DELITO Y PODER: CÍRCULO PERVERSO
Cuando se habla de delincuentes y poder público no siempre la mente asocia las dos figuras de acuerdo con los términos formales del derecho, y menos en un país donde el grado de impunidad "por lo menos hasta el sexenio pasado" llega al 97 por ciento, de acuerdo con las cifras del ex secretario de Gobernación, Francisco Labastida Ochoa.
Para bien o para mal, siempre se dan asociaciones entre esos dos grupos. Por ejemplos, el atentado que sufrió a principios de este año el gobernador de Chihuahua, Patricio Martínez, se atribuye, en ejercicio pleno de sospecha razonable, a la mafia de los narcotraficantes, que a su vez estaba asociada o en plena complicidad con la Delegación de la Procuraduría General de la República, la que renovó todo su personal, por instrucciones del procurador Rafael Macedo de la Concha.
A principios de la década de los 80, jamás en las historias del país se habían sucitado escándalos de tal magnitud en los que se acusaba o por lo menos se tenían indicios de que altos funcionarios de los tres niveles de gobierno "municipal, estatal y federa" se mostraban o indiferentes o complacientes con las mafias delictivas. Fue en aquellos tiempos cuando varios influyentes diarios estadounidenses relacionaban, por ejemplo, a varios gobernadores, secretarios de Estado y hasta algunos militares de alto rango con capos de las mafias y no siempre las acusaciones tenían fundamento, aunque otras lo tuvieran. Lo curioso de esa década y la posterior fue que la mano de la justicia no alcanzó a la mayor parte de las grandes cabezas.
Un ejemplo de clara impunidad y complicidad entre poder y narcotraficantes fue José Zorrilla Martínez "preso por el asesinato del periodista Manuel Buendía, quien firmó la credencial de Rafael Caro Quintero como miembro activo de la Dirección Federal de Seguridad, jamás fue acusado de ningún delito contra la salud en ninguna modalidad. Caro Quintero purga una condena por el asesinato del agente norteamericano antidrogas, Enrique Camarena.
Nombres de distinguidos políticos, como Carlos Hank González, Guillermo Cosío Vidaurri, Juan Arévalo Gardoqui, Manuel Bartlett, Fernando Gutiérrez Barrios, Arturo Durazo Moreno, Fernando Baeza Meléndez, Javier García Paniagua, Javier Coello Trejo, Manlio Fabio Beltrones, Enrique Alvarez del Castillo, hasta Raúl Salinas de Gortari, Mario Ruiz Massieu, José Córdova Montoya y otros de no menos nivel de poder, han desfilado por los tribunales estadounidneses citados o bien por testigos "protegidos" (a quienes generalmente se les paga por incluir los nombres de personajes que les interesa "quemar" o simplemente aparecen citados por medios de comunicación a quienes se les filtra desde los sótanos del poder para debilitar al gobierno mexicano cuando existe alguna negociación en puerta.
Sin embargo, la relación delicuentes-funcionarios públicos no se da sólo en el terreno del narcotráfico, sino también en otro tipo de delitos. Por ejemplo, aún recae sobre el ex secretario de Hacienda Pedro Aspe Armella la sospecha de haber permitido maniobrar a su antojo al banquero Carlos Cabal Peniche y a otros que acabaron endosando sus fraudes "generalmente, se dice, autopréstamos para compras de bienes inmuebles en el extranjero y luego declararse insolventes para que llegara el rescate" al Fobaproa.
Al ex gobernador Jorge Carrillo Olea se le asoció públicamente con bandas de secuestradores que acumularon fortunas obscenas producto de sus delitos, aunque jamás ni se le comprobó nada ni se le formó juicio alguno.
Francisco Labastida ha dicho que la mayor parte de los delincuentes de la alta escuela no actúan si no cuentan con la complicidad de autoridades del primer nivel.
Todo esto, a propósito de la reciente detención del ex gobernador Mario Villanueva Madrid, nos da una idea clara: que si el gobierno desea verdaderamente combatir el delito y a sus autores, es necesario buscar primero a sus protectores.
Insistimos, no todos los casos citados arriba pudieron ser complices
de los mafiosos, pero resulta más que sospechoso que aqí
ni siquiera sean motivo de investigación "discreta". Cayó
un ex gobernador, pero cuántos andan sueltos, cuántos aún
despachan en las sedes del poder. Vale la pena reflexionar sobre el particular.
* Periodista.