IPAB: ENTRE EL DERRUMBE DEL SISTEMA BANCARIO MEXICANO Y LAS INCONGRUENCIAS POLÍTICAS DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
Mayra Rivera Zetina *
El tema del Fobaproa y las listas de las personas que incurrieron en ilícitos ha causado mucho revuelo en los últimos días, pero baste analizar cómo se ha desarrollado este conflicto para despejar -si no es que aumentar- algunas dudas al respecto.
I. DEL FOBAPROA AL IPAB
El Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) es un fideicomiso que utilizó el gobierno federal, a través del Banco de México, para proteger el capital de los ahorradores en el sistema bancario, creado en conformidad con el artículo 122 de la Ley de Instituciones de Crédito expedida en 1990.
En diversos países existen mecanismos gubernamentales para garantizar los capitales depositados en los bancos, pero el gobierno mexicano es de los pocos que garantizan el 100 por ciento del ahorro en caso de quiebra. En Estados Unidos el gobierno sólo garantiza el 100 por ciento de los ahorros en el caso de que sean menores a 100 mil dólares.
Luego del quebranto de la banca mexicana, el Ejecutivo Federal envió una iniciativa para modificar la ley de quiebras, de tal manera que sólo fueran garantizados al 100 por ciento los capitales de los pequeños ahorradores.
¿Pero qué motivó el quebranto de la banca? Algunas organizaciones no gubernamentales argumentan que el problema se originó en 1993, cuando el país se preparaba para el inicio del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y Canadá.
A pesar del déficit en la cuenta corriente por 30 mil millones de dólares y una deuda interna de casi 40 mil millones de dólares de corto plazo indexada al dólar (Tesobonos), el gobierno de Carlos Salinas presentaba las expectativas económicas como sumamente alentadoras.
Como parte de la competencia para el TLC, la mayoría de los empresarios y numerosas familias se endeudaron con la banca, a tal grado que la expansión del crédito alcanzó 41 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en ese año.
Este aumento en los préstamos se debió también a la competencia entre los bancos, que recién privatizados, relajaron los criterios para la valuación de créditos, además de que tuvieron una supervisión insuficiente para controlar el rápido deterioro de los activos bancarios.
El "error de diciembre" de 1994 desencadenó la devaluación del peso, y por lo tanto la imposibilidad de pagar la deuda en dólares denominada Tesobonos en poder de inversionistas de EU.Para que el gobierno de México cumpliera con sus compromisos, la Administración del presidente estadounidense William Clinton y el Fondo Monetario Internacional (FMI) organizaron el paquete de rescate por 50 mil millones de dólares a cambio de un programa de austeridad que se aplicó a la economía mexicana durante todo 1995.
Este programa provocó, entre otras cosas, que las tasas de interés internas se dispararan y la tasa media pasó del 20 por ciento a finales de ese año, al 109 por ciento a marzo de 1995, la peor época del México contemporáneo en materia financiera. Además, la crisis iniciada a finales de 1994 generó el peor deterioro del salario y el mayor desempleo de los últimos años por la quiebra de más de siete mil empresas.
La profunda descomposición de las principales variables económicas se expresa en toda su magnitud en la incapacidad de los deudores para cumplir sus compromisos con la banca, de tal manera que mientras en 1990 la cartera vencida apenas alcanzaba el 20 por ciento del capital total de los bancos, para 1995 alcanzó 93.8 por ciento.
Para resolver el deterioro de la banca mexicana, el gobierno federal abrió, en enero de 1995, una ventanilla del Fobaproa en donde las autoridades financieras compraban la cartera vencida a cambio de un pagaré a diez años, por el que los bancos reciben un interés mensual similar al de los Cetes a 91 días para que los banqueros pudieran responder a sus ahorradores.
El Fobaproa administraba 440 mil créditos, de los cuales 330 eran mayores de 50 millones de pesos, mientras que la composición de la cartera total fue de 83.7 por ciento de créditos comerciales e industriales; 15.6 de créditos hipotecarios y solamente 0.7 de créditos al consumo y tarjetas de crédito.
