¿CONTINÚA SIENDO GUATEMALA UN PAÍS DE DESAPARECIDOS?
Sonia Toledo *
Las desapariciones forzadas constituyen un delito de lesa humanidad, atentan contra el derecho a la vida, a la libertad, seguridad e integridad personal, así como la negación del derecho al debido proceso, principios contemplados en la normativa nacional y de la comunidad internacional.
El débil Estado guatemalteco, ante su incapacidad de fortalecerse legal y legítimamente, ha recurrido al uso de la fuerza para someter a la población. Históricamente ha estado ligado grupos de poder paralelos que en el presente constituyen bloques de poder capaces de disputarse las cuotas de dominio con los bloques de poder capaces de disputarse las cuotas de dominio con los bloques que tradicionalmente habían mantenido la hegemonía.
La psicopatología de los grupos de poder que han hecho uso del Estad, directo o indirecto, se alternan entre neurosis y psicosis de dominio. La ruptura de los parámetros legales y éticos por parte de los bloques de poder en el estado guatemalteco, llegaron a extremos de perfección de la tortura, con la práctica de las desapariciones forzadas.
¿Quién quiere dar continuidad a dichas prácticas en la Guatemala de hoy? ¿Los tan famosos grupos paralelos en compadrazgo con el actual gobierno? ¿Por qué el gobierno no hace nada para que nuestra compañera Mayra Gutiérrez aparezca? ¿No quiere o no puede?
Las desapariciones forzadas afectan no sólo a sus víctimas directas, sino también a sus familias, a los grupos a los que pertenecen y también al conjunto de la sociedad, incluidos los victimarios. Dichas desapariciones dificultan asumir la contradicción entre el dolor desgarrado y la realidad, no permite el conocimiento directo o la información adecuada de la situación de la víctima. Dificulta sobremanera la superación del duelo por parte de las personas ligadas a las personas desaparecidas.
El daño que se le hace a la población no sólo está presente en los damnificados directos y sus familiares, sino también en la población en general, que revive traumas psicosociales supuestamente superados y que nos aleja nuevamente de la posibilidad de vivir en paz y de nuestros sueños de vivir en un país democrático.
No es posible sobreponerse a la adversidad, acción necesaria para la reparación psicosocial, si evadimos nuestra historia, si tratamos de esquivarla creyendo que las desapariciones son prácticas del pasado; no pueden serlo mientras los responsables de dichas prácticas anden impunes, ocupen puestos en funciones del Estado y ni siquiera tengan nuestra pública sanción moral.
Si hacer desaparecer fue un mecanismo de Estado y hoy existe la amenaza de que el Estado tolere dichas prácticas, hacer reaparecer es la tarea de la reestructuración social. Implica levantar represiones en la esfera individual y social; unir esfuerzos por los derechos humanos, por la justicia y lucha contra la impunidad, a fin de crear espacios que permitan la solidaridad social, como único mecanismo efectivo para detener un retorno a las prácticas de terror del pasado reciente.
Tenemos, entonces, la tarea de proponer e impulsar leyes que reduzcan las posibilidades de polarización en injusticia social, ideales y reglas de convivencia comunitaria que nos permita crear vínculos más humanos y obtener placer en las relaciones solidarias sin las cuales la felicidad se vuelve escurridiza.
Hoy la solidaridad toma el nombre de Mayra, pero vista no como un hecho aislado, sino parte de una serie de otras violaciones al derecho a la vida y la paz de la ciudadanía guatemalteca, que bloques de poder con tolerancia gubernamental, realizan con el objetivo de medir la respuesta y niveles de organización social a fin de adecuar el uso de la fuerza en el control de la población y satisfacción de su neurosis ¿o psicosis? .de dominio.
La psicopaptología del poder sólo se combate con solidaridad social, capaz de reparar psicosocialmente a la población y darle la fuerza colectiva y la seguridad suficiente para no permitir más que los psicópatas y sociópatas en el poder del Estado, en matrimonio de conveniencia con poderes paralelos, sigan negándonos el derecho a la vida, a una vida digna sin violencia estructural, política, delincuencial y familiar.
La solidaridad con Mayra platea el problema de la responsabilidad social como actitud personal y colectiva, como obligación moral que se tienen respecto a los demás miembros de la sociedad en lo concerniente a las consecuencias de las propias acciones sobre el bien común.
¿Qué hacer? Trabajar solidariamente para construir un poder solidario que permita contrarrestar el poder perverso y destructivo que amenaza nuestra salud mental y el derecho a la felicidad. Aprendemos a manejar nuestro miedo, a combatir el fatalismo y la indiferencia a nuestro alrededor y a veces en nosotras/os mismas/os.
Recuerden una frase muy hermosa que dice que ante todo tratemos de ser
capaces de sentir cualquier injusticia, cometida contra cualquier parte
del mundo. Vale la pena intentarlo, nuestra calidad de humanos/as está
en juego.
* Integrante de la Asociación "Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala".