EL NEOLIBERALISMO HA DESTRUIDO TEJIDOS SOCIALES FUNDAMENTALES
Rosario Robles *
Hoy México es más conocido por sus conflictos que por sus avances y posibilidades de futuro. Seguramente muchos de los presentes han oído hablar de la guerra en Chiapas o de masacres como la de Aguas Blancas o la de Acteal, de los escándalos de la familia del ex presidente Carlos Salinas o de los asesinatos políticos de Luis Donaldo Colosio y Francisco Ruiz Massieu. Pero pocos sabrán, tal vez, que en mi país florecen desde hace tiempo movimientos sociales y políticos de innumerables rostros que, a contracorriente de un gobierno y un partido político que ha detentado el poder en las últimas décadas, han logrado conquistas políticas fundamentales entre las que deben contarse, sin duda, el triunfo de las elecciones de 1997 para gobernar la capital y una de las ciudades más importantes del mundo.
En México, como en otras naciones de la Tierra, el neoliberalismo ha destruido tejidos sociales fundamentales, ha roto solidaridades populares profundas, ha secuestrado futuros y ha pretendido derrotar la esperanza. En los albores de este nuevo siglo, México es un país con una población dominantemente empobrecida en lo material y en sus conciencias. Según los más serios analistas, más del 70 por ciento de los mexicanos y mexicanas, no pueden satisfacer sus necesidades básicas y más de 20 millones viven en condiciones de extrema pobreza, sobre todo en las zonas rurales e indígenas.
En medio de esta polarización y fragmentación social, y de la exclusión de una parte significativa de la población, y también de la impunidad y de la corrupción, se han recrudecido la violencia, y la inseguridad en todo el país en los últimos años. En esa condición de deterioro, asumimos el gobierno de la capital desde diciembre de 1997, con la firme intención de recuperar las calles de manos de la delincuencia y de construir una ciudad para todos. La tarea no ha sido fácil, sobre todo porque en todo este proyecto alternativo y de cambio se han tendido toda clase de obstáculos.
Desde el poder federal se ha castigado económicamente a la ciudad. Se le ha excluido de los fondos de combate a la pobreza y se han recortado, de manera significativa, los recursos destinados precisamente a la seguridad pública.
No obstante, los resultados en seguridad son ya significativos, sobre todo si los comparamos con la situación que prevalecía en la Ciudad en pasadas administraciones, gobernadas por otros partidos. Durante ese periodo, se impulsaron políticas basadas en la mano dura y la militarización de los cuerpos policiacos, que lejos de abatir la inseguridad, la reprodujeron y alentaron: los índices delictivos se elevaron de 442 denuncias diarias en 1995 a 719 en 1997, lo que representó casi un 90 por ciento de crecimiento.
Privilegiar la mano dura no resolvió ni uno solo de los problemas estructurales antes mencionados: la corrupción creció y el autoritarismo tuvo su peor expresión en la impunidad de los cuerpos policiacos, que realizaban cateos sin mandamiento judicial. Detenían a personas por el simple hecho de considerarlas sospechosas, violentaban sitios de reunión para jóvenes, y realizaban operativos que fueron cuestionados duramente por la sociedad por considerar que violaban los derechos humanos más elementales. Los cuerpos policiaco-militares de elite se convirtieron en enemigos públicos de la sociedad y no en guardianes del orden y de la seguridad de las personas.
Con el ex gobernador de la ciudad de México, Cuauhtémoc Cárdenas, primero, y con el equipo que lo sustituimos después, pusimos en marcha una estrategia radicalmente diferente. Nos propusimos, en primer lugar, combatir la corrupción a partir de romper la complicidad de los cuerpos policiacos con el crimen organizado (más de 1500 servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal fueron removidos y algunos acusados penalmente); recuperamos el control sobre la policía auxiliar y bancaria cuyos mandos manejaban recursos sin ninguna fiscalización, y retiramos de la vía pública a todo personal que sin ser policía realizaba funciones de inspección asociadas, normalmente, a esquemas de corrupción. En segundo lugar, pusimos en marcha una política de reestructuración basada en el hecho tan simple de establecer órdenes de trabajo para cada policía y asignarlos a espacios territoriales perfectamente definidos.
Conjuntamente con ello, reforzamos la adquisición de equipo: tan sólo en este momento se licitaron más de 1500 nuevas patrullas, 8 helicópteros y casi 200 nuevas grúas serán asignadas a los lugares de mayor índice delictivo. Asimismo, asignamos a las mujeres policías la responsabilidad de cobrar las multas en lugares de mayor incidencia para combatir la extorsión y aplicar puntualmente el nuevo Reglamento de Tránsito.