Cabe recordar que de la cartera total del rescate bancario, sólo el 31.8 por ciento se deriva de créditos que pudieron ser adquiridos con criterios admisibles de garantías, mientras que el 68.2 por ciento restante corresponde a operaciones de saneamiento financiero por intervenciones o apoyos derivados de intervenciones deficientes y dolosas de los banqueros.
Como parte del rescate, las autoridades financieras intervinieron, capitalizaron y revendieron ocho bancos al capital extranjero, pero ahora el Fobaproa se ha convertido en el problema central de la economía mexicana, debido a que los recursos invertidos por el gobierno, 65 mil millones de dólares que representan 14.2 por ciento del Producto Interno Bruto, duplicarán la deuda interna.
Esta deuda se mantenía bajo la categoría de "contingente" y pagaba intereses cercanos a 7 mil millones de dólares mensuales, razón por la que el Ejecutivo Federal propuso al Congreso de la Unión que la deuda del rescate bancario se convirtiera en deuda pública directa y de esta forma se redujeran los intereses y se ampliaran los plazos.
“Autorizará (el Congreso de la Unión) anualmente, con independencia en lo señalado en el artículo 18 de esta Ley, el monto de endeudamiento contingente neto interno y externo que resulte del otorgamiento por parte del gobierno federal, de su garantía, de acuerdo con lo señalado en la fracción V del artículo cuarto de este ordenamiento”.
Lo anterior constituía la parte medular del proyecto de Ley Federal del Fondo de Garantía de Depósitos, en donde el presidente Ernesto Zedillo pedía a la Cámara de Diputados la aprobación del rescate, con dinero público, del Fobaproa, cuyo monto total a enero ya era, según la diputada Dolores Padierna, de un billón 200 mil millones de pesos, el doble de lo que era en abril de 1998.
Con esta iniciativa, aprobada finalmente el 28 de diciembre de 1999, el gobierno también logró el permiso para vender los activos en poder del Fobaproa y recuperar, según estimaciones oficiales, el 30 por ciento de los 65 mil millones de dólares.
La propuesta del Ejecutivo Federal encontró respaldo en las diputaciones del Partido Revolucionaro Institucional (PRI) y Partido de Acción Nacionalb (PAN), por lo que el Fondo Bancario de Protección al Ahorro se convirtió finalmente en deuda pública y adoptó el nombre de Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), el cual se encarga ahora de investigar las operaciones dolosas.
II. INFORME MACKEY
En agosto de 1998 el Comité técnico de Contrataciones de la Cámara de Diputados contrató al despacho canadiense de Michael Mackey como coordinador general de las auditorías al Fobaproa, una investigación que abarcaría de enero de 1995 a junio de 1998 y tendría un costo inicial de 3 millones de dólares.
El comité técnico abrió las ofertas económicas de los despachos de Karen Shaw y Michael Mackey para obtener asesoría extranjera, siendo el último el que cumplió con todos los requisitos técnicos y de experiencia solicitados, mientras que su oferta económica fue razonable.
Mackey señaló en su propuesta económica que vendría acompañado de un staff, integrado por Frank Kolhatkar, Douglas Dowing, David Morray, Reynaldo González, Gary Moulton, David Harwood y Wayne Blackburn, y el costo por hora de sus acompañantes oscilaría entre 75 y 320 dólares, mientras que Mackey se cotizó en 440 dólares por hora.
Diez meses después, el 19 de julio de 1999, el auditor canadiense entregó a la Cámara de Diputados los resultados de las auditorías que se practicaron al Fobaproa, en los que se destacó que hasta junio de 1998 el costo fiscal del rescate a las instituciones de crédito fue de 659 mil millones de pesos, con intereses trimestrales de 24 mil millones de pesos, con lo que la deuda superaba el gasto anual del gobierno federal.
Según las investigaciones, se rescató cartera vencida por 72 mil millones de pesos mediante operaciones reportables –que se realizaron de forma irregular-, de las cuales 6 mil millones son ilícitas al no encontrarse documentación que las avale, por lo que ahora correspondía al IPAB sancionar civil, administrativa y penalmente a quienes incurrieron en dichas acciones.
