
En la campaña el tema de los acuerdos de paz estuvo ausente del discurso electoral del FRG hasta unos días antes de la toma de posesión, cuando se volvió uno de los ejes de su discurso, en la Búsqueda del apoyo internacional. Sin embargo, no ha pasado de ser un discurso, porque simultáneamente ha existido confrontación con algunos actores del proceso de paz.
Por otro lado, con el recorte del Presupuesto General de Ingresos y Gastos se disminuye la capacidad de cumplimiento de la agenda de la paz. Otra muestra del incumplimiento de promesas es la prórroga indefinida de la vigencia del Código de la Niñez y la Juventud, resuelta por la bancada eferregista.
Otra contradicción ha sido la propuesta del FRG de posibilitar el nombramiento de un civil como ministro de la Defensa. Los diputados del partido en el gobierno presentaron la iniciativa de reformas la Ley Constitutiva del Ejército y Portillo puso de plazo el 25 de febrero para que el ejército desaloje las instalaciones de la Casa Crema.
Las reformas a la ley y el desalojo del ministro de la Defensa van en la dirección de debilitar las funciones y el poder del funcionario, precisamente ahora que se plantea que sea un civil, y, por otra parte, se fortalecen los del Jefe de Estado Mayor de la Defensa Nacional.
En el inicio de su gestión, el grupo en el poder también ha actuado contra el ejército, nombrando como ministro de la Defensa a un coronel, dejando con la medida inhabilitados a 20 generales que quedaron en disponibilidad o que pidieron su baja, como el general Otto Pérez Molina, a quien Portillo había prometido designarlo como ministro de la Defensa. Básicamente, lo que dicho grupo ha hecho es descabezar a dos sectores del poder militar: el llamado "de la paz" y el "de Espinosa".
Los cambios consolidan a militares desplazados por el proceso de paz: los autodepurados por el ejército por vinculaciones con el presunto capo del contrabando Alfredo Moreno y por otros actos delictivos y violaciones a los derechos humanos. Parte de la cúpula promueve una venganza contra los grupos que se habían consolidado en el poder en los últimos cuatro años.
La preocupación de varios sectores es que ninguna de las acciones emprendidas dentro del ejército tiende a modernizarlo o profesionalizarlo, ni tampoco a que juegue un nuevo papel en la sociedad, sino la prioridad es consolidar a un grupo en el poder y desplazar a otro.
Las acciones económicas también tienen características de confrontación y venganza. En este plano, contra los grupos económicos que apoyaron al Partido de Avanzada Nacional (PAN), comenzando por Cementos Progreso -con la eliminación de aranceles, medida que favorece al cemento mexicano-, y el sector de azucareros del país, al que se buscó afectar directamente con la autorización de importación de azúcar a menor precio. Las medidas serían coherentes con la parte del discurso de Portillo contra los monopolios privados; sin embargo, son contradictorias, porque no se muestra la misma actitud contra los monopolios que apoyan a su gobierno.
Hasta con los medios de comunicación escrita hay confrontación. La represalia contra uno de los críticos del gobierno, José Eduardo Zarco, cerrando el programa de televisión que dirigía -T-Mas de Noche-, ha desencadenado una lucha de medios en contra del monopolio de la televisión dirigido por el mexicano Ángel González.
Entre las medidas populistas de su gobierno, el Presidente anunció un aumento de salarios de 200 quetzales mensuales para todos los trabajadores, medida justa y necesaria que no se ha podido ejecutar por la forma en que fue planteada, que además ha provocado consecuencias negativas como el incremento de precios y despidos de trabajadores, porque no se planteó de forma integral.
Después de un mes de negociaciones entre el sector privado y el general Efraín Ríos Montt, presidente del Congreso, El organismo legislativo resolvió aumentar el salario en 125.40 quetzales para los trabajadores agrícolas y de 82.50 para los no agrícolas, mucho menores que los ofrecidos por el Presidente. El CACIF rechazó "el manejo político del tema salarial", y advirtió que se reserva el derecho de accionar legalmente para revertir la medida.
El debate sobre el incremento salarial de 200 quetzales a los trabajadores se dio mientras el FRG aprobó incrementar en cinco mil quetzales el sueldo de los diputados (que ahora asciende a 29 mil 500 quetzales), los ministros de Portillo piden un aumento de 10 mil quetzales y algo similar ocurre en el Organismo Judicial.
El promocionado Pacto de Gobernabilidad, que para muchos pudo ser una oportunidad para recalendarizar el cumplimiento de los acuerdos de paz, se ha convertido en algo etéreo, que parece más un diagnóstico municipal para crear una base social portillista, que no tiene nada de pacto nacional entre los sectores de la sociedad guatemalteca.
El debate sobre el Pacto de Gobernabilidad no desempeñando el papel que podría y existe el riesgo de que en lugar de ser un foro para discutir con el gobierno, se convierta en un instrumento para legitimar sus políticas. Se tienen como ejemplos la forma autoritaria en que se hicieron los nombramientos de gobernadores departamentales, sin tomar en cuenta las ternas propuestas localmente, así como la falta de políticas integrales para el justo incremento salarial.
El gobierno tomó posesión después de generar expectativas en la sociedad, y esto es su principal enemigo. Su inicial falta de coherencia y las acciones de confrontación y venganza contra el Partido de Acción Nacional (PAN) y sus grupos de apoyo económico, político y militar no llenarán esas expectativas.
Se puede entrar en un proceso de desilusión muy acelerado
si no se corrige el rumbo y se define una política clara que parta
de un plan de gobierno, con un verdadero compromiso con el proceso de paz.
* Analista político guatemalteco.