¿JUSTICIA UNIVERSAL?
Marta Vedio *
En un Madrid frío y lluvioso, pero con el entusiasmo de más de un centenar de delegados de América y Europa, se llevó a cabo el I Encuentro Internacional Derechos Humanos y Justicia Universal, organizado por la Asociación Argentina Pro Derechos Humanos de Madrid.
En la apertura, Rigoberta Menchú Tum abogó por una justicia justa, declarando que no había un genocidio mayor que otro y que el compromiso de los luchadores debe ser que no se produzca nunca más en ningún lugar del mundo. En ese panel también se escucho acerca del padecimiento de los pueblos colombiano y kurdo.
Los siguiente paneles, con temas más jurídicos, se destacaron por su elevado nivel no solo técnico, sino también político. Muchos de los juristas participantes son también luchadores populares y aun los que llegaron más por su trayectoria académica demostraron claridad en el análisis de los hechos.
Particular interés despertó la exposición del brasileño Juárez Tavares, con un pormenorizado estudio acerca del sujeto pasivo (o sea los grupos victimizados) en el delito de genocidio.
En el mismo panel, Joan Garces, abogado de la querella contra el dictador Augusto Pinochet en Madrid, opinó que las guerras por la hegemonía internacional son incompatibles con el desarrollo del derecho internacional. Por esa razón hubo un salto cualitativo desde el final de la segunda guerra hasta 1948 y luego a partir de 1990. Y llamo a aprovechar estas "ventanas de oportunidad".
En el comienzo del segundo día de deliberaciones, el fiscal argentino Eduardo Freiler reseñó la legislación existente en materia de jurisdicción universal en América Latina. El fiscal italiano Eduardo Freiler se refirió a la cuestión en Italia y Carlos Slepoy lo hizo con respecto a España. Destaco Slepoy que el Tribunal Penal Internacional es una conquista importante, pero para conseguir la justicia que queremos falta todavía mucho camino por recorrer.
Sostuvo Slepoy que la jurisdicción universal es una jurisdicción territorial: el territorio de aplicación es el mundo entero.
Eduardo Salerno es un abogado argentino que representa a la Fundación Rigoberta Menchú. En su exposición relató que la querella presentada en los tribunales españoles por el genocidio guatemalteco fue rechazada porque según la Audiencia Nacional todavía existe la posibilidad teórica de que los genocidas sean juzgados en Guatemala. A continuación demostró con hechos concretos que esa posibilidad no existe, ya que la investigación de crímenes es sistemáticamente impedida o saboteada, se roban las pruebas, se asesina a los investigadores, y se hace cuanto es necesario para detenerlas. Como una prueba viviente estaba presente en la sala Henry Monroy, abogado guatemalteco, ex juez del caso del asesinato del Obispo Juan Gerardi, quien se exilió en Canadá después de intentar llevar a cabo una investigación imparcial. Monroy denunció que ocho abogados han sido asesinados en Guatemala en los últimos sesenta días.
Hugo Gutiérrez, abogado chileno que sostiene una larga lucha junto a los organismos de derechos humanos por encarcelar a los genocidas en aquel país, relato los grandes avances jurisprudenciales que se produjeron en los últimos tiempos.
Más adelante escuchamos a Carlos Castresana, de la Unión de Fiscales Progresistas, quien radicara la denuncia inicial contra el genocidio argentino, conmovido por las movilizaciones de los veinte años del golpe. "Nos salió una denuncia porque somos fiscales; si hubiéramos sido músicos progresistas nos hubiera salido una sinfonía", aseguró.
Pero posiblemente la intervención más esperada del sábado fue la de Jesús Luna Altamirano, el juez mexicano que concedió la extradición de Ricardo Cavallo, alias Marcelo, alias Sérpico. Luna señaló: "La determinación judicial que emitió su servidor el 12 de febrero del año en curso, que días posteriores fue ratificada por el gobierno mexicano y que está en estado de proceso no es un éxito de Baltasar Garzón ni de este humilde servidor. Es un éxito de todos ustedes, de las Madres, de las Abuelas, de las organizaciones que junto a todos los familiares han tocado puertas y puertas a lo largo de veinticinco años hasta que se les ha venido a hacer justicia".
Luna desarrolló su visión sobre la cuestión de la jurisdicción universal y opinó que el principio de extraterritorialidad debe ser aplicado en todos los países miembros de los distintos convenios. El principio es que los delitos deben sancionarse en el lugar donde se cometieron. ¿Pero qué sucede cuándo existen obstáculos que impiden que se lleve a cabo un procedimiento para que sea juzgado un presunto autor?
En el caso argentino, que las leyes de Punto Final y Obediencia Debida sancionadas durante el gobierno de Raúl Alfonsín, exoneran a quienes estuvieron en la ESMA, a quienes cometieron delitos de lesa humanidad. Argentina no estaba cumpliendo con la Convención contra el delito de Genocidio.
Luna formuló luego un interrogante: "¿Por qué España es el único país al que hay que recurrir, si hay muchísimos países cuya legislación interna prevé la jurisdicción extraterritorial?"
A juicio del magistrado mexicano, la perspectiva de futuro para la cuestión
de la justicia universal es que la decisión en el caso Cavallo
sirva de ejemplo a aquellas naciones que respetuosas de los derechos fundamentales
del ser humano acaten, respeten los tratados multilaterales. Luna apuntó
que "yo me uno a ustedes y por esa decisión que tomé me siento
satisfecho y orgulloso de pertenecer al Poder Judicial mexicano, que amo
y respeto".
* Secretaria Jurídica de la Asociación Argentina Pro Derechos Humanos de Madrid en La Plata, Argentina, y colaboradora de la Agencia Latinoamericana de Información.