De acuerdo con el análisis, se determinó que alrededor de 60 mil millones de pesos son recuperables y se precisó que durante el proceso de investigación hubo negativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para acceder a toda la información que requerían, principalmente en lo relacionado al Banco Unión.
Según Mackey, luego de que en septiembre de 1998 se le concedió la tarea de realizar la investigación del rescate bancario se reunió con los reguladores de la CNBV, las autoridades hacendarias y los bancos, quienes se mantuvieron reticentes, situación que retrasó por tres meses el trabajo.
En el informe precisó que también se solicitó toda la información de las instituciones bancarias, situación a la que se negaron, y sólo proporcionaron la de los bancos que fueron intervenidos de facto por el Fobaproa.
Agregó que la parte donde las autoridades financieras le impusieron mayores restricciones para proporcionar la información requerida fue la de los bancos intervenidos, "que representan la parte más importante del sistema bancario y que dieron pie a que se realizara la auditoría".
En el trabajo de revisión que realizó a las instituciones financieras, se detectaron tres tipos de operaciones irregulares en las transacciones financieras que forman parte del Fobaproa.
La auditoría de Mackey identificó en el grupo “A (a)” mil 973 casos (aunque la lista nominativa, que se guarda en secreto, comprende 18 mil 468 nombres), cuyo monto en pesos asciende a 24 mil millones de pesos, y en el grupo “A (b)” 64 casos, cuyo monto total ascendió a 700 millones de pesos.
En el grupo B se encuentran 422 créditos por 42.2 mil millones de pesos y dada la importancia que este grupo representa, tanto por el monto total como por el valor promedio de los créditos, la junta de gobierno del IPAB determinó la contratación de despachos legales y contables.
Con esta medida se dio pauta a la evaluación de cada una de las 395 operaciones sobre las que no había procesos penales en curso y, en su caso, determinar si existían elementos para acusar de actos contrarios a la legislación aplicable.
Estos casos corresponden a créditos originados por 10 bancos intervenidos; tres que fueron saneados o vendidos y dos que están en proceso de saneamiento, por lo que estos créditos pasaron al IPAB como consecuencia de la intervención, es decir, no consistieron en compras de cartera.
En cuanto al grupo C, el auditor detectó 5.5 mil millones de pesos en créditos ilegales identificando 62 casos, de los cuales el IPAB precisó que al 15 de noviembre de 1999 comunicó a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados que 21 correspondían a averiguaciones previas, 40 a procesos penales y uno en trámite.
III. EL IPAB Y LA CÁMARA DE DIPUTADOS
El informe Mackey generó una serie de controversias, choques y discusiones entre los representantes del PAN, el PRD, el PT y el PRI por las diversas interpretaciones políticas que le dieron al informe de 240 páginas, pero en las últimas semanas los conflictos se profundizaron y los debates en la Cámara de Diputados se polarizaron.
Debido a que el gobierno federal no proporcionó toda la información requerida por la empresa auditora, la oposición consideró el informe incompleto y pidió un juicio político contra el secretario de Hacienda, José Ángel Gurría, del presidente de la CNBV, Eduardo Fernández, y de su antecesor Guillermo Prieto Fortún, por incurrir en posibles faltas en el proceso de privatización de los bancos y verificación en el otorgamiento de los créditos que llevaron a la crisis financiera del país.
Algunos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) coincidieron en que el presidente de la República debe proporcionar a la Cámara de Diputados toda la información que solicite respecto de empresarios y políticos que forman parte del Fobaproa, por tratarse de un fideicomiso, pero fuentes judiciales sostienen que las leyes bancarias son claras, ya que cuando se trata de fideicomisos no se viola el “secreto bancario”.
Cada uno de los ministros realiza su propio análisis sobre la facultad de la Cámara de Diputados para solicitar al presidente de la República información sobre operaciones financieras del Fobaproa y de la legalidad o no del “secreto bancario”, tal y como está planteado en estos momentos.
