CAMBIOS QUE CAMBIARÁN
Gustavo Adolfo Morales *
La fortaleza del movimiento campesino indígena de septiembre y octubre de 2000, estuvo marcada por cuatro condiciones fundamentales: la presencia de los cocaleros en el Chaparé bloqueando un sector importante para el desarrollo de la economía del país; la presencia de la coordinadora del agua en Cochabamba, reclamando el derecho soberano sobre este recurso por parte de la población; la incapacidad de un gobierno sin propuestas e iniciativas y que había perdido autoridad frente a la ciudadanía.
El cuarto y quizás el elemento más importante fue la preparación que se había hecho del bloqueo, la presencia de los dirigentes nacionales en diferentes eventos provinciales y departamentales, aseguraron la masiva presencia de los comunarios en los caminos, adicionalmente esta la presencia de las consignas de septiembre y octubre: defensa de los recursos naturales como el agua y el temor a pagar impuestos, además de la disputa por la propiedad de la tierra en las comunidades.
¿Cambiaron estas condiciones? ¿Se fortalecieron algunos de ellos o no?.
Son preguntas que flotan en estos días, cuando tenemos el bloqueo de caminos aislado en las provincias Los Andes, Omasuyos y los del norte del departamento de La Paz, y esporádicos bloqueos en la provincia Ingavi.
Ciertamente la nueva dirigencia nacional campesina, elegida en el congreso de Abril en La Paz, no preparó el bloqueo del 1 de Mayo, por lo tanto decidió suspenderlo por 30 días para el 1 de junio, tiempo en el que debían realizar diferentes actividades y bajar a las bases, tampoco se cumplió y el bloqueo llegó producto de la torpeza de un gobierno que no tiene la más mínima relación de sus actos con las acciones que pueden tomar y tener impacto en la realidad de este país.
Lanzada la convocatoria del bloqueo, la respuesta no se dejó esperar entre una dirección nacional dividida en diferentes intereses personales y partidarios, la presencia de partidos políticos de la actual gestión. Las comunidades respondieron: bloqueo total en las provincias Omasuyos, Camacho, repercusión en las provincias Larecaja, Bautista Saavedra, Muñecas, Franz Tamayo y otras del norte.
De aquella gran movilización de septiembre y octubre, hoy, los cocaleros no están en posición de iniciar una bloqueo de esas dimensiones, la coordinadora del agua baila la responsabilidad de dirigir la institución central del agua en Cochabamba, a lo que se tiene la oposición abierta de muchas provinciales del altiplano paceño e incluso sectores en el mismo interior de la provincia Omasuyos, a las propuestas del sector de Felipe Quispe.
A pesar de las condiciones aparentemente adversas, existe el bloqueo de caminos, en parte, pero existe. ¿Qué mueve ahora a las bases al bloqueo de caminos? Si no se tiene un pliego petitorio inicial, se fue elaborando en el proceso, los problemas de dirigentes, en las carreteras se van formando los comités de bloqueos, las asambleas en las secciones municipales y la gran asamblea de más de 5 000 campesinos que llegaron desde diferentes comunidades, especialmente de Ancoraimes, segunda sección municipal de Omasuyos, a Achacachi el sábado 7 de julio, están mostrando otras expectativas y otras realidades.
Como en septiembre y octubre, muchas poblaciones están quedando en manos de los campesinos, las autoridades "legales" no tienen vigencia, las policiales han desaparecido, las municipales se han plegado a las acciones de los comunarios, las educativas tienen muchos problemas para poder lanzar convocatoria alguna. Entonces, estamos viviendo en un momento de la toma en los hechos, de los espacios de poder, de decisión que otorga la legalidad, pero a través de la fuerza.
En este avance de la toma de espacios de poder, se ven también dos tendencias: la propuesta de los de Omasuyos que toman en los hechos y sin ninguna consulta los retenes policiales, las alcaldías, las sedes de autoridades políticas y administrativas, a las cuales las desconocen y toman de facto los "destinos" de la realidad en las comunidades del altiplano. Y, por otro lado, está la lucha de las autoridades originarias de las diferentes provincias del occidente del país, que prefieren ir por el camino de la concertación, del dialogo, de las actitudes de "cooptación" de autoridades. Entonces los Mallku visten de Mallku al presidente de la cámara de diputados y otras autoridades en busca de conseguir los beneficios como el reconocimiento como municipio, el apoyo a las demandas de TCOs. En esta tendencia se encuentran sobre todo las autoridades originarias de las provincias Pacajes, Ingavi y Gualberto Villarroel.
Estas dos tendencias tienen hoy plena vigencia y están en disputa desde las comunidades hasta los niveles superiores de las organizaciones.
En las disputas por la toma de espacios de poder con métodos diferentes y hasta antagónicos, tienen también que ver con la perspectiva de las organizaciones que se tienen en las comunidades, la propuesta sindical que en la actualidad tiene mayores recursos y propuestas frente a una organización originaria que no acaba de recuperar sus bases desde los problemas suscitados en septiembre y octubre, cuando aparecieron como parte de las estructuras del gobierno, más que de una actitud de solidaridad con la tendencia sindical.
A pesar de las diferencias organizativas, de los métodos que se están planteando en la actualidad, existe una disputa de fondo que se plantea entre un sector minoritario que maneja el país desde la fundación y una mayoría, los pueblos indígenas que buscan ser reconocidos como actores de desarrollo, y con diferentes propuestas de construcción de este Estado nación. La pelea por los espacios de poder es una disputa política por mejores condiciones de vida y por la posibilidad de autodeterminación que se viene gestando en el país desde la década de los 70, con el movimiento katarista, y que tomó mayor cuerpo desde 1992, momentos en que se celebraba los 500 años de la invasión europea.
Puede ser que en los movimientos de junio y julio 2001, no se pueda lograr muchas cosas, entre ellas la posibilidad de tomar espacios de decisión y reconocimiento de las autoridades sindicales y originarias de los pueblos andinos. Lo que sí se habrá iniciado es un proceso que puede durar 5, 10 ó más años de permanente cuestionamiento de los pueblos indígenas a un Estado que sistemáticamente quiso no reconocer su presencia y aporte al país.
Se han dado los primeros pasos de la lucha política, La continuidad
de la misma dependerá de un proceso permanente de comunicación
entre dirigentes nacionales y departamentales que escuchen las demandas
desde las bases y continúen el proceso de formación a las
mismas y de un fuerte compromiso de las bases, para fortalecer posiciones
importantes y avances hacía la plena autodeterminación de
los pueblos indígenas de Bolivia.
* Miembro de la UAR-CIPCA.