UNA GRAVE CRISIS POLITICA Y ECONOMICA
CEG *
Guatemala atravieza una grave crisis económica y politica que se refleja en los diversos actores de la sociedad. Queremos compartir algunos elementos con los lectores de Veneno.
El gobierno y el congreso
Año y medio después de la toma de posesión de Alfonso Portillo como presidente de la República el país atraviesa por una grave crisis política, económica y social. Sectores del Comité Coordinador de Asociaciones Comerciales, Agrícolas, Industriales y Financieras (CACIF) están aprovechando la coyuntura para ganar terreno en las decisiones gubernamentales. Incluso, promueven la salida del gobierno, del Presidente y del Frente Republicano Guatemalteco (FRG).
El enfrentamiento entre el CACIF y el gobierno está teniendo como consecuencia el aumento de la polarización en el país y el desgaste del segundo, como resultado de una campaña desestabilizadora expresada especialmente como una confrontación entre la prensa y la televisión. Tal desgaste se ha acentuado por la corrupción y la falta de coherencia en la gestión gubernamental.
La fuga masiva de peligrosos delincuentes de una cárcel de máxima seguridad es una muestra del grado de descomposición en la política de gobierno. El hecho seguramente costará el cargo al militar retirado, Byron Barrientos, ministro de Gobernación, quien además se ha confrontado con varios sectores, mostrando incapacidad y falta de sentido político; su reacción ante actos de intimidación cometidos contra organizaciones de derechos humanos, incluida Amnistía Internacional, deja muchas dudas de su compromiso con la paz y la reconciliación.
Un alto grado de corrupción dentro del gobierno y el manejo interesado de la prensa de la información al respecto ha sido una constante, que contrasta con un silencio cómplice ante el nombramiento de Álvaro Heredia como ministro de Comunicaciones. Heredia trae consigo un historial de corrupción durante su gestión como alcalde de la ciudad de Guatemala bajo el mandato del Partido de Avanzada Nacional (PAN) y otros cargos ejercidos en la administración pública.
Portillo llegó a la presidencia gracias a la alianza entre el monopolio de la televisión de Ángel González -grupo representado por el hoy ex ministro de Comunicaciones Luis Rabbé-, el poder financiero del banquero Francisco Alvarado Macdonald, dueño de los intervenidos bancos Metropolitano y Promotor, y el FRG, con su base social compuesta fundamentalmente por ex integrantes de las formalmente disueltas Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) y liderado por el general Efraín Ríos Montt.
El CACIF ha logrado reducir la influencia de dos grupos del poder económico emergente, por medio de la salida del gobierno de Rabbé y de funcionarios bajo las órdenes de Alvarado Macdonald. Además, el FRG sigue debilitado, tras la batalla legal que enfrentó por la supuesta alteración de una ley, y no ha podido retomar el control de la gestión gubernamental, como era su intención.
Al parecer, como resultado de negociaciones de los grupos que conviven en el gobierno, con los grupos más cercanos al CACIF, Portillo y el vice presidende Francisco Reyes, entregaron el Ministerio de Comunicaciones a personas vinculadas a la Cámara de la Construcción (asociación integrante del CACIF) y retiró su paquete tributario, pero ahora impulsa una iniciativa que antes promovió el poder económico tradicional: el aumento a la tasa del IVA.
Las dos medidas significan un golpe al proyecto del FRG, ya que por un lado perdió el ministerio que puede redituar políticamente más beneficios, por la obra social que puede realizar, y por otro, impulsará el aumento impositivo más impopular, lo que le representará un alto costo político. Incluso hay claras muestras de descontento por estas acciones en el interior del FRG. El desgaste del presidente sigue en aumento, y a pesar de las recientes señales de que quiere reducir la confrontación con el CACIF, no se ve un escenario de firmeza de Portillo, sobre todo porque se está debilitando ante el poder económico tradicional, a lo que hay que sumar que la salida de Rabbé puede provocar un cambio de actitud de la televisión.
En el tema de los derechos humanos, Portillo dispuso la creación de la Comisión para la Paz y la Concordia, con el supuesto objetivo de impulsar el cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), pero violando el espíritu esencial planteado por la CEH. Además lo hizo por medio de un acuerdo gubernativo, lo que ha provocado su rechazo, pues personajes y organizaciones consideran que de concretarse su creación será sólo una dependencia de la Secretaría Presidencial de la Paz (SEPAZ). También consideran que la entidad que promueva el cumplimiento de las recomendaciones debe instituirla el Congreso, el cual deberá asegurar los fondos para su funcionamiento y garantizar su autonomía.
La sentencia condenatoria dictada contra tres militares y el sacerdote Mario Orantes por el asesinato del obispo Juan Gerardi dejó una serie de dudas, ya que el caso siempre estuvo rodeado de contaminación y desinformación. Los grados de responsabilidad de los inculpados no fueron claramente demostrados en el juicio, aunque parece ser que una investigación no pública, realizada con presencia estadounidense, sí contiene elementos incriminatorios. El caso sigue abierto, pues los abogados de los sentenciados apelarán y habrá que ver qué nuevos elementos investigativos salen a la luz. Como resultado de las apelaciones puede haber sorpresas, ya que las sentencias tienen debilidades.
El ejecutivo trató de sacarle provecho político a los resultados del juicio lo, que produjo una serie de ataques en contra del presidente por querer aprovechar un resultado sin que se haya visto en el ejecutivo la voluntad real de esclarecer el caso.
A pesar de todos estos hechos, dos factores de poder, el ejército y el gobierno de Estados Unidos, han evitado el rompimiento institucional promovido por un sector del CACIF. Y con la debilidad actual del Presidente y el FRG, se han fortalecido las posiciones de Estados Unidos y el ejército frente a la dependencia del gobierno.
Las fuerzas políticas
El Partido de Avanzada Nacional (PAN). Está junto al CACIF y tratando de convertirse en una de las expresiones políticas que se beneficiaría de algún rompimiento institucional. Para la población en general es una fuerza política de derecha en extinción, por su actuación en el pasado y las acusaciones de corrupción. Hay algunos miembros del grupo de del ex presidente Alvaro Arzú vinculados en negocios con Rabbé, así que no hay que descartar algunas alianzas políticas en el futuro. Dos sectores del PAN parecen distinguirse: el antiguo grupo de Arzú y Luis Flores Asturias, y los aglutinados alrededor de Leonel López Rodas.
El Frente Republicano Guatemalteco (FRG): Es uno de los factores de poder dentro del gobierno, aunque se encuentra debilitado y dividido. La absolución del general Ríos Montt por el caso de la alteración de una ley, parecía que le daría al FRG nuevos espacios de poder en el gobierno, sin embargo la debilidad del gobierno ante el CACIF ha limitado las posibilidades de incidencia y al contrario va pagar un gran costo político y social por impulsar el IVA ante el Congreso.
Los problemas internos entre el ejecutivo y el Congreso se han agudizado y parece haber un cierto alejamiento entre el Reyes y Ríos Montt.
La Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG). Va superando sus problemas internos, a partir de depuraciones que le están dando solidez, se planea la realización de su congreso y su asamblea nacional, eventos que definirán su estrategia y pondrán a prueba su unidad interna.
Ha lanzado iniciativas para salvar el proceso de transición a partir de retomar la agenda de la paz, que de alguna manera han sido de las pocas propuestas alternativas para salir de la crisis y no caer en el juego del sector recalcitrante del CACIF que va por el rompimiento institucional.
Sin embargo, hasta ahora no cuenta con personalidad política definida, y carece de un liderazgo interno y externo.
El Movimiento Transparencia, donde se encuentran Alfonso Cabrera Hidalgo -ex miembro clave de la Democracia Cristiana- y empresarios vinculados a este gobierno. La figura visible es José María Coma, gerente de la empresa telefónica Comcel. Han empezado una campaña de medios, especialmente en la TV; pareciera que tienen una estrategia electoral de largo plazo y muchos recursos.
El Partido Patriota, del general Otto Pérez Molina. Ha estado activo y se podría perfilar como una figura de protagonismo en el corto plazo. Se le vincula a políticos serranistas y se dice que recibe financiamiento del empresario Dionisio Gutiérrez, quien está trabajando por ser presidenciable, especialmente para el CACIF.
Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), grupo político que encabeza Álvaro Colom, que también aspira ser partido político, nace a partir de cuatro diputados unionistas y uno de la ANN, su fuerza principal está en el congreso, su acercamiento con la derecha le ha quitado fuerza a Colom, pero tiene simpatías dentro del PAN, FRG, el DIA, habrá que esperar las definiciones de esta fuerza política.
Partido Unionista, grupo que salió del PAN y encabeza Gustavo Porras. Reúne a parte de la tendencia de Arzú dentro del PAN que rompió con Luis Berger en las pasadas elecciones, arrastra todo el peso político del partido de derecha derrotado a partir de las privatizaciones y los actos de corrupción durante su gestión.
Unión Democrática. Grupo político que encabeza el empresario Rodolfo Páiz y presenta uno de los posibles candidatos del empresariado para la próxima contienda electoral. Ya tiene alguna presencia en la prensa escrita.
Las fuerzas sociales:
El nombramiento de Monseñor Rodolfo Quezada Toruño como Arzobispo de Guatemala, a partir del 25 de julio plantea un giro sustancial del escenario político en cuanto al papel de la iglesia católica y en general del movimiento social y popular.
Quezada es un hombre que tuvo un papel muy importante en darle a las negociaciones de paz un contenido y una base sustantiva; entendió y se apropió del proceso de paz y ha sido consecuente con el mismo. Hoy, cuando la crisis del país está tomando derroteros tan graves y el proceso de paz es la esperanza para Guatemala, Quezada es alguien que sabrá actuar en consecuencia.
Se han mantenido las protestas de grupos del movimiento popular y de derechos humanos en campaña en contra de los diputados del FRG que se habrían prestado a la alteración de la tabla de tasas del impuesto sobre la distribución de bebidas, para llevarlos ante los tribunales. Ahora se han sumado a las protestas en contra del IVA, aunque muchos lo apoyaron anteriormente en el marco del Pacto Fiscal. Su escasa capacidad de convocatoria hace que este movimiento carezca de las connotaciones sociales que sus aparentes líderes dicen tener.
El Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), a través del abogado inglés Paul Seils ha iniciado una querella judicial por los delitos de genocidio y violaciones al derecho internacional humanitario contra los generales Ríos Montt, Maldonado Shaad, el coronel Francisco Gordillo, el general Víctor Mejía Víctores y el general Mario López Fuentes. Ellos estuvieron al mando del ejército en 1982 y 1983. Esto ha desatado amenazas contra estas organizaciones e incluso una acción en contra la activista Barbara Bocek de Amnistía Internacional podría estar relacionada.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Guatemala, presentó cinco mil recursos de exhibición personal para dar un sustento legal para la búsqueda de los desaparecidos durante el conflicto armado, esta acción pretende dar cumplimiento a los Acuerdos de Paz y a las recomendaciones de la CEH.
Paralelamente, las organizaciones pro derechos humanos están tratando de unificar esfuerzos a fin de articular el movimiento, y según los propios activistas, recuperar la legitimidad en la lucha de la defensa de los derechos fundamentales.
Unas 45 organizaciones crearon la Coalición Nacional de Derechos Humanos, la que se plantea incidir en las soluciones de los problemas nacionales y de las violaciones a los derechos elementales, para lo cual se trazará una estrategia de corto, mediano y largo plazo. Entre las acciones a corto plazo está la de apoyar a la recién creada Comisión para la Paz y la Concordia.
Por aparte, la conflictividad en algunas zonas del país es grave, por ejemplo, la situación en Chajul cada día es más compleja, la polarización local tiene como uno de sus actores a los ex PAC y las actuaciones tienen características similares a los del tiempo de la guerra, con problemas por tierra. Manejos del poder del pasado para favorecer algunos grupos con intenciones contrainsurgentes tienen el resultado de hoy: una parte de la población atacando y reprimiendo a otra parte, con uso de armas, coacción, secuestro, sin que a la fecha se le vea al gobierno intención real de resolver el conflicto y de actuar judicialmente contra quienes han cometido delitos.