Aquí cabría preguntarse ¿por qué el consejero jurídico de la Presidencia, Germán Fernández, solicitó audiencia con cada uno de los ministros con el fin de aportar más elementos para que se declare constitucional el “secreto bancario” y, de esta forma, no proporcionar a los diputados la información que solicitan?
El 14 de marzo, cuando el IPAB entregó a la Cámara de Diputados su tercer informe, se dio cuenta de las operaciones que no atendieron los lineamientos del Fobaproa y se hicieron consideraciones a los diputados para flexibilizar las disposiciones en materia de secreto bancario.
No obstante, el Instituto dejó en claro que la Ley de Protección al Ahorro Bancario no faculta ni obliga al Instituto a hacer pública información que está protegida por los secretos bancarios y fiduciario, dado que “por ley, lo que a una autoridad no le está expresamente permitido, le está prohibido”. Ante los fuertes debates que se suscitaron acerca de la conveniencia de modificar la legislación vigente del secreto bancario, el IPAB propuso a los legisladores que las operaciones pasivas (depósitos), permanecieran resguardadas conforme al marco legal actual, mientras que las operaciones de crédito se hicieran del conocimiento público en los términos que el Congreso determinara.
De este modo, las autoridades competentes han presentado 10 denuncias adicionales a las anunciadas el 10 de diciembre y en las próximas semanas las instituciones de crédito podrían presentar 15 denuncias más.
El IPAB señaló que la Cámara de Diputados ordenó la auditoría y, como titular, los resultados, por lo que la lista nominativa se encuentra en su poder y “es la propia Cámara la que debe decidir, en el marco de la ley, que uso debe darle a esta información en aras de responder a las inquietudes de los ciudadanos”, es decir, si los diputados quieren conocer los nombres ¿por qué no utilizan sus claves para acceder al disco que contiene el informe Mackey?
Cabe resaltar que aún cuando el IPAB entregó tres informes a la Cámara sobre el análisis de la auditoría realizada por Mackey, el Instituto afirmó que no era su obligación hacerlo, dado que “un exhorto no es un mandato, es sólo una invitación hecha por una de las cámaras del Congreso de la Unión”.
Ante esto, los grupos parlamentarios del PRD, PT y PAN parecen haber alcanzado un consenso para dar a conocer a la opinión pública la lista de los deudores de la banca, razón por la que podrían conjuntar las claves de acceso al disco de información de la auditoría de Mackey, el cual se encuentra asegurado con una clave que posee cada partido.
Ante la insistencia de los legisladores, el IPAB dio a conocer una lista de tan solo diez nombres y anunció que lo recuperado apenas alcanza los 50 millones de pesos, es decir, ni siquiera el 10 por ciento de los llamados créditos reportables.
La diputada federal del Grupo Parlamentario del PRD Dolores Padierna Luna dio a conocer los 200 nombres con base en una investigación del PRD y acusó al presidente de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, Fauzi Hamdan Amad, de justificar a la Junta del IPAB para que no dé a conocer los nombres y viole el punto de acuerdo parlamentario.
Dolores Padierna reveló listas con nombres de los que supuestamente se vieron beneficiados con el Fobaproa pero que "no necesariamente pueden ser ilegales, pero sí inmorales porque se trata de empresas, industriales y políticos con capacidad económica sobrada para liquidar sus créditos".
Los documentos contenían 700 créditos millonarios que incluyen información acerca de 170 grupos, empresas o personas, entre las que está el exgobernador Mario Villanueva Madrid y Raúl Salinas, con una empresa que estaría lista para funcionar en cuanto desapareciera la paraestatal Conasupo.
Entre los nombres de panistas y priístas, mencionó a Carlos Medina Plascencia, Rogelio Sada Zambrano, los hermanos de Vicente Fox -candidato a la presidencia por el PAN y el propio presidente de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, de quien dijo, tiene fuertes vínculos con Héctor Gómez, "El Rey de las Coberturas Cambiarias".
