CREACIÓN DE POLÍTICAS ALTERNATIVAS A LOS EFECTOS DE LOS MODELOS ECONÓMICOS GENERADORES DE LA POBREZA
Rosario Robles *
Las últimas décadas del siglo XX aportan a la fisonomía latinoamericana, el reto de las grandes concentraciones humanas que muestran una desigualdad creciente. Hoy lo que tenemos son islas de estabilidad rodeadas por mares de turbulencia, sociedades segmentadas, divididas y con frecuencia obligadas a construir sus propias murallas.
Nuestras ciudades acuden así a la nueva cita con la globalización. Desde sus riquezas concentradas y sus desigualdades mayoritarias se preparan par aprovechar y defenderse de la nueva expansión de la modernidad. Pero cómo mantenerse al ritmo de las innovaciones tecnológicas para aprovechar nuestras identidades culturales y ganar con ellas oportunidades y a la vez como defenderse de los efectos sociales de privatizaciones y expansiones del mercado realizados sin criterios de equidad; si defensa de las redes sociales que acaban arrojando saldos negativos en la convivencia diaria, en otras palabras cómo hacer para que nuestras ciudades no queden sujetas al monólogo imperativo de este alud de cambios y logren establecer otra vez un diálogo fecundo. Nuestra experiencia desde la ciudad de México nos permite compartir con ustedes dos grandes problemas. Por un lado cómo hacer oír en este concierto mundial la voz de nuestros ciudadanos y por el otro, si estas voces locales pueden confluir en acuerdos y reglas internacionales que regulen el nuevo diálogo del mundo a favor de la equidad.
En el contexto de esta globalización implacable que impone criterios de eficiencia, eficacia, innovación y apertura de mercados, ¿es posible que nuestras ciudades expresen un orden propio de prioridades que permita avanzar en la democracia y la inclusión, por ello perder la oportunidad de favorecerse con esta nueva ola de modernidad?.
Sabemos bien, por experiencia directa y por enseñanza de la historia, que establecer un orden propio de prioridades, un diseño propio de futuro, sólo es posible si existe legitimidad en los gobierno y si se reconoce la voz de la sociedad y sus prioridades cotidianas. Saber escuchar es la gran prueba de la democracia. Por ello, el primer y gran problema que tienen que resolver los gobiernos legítimos y democráticos es el de establecer una nueva relación con la sociedad, donde elecciones limpias, un orden jurídico e institucional democrático y numerosos canales de participación ciudadana sean asuntos fundamentales para abrir grandes avenidas por las que transite esta voz, la voz de los ciudadanos.
Por ello el generar un orden propio de prioridades requiere de un sólido entremando de instituciones claramente democráticas, la efectiva separación de poderes, un pacto federal que otorgue atribuciones y presupuestos precisos a todos los órdenes de gobierno, la descentralización creciente de facultades, el fortalecimiento de los gobiernos locales y, sobre todo, a lo largo y a lo ancho de ese entremando de instituciones, instancias adecuadas para la participación ciudadana.
Las instituciones democráticas, vistas no como exigencia internacional, sino como garantía y expresión de los proyectos e intereses locales, son piezas centrales en la consolidación de nuestras autonomías justo en el momento en que las fuerzas integradoras de la globalización puedan afectarlas. Por ello, en la ciudad de México hemos impulsado una reforma política integral para nuestra gran ciudad, que contempla no sólo la definición de sus poderes locales, la descentralización creciente, que apunta hacia la futura configuración de poderes locales municipales sino, además, instancias diversas como los consejos y comités vecinales e instrumentos como el plebiscito y el referéndum para que se exprese la voluntad ciudadana.
En segundo lugar, para rehabilitar el diálogo con el mundo necesitamos que el interés prioritario por nuestros pueblos, brújula ética y política para enfrentar los retos de nuestras ciudades en este nuevo contexto, nos conduzca a refundar la responsabilidad social del Estado. Se trata, por un lado, de reconocer que nuestras sociedades están en riesgo de fracturas internas por la pérdida de tejidos e identidades, que hay una riqueza de ciudadanos organizados con demandas sociales y una tradición histórica de derechos sociales conquistados. Y por otro lado, se requiere reconocer que esta responsabilidad social debe abarcar al conjunto de las acciones del Estado a la vez que avanza en otro diseño más actual y eficaz de política social.