En este proceso de reorganización, recuperamos el concepto de policía comunitario, asignándolo directamente a un barrio o colonia, para el mayor conocimiento y confianza de los vecinos y sobre todo para la vigilancia y el control ciudadano.
Paralelamente, establecimos operativos especiales para desmantelar bandas del crimen organizado, y disminuir los robos a bancos, transportistas y comercio establecido.
Conjuntamente con lo anterior, se estableció una estrategia de recuperación de los espacios públicos: parques, jardines, espacios deportivos o culturales que estaban abandonados y eran nido de delincuentes fueron rehabilitados y entregados a la comunidad.
Se inició un proceso de reordenamiento del comercio en vía pública, y por primera vez se establecieron mecanismos de coordinación metropolitana con los estados y municipios del área conurbada, en aspectos relacionados con la seguridad y la procuración de justicia.
La participación ciudadana en las tareas de prevención y de contraloría social de los cuerpos policiacos constituye, sin duda, el aspecto más relevante de esta estrategia. 542 comités ciudadanos para la prevención del delito se han constituido en las 120 colonias y 21 unidades habitacionales de mayor población e índice delictivo.
Más de 2 mil observadores ciudadanos, distribuidos en 660 zonas de patrullaje, realizan tareas de supervisión que garantizan el cumplimiento de las órdenes de trabajo de los cuerpos policiacos.
Esta participación ha dado magníficos resultados pues nadie mejor que los propios ciudadanos, muchos de ellos amas de casa cuyo mayor interés es la seguridad de sus familias y de su patrimonio, para verificar que se cumpla con las tareas asignadas, se lleven a cabo los patrullajes y rondines, se auxilie a la comunidad.
En el esquema de recuperación de las calles, se han impulsado cientos de eventos culturales masivos que han permitido ir ocupando poco a poco el espacio público, hasta hace un tiempo abandonado por el miedo y el temor.
En la plaza central, el Zócalo de la Ciudad, hemos congregado hasta un millón de personas en un solo día con un saldo absolutamente blanco, lo que indica que la recuperación de la convivencia ciudadana en un mecanismo acertado para combatir la violencia y la delincuencia.
Si bien falta mucho por hacer, los resultados hasta ahora han sido firmes y consistentes. De las 716 denuncias que se realizaban diariamente en 1997, se han disminuido a 450 en el último registro del mes de febrero. Basta para comparar con señales que si hubiera continuado la política anterior hoy estaríamos en 1000.
A partir del operativo especial para bancos, se logró abatir drásticamente este índice delictivo: en el primer trimestre de 1999 todavía se registraron 53 asaltos bancarios; de abril a diciembre del mismo año hubo tan sólo cinco, y en este primer trimestre del 2000 sólo ha habido dos asaltos de este tipo.
El robo a comercio establecido y a transportistas también ha bajado significativamente, al grado de que las organizaciones que agrupan a estos empresarios han reconocido públicamente los esfuerzos de un gobierno que hoy respaldan y que al principio, por su origen de izquierda, veían con preocupación.
Estos avances los hemos logrado contra viento y marea. Han sido posibles por la voluntad política del gobierno, por su independencia con relación a las redes tradicionales de complicidad e impunidad y, sobre todo, por la participación ciudadana. Sin embargo, en México no es posible pensar que la seguridad depende exclusivamente de estrategias policiacas.
Es fundamental desarrollar políticas públicas que la conciban en una perspectiva integral, asociada el ejercicio pleno de los derechos económicos y sociales, a la equidad y a la igualdad de oportunidades, y a nuevas formas de gobernar. Es indispensable también modificar en el ámbito nacional las políticas económicas excluyentes e inequitativas, y acabar con la impunidad y la corrupción que caracterizan al ejercicio del gobierno.
Se requiere igualmente construir un andamiaje y una visión de Estado que sea capaz de establecer relaciones institucionales más allá de las diferencias políticas, que acepte la alternancia y la convivencia con gobiernos opositores sin que esto signifique castigo a quienes con su voto optaron por el cambio.
Muchos mexicanos estamos empezando hoy en este esfuerzo democratizador.
Por lo pronto, más allá de los resultados electorales del
próximo 2 de julio, la Ciudad de México nunca más
será gobernada como antes. Nadie desea regresar a la ciudad-botín
y de la corrupción, patrimonio de unos cuantos. Muchos desean continuar
en esta ruta de una ciudad segura, saludable, sustentable, humana y en
paz. En la construcción de una ciudad para todos y todas, en la
consolidación de la capital de la esperanza.
* Jefa de gobierno del Distrito Federal; discurso de la autora en la Cumbre de Alcaldes del Mundo, París 16-17 de marzo de 2000.