La legisladora mencionó también al Grupo Anáhuac donde participa el ex presidente Miguel de la Madrid Hurtado y sus hijos; al expresidente del Consejo Coordinador Empresarial, Eduardo Bours; Adriana Salinas de Gortari y la empresa Latin Lac creada por su hermano Raúl Salinas de Gortari.
Dolores Padierna expuso que en dicha investigación aparecen los nombres de los hermanos Vázquez Raña que adeudan a Banca Unión y Banpaís cerca de mil millones de pesos; la familia Hank Rohn que adeuda importantes sumas a varias instituciones financieras.
Además, dijo que aparecen Justo Félix Hernández López, empresario del Hipódromo de las Américas con 323 millones de pesos de adeudos; Luis Yáñez, esposo de Adriana Salinas; Miguel José Abed; el grupo Taesa con 430 millones de pesos.
En los implicados también están Fernando Pelletier Paris; Grupo Mason de Sonora con mil 700 millones de pesos; grupo González-Angulo de empresas turísticas en Cozumel, Quintana Roo; El grupo NKS en cual participa Marcelo Margáin; Factor Margen; el grupo Lobo Morales; Protecsa de aviación; Tubacero de Monterrey; cuyo dueño es Jaime Woldenberg; Grupo Salinas y Rocha, y la Minera Montemayor.
En el caso de los panistas, refirió que los hermanos de Fox fueron beneficiados con quitas de 86 por ciento de sus adeudos para reestructurar, por lo que se trata de tres millones de dólares que no pagaron y pasaron a deuda pública.
De igual forma, destacó que existen actas donde el gobernador de Nuevo León, Fernando Canales Clariond, firmó autorizaciones de créditos que en suma alcanzan un monto de cuatro mil millones de pesos, de los cuales algunos son autopréstamos, mientras que el asambleísta por el PAN en el DF, Arne Ruter tiene adeudos por crédito quirografiados que se renovaron por cinco años por un monto de tres millones de pesos.
La revelación de Dolores Padierna provocó varias acusaciones, pero la mayoría reaccionó negativamente dado que con esta lista no oficial se desprestigiaba el nombre de varias personas inocentes, dado que el estar en las listas del Fobaproa no significaba que hubieran delinquido.
Dispuesta a llegar hasta sus últimas consecuencias, la diputada perredista aceptó acudir ante la autoridad judicial y renunciar a su fueron constitucional con tal de dar a conocer los nombres de los políticos más encumbrados del país que participaron en el quebranto financiero y bancario.
Dijo que aún faltan muchos datos, nombres, cifras y fechas que no han salido a la luz pública y que se refieren a políticos muy poderosos que también se favorecieron del Fobaproa, por lo que esta controversia podría causar severos daños al sistema político mexicano y causaría una severa crisis en el país.
A sólo unas horas de que el IPAB diera a conocer su lista de diez nombres, el vicecoordinador del grupo parlamentario del PAN, Juan Miguel Alcántara Soria, indicó que sí habría sorpresas y reconoció que las empresas de la familia Fox formaban parte de ellas.
El diputado del PAN indicó que los priístas se iban a quedar esperando a que el IPAB mencionara a Fox, aunque aceptó que había empresas de sus hermanos y que también el candidato presidencial del PRI, Francisco Labastida, tendría que responder por lo que hace su hermano en Sinaloa.
No obstante, un día después el coordinador del grupo parlamentario del PAN en la Cámara baja, Carlos Medina Plascencia, indicó que no había muchas expectativas sobre las listas que entregaría el IPAB y en ello no debería importar cuáles nombres figuran en su contenido.
Adelantó que tanto él como la familia de Fox no aparecían en las listas del Fobaproa y que se analizaba la posibilidad de que, junto con el PRD y otros grupos parlamentarios de oposición, abrieran las listas a la opinión pública y se aclare quienes se beneficiaron del Fobaproa.
En medio de esta turbulencia, el presidente de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados informó que la Cámara de Diputados citó a comparecer a la Junta de Gobierno del IPAB para el miércoles 22 de marzo.