El poder económico: CACIF
Desde el inicio de la administración portillista, sectores del CACIF tuvieron enfrentamientos por su exclusión tanto en su conformación como en sus decisiones. El gobierno privilegió los intereses del grupo económico emergente dirigido por el banquero Francisco Alvarado Mcdonald y Ángel González, propietario de los canales de la televisión. Esto se ha modificado y las influencias de estos personajes han disminuido sustancialmente.
Un grupo duro del CACIF participa en hechos de desestabilización y conspiraciones, para lo cual utiliza los medios de prensa que controla. Es parte fundamental de las acciones en contra del gobierno. El sector privado ha logrado ir ganando espacios en las decisiones gubernamentales: ya controlan el Instituto de Turismo (INGUAT), el Ministerio de Comunicaciones y tienen influencias en el de economía. También lograron imponer su impuesto -el IVA-, y obtendrán financiamiento para los cafetaleros por un monto de 150 millones de dólares.
Llama la atención que este sector del CACIF no se ha conformado con estas cuotas de poder y pareciera que ahora van por más, ahora están buscando acercamientos con algunos sectores de la sociedad civil que han sido afines a ellos para llevar adelante sus planes.
Ha tenido cierto éxito la campaña "exigimos transparencia, no más impuestos. CACIF", aquí se manifiestan la falta de convocatoria social del gobierno para poder recaudar más y la intención del CACIF de asfixiar al gobierno en banca rota. También ha mantenido sus posiciones recalcitrantes ante el Código Tributario y las nuevas leyes laborales.
Comunidad Internacional
La comunidad internacional esta viendo con preocupación la situación de Guatemala, porque no hay avances en el cumplimiento de los Acuerdos de Paz y la violencia política pareciera un fantasma que vuelve a aparecer, dirigida por grupos del pasado oscuro. Esto ha generado una retirada de la ayuda internacional a Guatemala.
Los apoyos internacionales del gobierno provienen casi sólo de
Estados Unidos y Japón, apoyo muy condicionado por los intereses
del gobierno norteamericano, como el voto contra Cuba en Ginebra en la
Comisión de Derechos Humanos, la inclusión de leyes que tienden
a favorecer la introducción de productos norteamericanos a la economía
nacional, presiones
legislativas, laborales; algunas positivas para el país, pero
todas en beneficio de Estados Unidos.
Conclusiones
Guatemala está enfrentando una de las más serias crisis de gobernabilidad e n los últimos años. La disputa del país como botín entre el poder económico tradicional y el emergente está produciendo un caos a nivel nacional. Esta confrontación la va ganando el CACIF, cosa que tampoco beneficia en algo al guatemalteco. La institucionalidad del Estado está en peligro.
El aparecimiento de la violencia política, la intimidación y algunos hechos contra organizaciones de Derechos Humanos son indicadores y muestra de que algunos sectores recalcitrantes del pasado tienen cierta capacidad de realizar acciones con impunidad durante este gobierno, lo que vulnera el proceso de paz y amenaza la reconciliación.
Hay condiciones para un desenlace a corto plazo, el sector duro del CACIF quiere asfixiar al gobierno por la vía del no pago de impuestos a pesar que ya el gobierno y el FRG han cedido en mucho a las presiones empresariales. Aunque un elemento clave es el papel de Estados Unidos y el Ejército que han evitado ese desenlace.
Sin embargo independientemente de quién se quede con el poder, el CACIF o el poder emergente, la solución para Guatemala no radica en ninguno de los dos ya que ambos han perjudicado al país. Las soluciones a corto plazo se tienen que dar alrededor del respeto a la institucionalidad y al Estado de Derecho.
La sociedad civil debería involucrarse en un movimiento para exigirle al gobierno cambiar el rumbo, transparentar la gestión pública y retomar los Acuerdos de Paz como la agenda nacional. Eso se puede lograr con presión nacional e internacional.
Es necesario y oportuno construir una alternativa política distinta,
que sea muy diferente a los proyectos de derecha que han gobernado los
últimos años, que no tenga compromisos con la oligarquía,
con la contrainsurgencia, ni con la represión; que sea honesta y
no corrupta, que verdaderamente impulse un proyecto de Nueva Nación.
Esta es una oportunidad que deberían asumir la izquierda, los revolucionarios
y los progresistas.
* Centro de Estudos de Guatemala.