En la ciudad de México, a manera de referencia, hemos avanzado en la definición de una política social integral, respetuosa de los derechos sociales y que no sea paliativo de políticas que producen la reducción de ingresos y empleos, sino una política social acompañante de las medidas económicas expansivas. Nos preocupamos por servicios y coberturas universales y por atender a grupos específicos con necesidades muy especiales. Hemos creado instrumentos como el sistema de Servicios Comunitarios Integrados (SECOI) que se propone atender a colonias, barrios y pueblos que comparten un mismo territorio, ofreciendo servicios diversos y desde una perspectiva integral. Pero nuestra preocupación por la equidad también recorre otros espacios de las políticas públicas. En las finanzas introdujimos criterios de equidad en la recaudación de impuestos y en pago de tarifas por servicios, y en los egresos hemos destinado recursos creciente para el fomento de la equidad. También avanzamos en un marco jurídico que fortalezca una ciudadanía social, corresponsable, es decir, en el reconocimiento jurídico de derechos sociales cada vez más específicos. Y hemos puesto especial énfasis en la reconstrucción del tejido social y en los valores y las identidades que tenemos como comunidad y en la creación de una nueva convivencia ciudadana basados en los conceptos de tolerancia y respeto a la diversidad.
En tercer lugar, requerimos de multiplicar y fortalecer muchas instancias de participación y decisión cotidiana para nuestros ciudadanos.
Permítanme regresar a algunos de los problemas antes mencionados: si las voces locales de nuestras ciudades pueden confluir en acuerdos y reglas internacionales que regulen el nuevo diálogo del mundo a favor de la equidad ¿Podremos incidir en una definición de acuerdos para regular esta globalización a favor de nuestros pueblos?.
En los últimos años hemos visto como gana un mayor espacio en las agendas de los gobierno de las ciudades esta preocupación por lograr un punto de equilibrio entre fomento al mercado y fomento a la equidad. En sucesivas reuniones, las agendas de las ciudades exploran temáticas sobre equidad y género, apoyo a grupos vulnerables, esquemas de colaboración con el sector privado y de organismos no gubernamentales para atacar el grave rezago social, pautas de colaboración con los ciudadanos para mejorar servicios y ampliar coberturas de asistencia.
Por todo ello requerimos reglas claras para un nuevo orden internacional. Y estas reglas precisas no brotan espontáneas de libre juego de las fuerzas del mercado; requieren del retorno de la política, de la proliferación de espacios de negociación y acuerdo, de la regeneración de nuestras instituciones democráticas en las ciudades y en los Estados nacionales. La sede primera de la elaboración de los acuerdos sobre reglas y leyes sigue siendo, incluso en el plano internacional, el Estado nacional. Pero también lo son los gobierno locales y esta novedosa dinámica de acuerdos entre ciudades que se hermanan. Requerimos entonces de la regeneración de la polís, de los espacios locales nacionales e internacionales donde se delibere y acuerde; requerimos de verdaderas sedes de la deliberación política y, en consecuencia, la sede inicial de la legitimidad que sólo éstos pueden conceder, independientemente del sistema político de que se trate, a reglas y leyes de valor universal e iguales para todos. De ahí nacerán las nuevas reglas y leyes que impidan el predominio de la ley del más fuerte.
El tema que nos convoca, la creación de políticas alternativas a los efectos de los modelos económicos generadores de la pobreza, es esencial para rehacer nuestra forma de inserción en el mundo globalizado.
La experiencia de la ciudad de México plantea tres ámbitos de construcción de políticas que pueden confluir en la formulación de modelos económicos que no generen pobreza, sino que promuevan la equidad. En apretado resumen proponemos; la equidad necesita de una nueva relación con la sociedad para que los gobiernos sean guiados por las prioridades cotidianas de nuestros pueblos y por su voluntad diaria de participación, exige de políticas de gobierno que desde sus respectivos ámbitos promuevan la equidad; requiere de nuevas políticas sociales, integrales, universales y diferenciadas, enlazadas a modelos de crecimiento con igualdad de oportunidades para todos y todas. Todo ello es una posibilidad abierta si podemos trascender la falsa idea de que la democracia se reduce a la alternancia y se olvida la voz y la esperanza del pueblo; si vamos más allá de combatir los meros efectos de modelos que reproducen la desigualdad y la idea de que la equidad puede ser sólo una política sectorial, y no una voluntad que atraviese a todas las políticas del Estado.
Dicho de otra manera, esta es la hora en que se abre un horizonte de
oportunidad para nuestros pueblos si el poder público se ejerce
desde la perspectiva de la ida e intereses de los pobres y de la mayoría
de la población que genera este mismo modelo económico que
estamos combatiendo. Afortunadamente, tenemos la palabra muchos de estos
gobierno que están guiados por este proyecto de esperanza.
* Jefa de gobierno del Distrito Federal; intervención de la autora en la mesa redonda "Políticas alternativas aplicadas en las ciudades de la región a raíz del impacto de los modelos económicos generadores de pobreza". Montevideo, Uruguay, 13 de julio de 2000.