Pero las expectativas se derrumbaron cuando ante la insistencia del pleno de la Cámara de Diputados el secretario ejecutivo del IPAB, Vicente Corta, reveló que los 20 millones de pesos que Carlos Cabal Peniche entregó al PRI para financiar las campañas de Roberto Madrazo y Ernesto Zedillo fueron liquidados hace seis años.
Esta aseveración causó en San Lázaro toda clase de reacciones. Los perredista solicitaron al IPAB la entrega de los documentos que sustentan el pago que el PRI hizo a Banca Unión para finiquitar sus fideicomisos de campaña. El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar envió una carta al secretario ejecutivo del IPAB en la que solicitó los documentos que acreditan el pago de 20 millones de pesos obtenidos por el PRI para el financiamiento de las campañas de Madrazo y Cuéllar mediante diversas empresas canalizadoras.
“Estos documentos resultan indispensables y de carácter urgente, pues en el oficio 601-11-8872, expediente 7192 (C-163) de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), enviado al Banco Unión y con atención a Carlos Aguilar Villalobos, interventor general y con fecha 30 de diciembre de 1994, se determinó que el quebranto de los créditos de estas empresas canalizadoras y con ello provocó la quiebra de Banco Unión”, establece la carta.
El mismo día, la fracción del PAN en la Cámara de Diputados presentó un punto de acuerdo para que la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda entregue a los 500 diputados la lista completa de los créditos irregulares del Fobaproa.
Medina Plascencia, coordinador parlamentario del PAN, indicó que se analizará una posible sanción contra Corta y calificó su afirmación de que el PRI no debe nada como “la irresponsabilidad más grande que he escuchado… y un grado de cinismo cuando en reuniones privadas los vocales del IPAB han reconocido ese quebranto”.
Pero el titular del IPAB dejó abierta una interrogante que puede ocasionar una nueva tormenta política: ¿Quién pagó los cinco millones de dólares que le debía el PRI a Banco Unión? ¿Cuál es el origen de los recursos? ¿Fue legal una aportación de esa magnitud a un partido político?
Otro debate que se abrió entre los legisladores fue la conveniencia o no de abrir la información del disco de la auditoría de Mackey, propuesta de Medina Plascencia y avalada por la diputada del PRD, Dolores Padierna.
Hamdan, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, manifestó su oposición a tal acción, dado que existen alrededor de 19 mil operaciones del Fobaproa y es mínimo el porcentaje de irregularidades, por lo que a quienes se desea detectar es para aplicar todo el peso de la ley.
Explicó que ahora se deberá lograr un consenso para reunir las cinco claves que poseen los distintos partidos para abrir la información del disco de la auditoría de Mackey, a las que se deben accesar simultáneamente, pero reafirmó su postura de no dar su clave y "en todo caso yo se la daré a mi grupo parlamentario para que haga lo que quiera con ella y a mí me vale".
En la sesión se esperaba que el PAN y el PRD presentaran un punto de acuerdo para abrir la información de Mackey pero no lo hicieron, aunque el texto del documento fue difundido entre los representantes de los medios de comunicación.
La propuesta plantea que en un plazo no mayor de 10 días, la Cámara de Diputados y el pueblo de México tengan la información completa y detallada, y se pueda dar por concluida la auditoría ordenada al Fobaproa.
El coordinador del Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, Pablo Gómez, expuso que al posponerse su presentación el 23 de marzo ante el pleno legislativo se analizará la propuesta de punto de acuerdo, misma que se podría plantear en la sesión del martes 28 de marzo.
En tanto, el ex coordinador del PRI en la Cámara baja, Arturo Núñez Jiménez, aseguró que los diputados de oposición llevan a cabo presiones con los vocales de la Junta de Gobierno del IPAB para que cumplan con sus demandas y los han amenazado, de no cumplirles, con hacerlos sujetos de juicio político.
Nuñez Jiménez aclaró que estos funcionarios no pueden ser enjuiciados políticamente y en caso de violar la ley se les aplicaría la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
IV. EN BUSCA DE SOLUCIONES
La solución final del Fobaproa se decidirá en el Congreso, y obviamente determinará el futuro de México tanto en lo económico como en lo político. Ante ello, los diversos partidos tienen que evaluar los costos de su definición ante este caso, sobre todo frente a las elecciones del año 2000.
