DESAFÍO A LA IMPUNIDAD MILITAR
Dafne Sabanes Plou *
En un fallo que se considera histórico, el juez federal Gabriel Cavallo acaba de dictar la invalidez, la inconstitucionalidad y la nulidad de las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida, que aprobadas por el Congreso Nacional en 1987, impidieron que se continuaran los juicios a los militares involucrados en la represión durante la dictadura militar que gobernó la Argentina bajo el terror, entre 1976 y 1983.
Con una excelente fundamentación, que abarca casi 200 fojas, Cavallo dio a conocer este fallo con el cual pueden volver a considerarse las actuaciones de 1180 miembros de las fuerzas de seguridad acusados de torturas, fusilamientos clandestinos y masacres de prisioneros políticos. Serían posibles de ser juzgados conocidos represores como el ex marino Alfredo Astiz, condenado en Francia por el secuestro y muerte de las monjas Alice Domon y Leonie Duquet y hasta el propio jefe actual del Ejército Argentino, el teniente general Ricardo Brizola. Este militar podría estar e implicado en la masacre de Margarita Belén, ocurrida en el interior del país en 1976, cuando fueron torturados y fusilados 21 presos políticos que se suponía que el Ejército estaba trasladando de una cárcel a otra. Los informes oficiales de la época culparon a los prisioneros de un intento de fuga, pero diversos testimonios recogidos por la Comisión sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), dieron cuenta de este horrible hecho, en el cual los prisioneros fueron torturados salvajemente hasta la agonía.
Este fallo judicial encuentra al frente del Ministerio de Defensa a Horacio Jaunarena, miembro de la Unión Cívica Radical, que tenía a su cargo esta cartera cuando se dictaron las leyes que favorecieron la impunidad. En ese entonces, el gobierno del presidente Alfonsín adujo la necesidad de estas leyes como parte de su responsabilidad ética para acabar con la posibilidad de un nuevo golpe militar. La presión de las fuerzas armadas con la asonada ocurrida durante las Pascuas de 1987 había puesto en peligro la estabilidad de la muy reciente democracia y esto justificó la sanción de estas leyes. Casi quince años después, y a poco de recordarse los 25 años del golpe militar, las organizaciones de derechos humanos y la población en general celebran que finalmente los culpables de las violaciones a los derechos humanos sean juzgados. En una encuesta publicada el domingo último por el matutino Clarín, el de mayor circulación en el país, el 78 por ciento de los consultados manifestó su acuerdo con la anulación de estas leyes y el reinicio de los juicios a los militares.
Ya comenzaron a escucharse las opiniones contrarias a este fallo y de los que nunca creen que algo positivo pueda ocurrir en Argentina. Los primeros, hablan de que no es conveniente volver en el tiempo ni abrir viejas heridas ni crear un clima de inseguridad en las fuerzas armadas, y los segundos aducen que todavía faltan los resultados de las instancias de apelación a las que seguramente recurrirán los militares acusados y que es probable que no acepten este fallo. En cuanto a lo primero, si bien en 1987 se daba el caso de que 9 de cada 10 militares en actividad habían cumplido funciones durante la dictadura, ahora la cifra es al revés. La mayoría de los represores están retirados o han fallecido. Su poder político es mucho menor y hasta el propio jefe de las fuerzas armadas durante el gobierno de Carlos Menem, teniente general Balza, declaró a los medios que veía el fallo como una buena medida para quitarle de una vez por todas a estas fuerzas el estigma de que todos sus miembros fueron represores. Según Balza, esto ayudaría a limpiar la imagen institucional y llevaría tranquilidad a las nuevas camadas de oficiales. En lo segundo, las instancias de apelación podrían abrirse a un cambio. La presión internacional y los fallos de tribunales en países extranjeros contra represores argentinos podrían constituirse en antecedentes importantes. También lo es el caso del ex dictador Augusto Pinochet y las investigaciones judiciales que se vienen realizando en otros países, como Italia, España, Alemania y Francia, sobre la situación de los detenidos desaparecidos de ese origen o de doble nacionalidad. El juez español Baltasar Garzón está por pedir el enjuiciamiento de 48 militares argentinos y el embargo de sus bienes y este nuevo dictamen de la justicia argentina alienta las posibilidades de avanzar en su cometido.
¿Fin de la impunidad?
La esperanza de todos aquellos que han estado involucrados durante 25 años en la lucha por el respeto a los derechos humanos en Argentina es que a partir de este fallo comience a ponerse fin a la impunidad que rige en el país. Los que participaron en la represión serían juzgados y, además, se pondría coto a las violaciones a los derechos humanos que comenten miembros de las fuerzas de seguridad. Mucha de la violencia policial y de la mala actuación de la policía que se registra a diario se debe a que las fuerzas de seguridad permanecen "intocables" y existen muchos atropellos, sobre todo para con la población humilde y los sectores populares, que seguramente dejarían de cometerse si sus miembros enfrentaran la posibilidad de ser castigados. Los informes de organismos de derechos humanos tanto locales como internacionales continúan denunciando el uso de la tortura en comisarías y centros de detención contra los sospechosos de delitos o los presos comunes. Esta práctica podría erradicarse si los tribunales de justicia comenzaran a juzgar y a encarcelar a los responsables de estas violaciones. Quizás el fallo de Cavallo siente un precedente para que esto ocurra.
Este paso adelante en materia de derechos humanos se une a las investigaciones que está realizando un grupo de diputados por el lavado de dinero y el enriquecimiento ilícito de muchos funcionarios, jueces, banqueros y empresarios durante la última década. Estas investigaciones también dan lugar a la posibilidad de que muchas de estas personas deban enfrentar a la justicia por hechos de corrupción, evasión de impuestos, negociados clandestinos y narcotráfico. Si esto fuera así, también se terminaría con la impunidad de un sector que siempre permaneció intocable y ligado al poder de turno, mientras la ciudadanía sufre los continuos ajustes, el desempleo y la recesión porque se vacían empresas y se roban los fondos públicos para realizar inversiones en la banca off shore sin inconvenientes ni controles internos.
Como señala el periodista Horacio Vertbisky, presidente
del organismo de derechos humanos Centro de Estudios Legales y Sociales,
estos avances "son vitales para construir sobre bases sólidas la
democracia del siglo XXI, para que vivamos en una República y no
como rehenes de diversas mafias que se ríen de la ley porque se
sienten fuera de su alcance".
* Colaboradora de la Agencia Latinoamericana de Información.