Prominentes representantes de la iniciativa privada se oponen y están presionando para impedir que sea modificado el secreto bancario. Argumentan el peligro de un desplome inminente en el mercado accionario y la posibilidad de que se ahuyenten las inversiones extranjeras.
Miguel Antonio Rubiano Reyna, integrante de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, anunció que no obstante todos los amagues, en 10 días se tendrá un primer borrador de la iniciativa de reformas al título sexto de la Ley de Instituciones de Crédito.
El propósito común es que se mantenga el secreto bancario para depósitos y ahorro y sea pública la información relativa a créditos en los que se utilicen recursos públicos.
En opinión del diputado y economista, el gran problema del rescate bancario no son los nombres de quienes obtuvieron créditos calificados como reportables (irregulares e ilegales). El problema es reducir lo más posible el costo fiscal mediante la venta de activos en poder del IPAB y devolución de créditos a los bancos, entre otras acciones.
Hasta ahora, Fauzi Hamdan, del PAN, y la diputada Dolores Padierna, del PRD, coinciden en que se debe insistir al PRI para que entregue su clave de acceso al informe Mackey y de este modo dar a conocer al país a los deudores que provocaron la quiebra de la banca mexicana.
Ante el rechazo del IPAB de hacer públicos los créditos irregulares del rescate bancario, el PAN y el PRD impulsarán, a través de un punto de acuerdo, su determinación de que la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda entregue los archivos clasificados.
Además, ante la insistencia que hay entre algunos sectores del sistema financiero y legislativo sobre la importancia de flexibilizar el llamado secreto bancario, en las próximas semanas será presentada al pleno de la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma al artículo 117 de la Ley de Instituciones de Créditos, pero con escasas posibilidades de ser aprobado ante la coyuntura política que vive México por la sucesión presidencial.
El grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados presentará ante la Junta de Coordinación Política una iniciativa para modificar el marco legal del secreto bancario, pero solicitarán que a cambio los panistas retiren su punto de acuerdo por el que piden que se hagan públicos todos los nombres y montos de las operaciones reportables del Fobaproa.
Los panistas proponen que se den a conocer todos los créditos, mientras que el PRI sugiere que se tenga acceso sólo a aquellos que recibieron apoyo con recursos públicos, como en el rescate bancario.
Coinciden en que no son comparables el interés de un intermediario financiero que quiere averiguar los riesgos que le representa a concesión de un crédito que el de las autoridades, las cuales buscan verificar las deudas de una compañía que pudiera estar bajo sospecha de lavar dinero.
Los perredistas aún no coinciden cuál de sus proyectos aprobar, uno coincide con el del PAN y otro con el del PRI, pero en estos momentos qué es lo más conveniente. ¿Cómo saber que estas propuestas realmente solucionarán el problema y no serán, como las anteriores, sólo una retocada más a un tema tan politizado como el Fobaproa?
Lo único real es la urgencia por conocer quiénes lucraron en el rescate bancario, transparentar el proceso para recobrar la tranquilidad y confianza en las instituciones y que el IPAB se desprenda de los activos para que la deuda global, de 800 mil millones de pesos, se reduzca lo más posible.
Y también es importante que se actúe con rapidez para que no se prescriban las responsabilidades de los deudores, dado que en la mayoría de las operaciones reportables, con cinco y seis años de antigüedad, los delitos considerados no graves están próximos de prescribir. De suceder complicaría enormemente la labor del IPAB para recuperar cartera vencida.
Actualmente las expectativas son de recobrar 20 centavos de cada peso
y con la prescripción de los delitos, ese porcentaje se reduciría
por lo menos a 50 por ciento, pero desgraciadamente, a dos años
de que el presidente Ernesto Zedillo enviara al Congreso de la Unión
la iniciativa para autorizar el rescate bancario, las expectativas son
muchas y las realidades pocas. ¿O no?
* Periodista.