LA RADIO COMUNITARIA EN AMÉRICA LATINA
Gustavo Gómez *
Algunos hechos que están sucediendo en América Latina merecen una lectura general para tratar de explicar qué está pasando, en qué momento estamos y empezar a esbozar qué hacer en conjunto. Como "disparador" les resumo algunas situaciones que se han dado en el mes de junio:
En Guatemala
AMARC ha recibido de la ACCG un pedido de apoyo dado las siguientes circunstancias:
Resulta que el gobierno está interesado en solucionar el "problema" de las radios comunitarias, y para ello se ha reunido con la cámara guatemalteca de radiodifusión (radios comerciales), la secretaría de comunicación social de la "presidencia", la secretaría de análisis estratégico. Todo ello para hacer una figura que le de legalidad a las radios comunitarias. Por cierto, entre los actores de esa iniciativa no estábamos incluidas las radios comunitarias.
Hace varias semanas realizamos contacto las radios comerciales y, ¡oh, sorpresa! resulta que son más comunitarios que nosostr@s mism@s!!!
Tuvimos reuniones con su junta directiva, hemos visto la propuesta que han construido con las demás entidades y es una especie de barbaridad en democracia:
1- Proponen darnos 5 vatios
2- No quieren que pautemos publicidad
3- No quieren que hagamos cadena
4- Sólo nos quieren dar una frecuencia para que sea usada por todas las radios
5- Quieren que TODAS las radios nuestras sean manejadas por un "consejo comunitario" en el que estén presentes TODAS las fuerzas presentes de una comunidad, y no asociaciones independientes como es nuestra propuesta.
6- Entienden el derecho a la libre expresión solo en la comunicación interpersonal.
Pero el ambiente con las radios comerciales, al menos es nuestra percepción, es que están abiertas a conocer la experiencia nuestra y parecen flexibilizar sus posiciones, de hecho en principio estamos contentos con el contacto.
Hemos planeado la realización de un seminario conjunto para obtener un producto que incorpore nuestras demandas y sus posibles objeciones. Dicho seminario fue pospuesta por ellos y esperamos la nueva fecha.
En Uruguay
Desde el mes pasado se ha creado un nuevo organismo rector de las Telecomunicaciones, la URSEC (Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación), que se va del Ministerio de Defensa para estar dependiendo directamente de la Presidencia (Oficina de Planeamiento y Presupuesto).
Las declaraciones del nuevo presidente, Fernando Pérez Tabó, a un medio de prensa, indican un leve cambio de rumbo, muy en la línea de lo que pasa en Guatemala:
FPT: El tema de las radios comunitarias o radios de baja potencia es bastante complicado. En primer lugar hay que tener en cuenta que la normativa vigente no reconoce o no recoge el fenómeno de las radios de baja potencia. Pero creo que ha llegado el momento de plantearse seriamente analizar el tema. Fundamentalmente por dos razones: primero porque hay solicitudes de frecuencias para el establecimiento de radios realmente comunitarias. Concretamente, el Obispado de Melo hizo una solicitud en ese sentido; segundo, porque esto se ha convertido en una especie de caza del gato y el ratón, la última intervención que tuvo la Dirección de Comunicaciones en una radio clandestina -ya que no tiene ningún tipo de aceptación jurídica- significó la incautación de los equipos y creo que el personal de la DNC no había terminado de llegar a la Dirección cuando la radio estaba nuevamente en el aire. Eso demuestra por sí solo que es un fenómeno al que de alguna manera va a haber que entrarle para tratar de resolver.
Periodista: ¿Eso quiere decir que van a existir formas que permitan la habilitación de algunas de esas emisoras?
FPT: Hay que buscar alguna solución para el tema. Cuando estábamos en la Dirección Nacional de Comunicaciones estuvimos hablando con la gente de Andebu [Asociación Nacional de Broadcasters Uruguayos] y de RAMI [antes Radios AM del Interior, ahora RAMI-Asociación de Radios del Interior]; Andebu concretamente nos ha acercado un proyecto de ley referido a las radios de baja potencia. De alguna manera se tiende al reconocimiento de ese fenómeno, entonces creo que es el momento –lo tenemos planteado en la agenda como tema a resolver- de resolverlo con la participación de los directamente interesados. En ese sentido estamos dispuestos a implantar un régimen de puertas abiertas -que de algún modo ya teníamos en la Dirección Nacional de Comunicaciones- y convocar a Andebu y RAMI para sentarnos a hablar francamente y despojados de cualquier prejuicio para tratar de buscar una solución que satisfaga a todos.
Periodista: ¿En ese diálogo también van a participar representantes de lo que hoy son radios comunitarias o radios que funcionan clandestinamente?
FPT: Ese tema es un poco más complicado. En el fondo, quienes desarrollan esa actividad al día de hoy están desarrollando una actividad al margen de lo que establece la norma.
Periodista: Pero parecería lógico que también tuvieran alguna forma de participación porque, como usted decía recién, será ilegal pero es una realidad.
FPT: Pero de alguna manera eso sería como sentar a la mesa a quien hoy se está combatiendo. No lo descarto, no estoy diciendo que sí ni que no.
También en Venezuela se están dando procesos de regulación de las radios comunitarias (por iniciativa del gobierno) y en México un fenomenal proceso de discusión de nuevos marcos regulatorios en telecomunicaciones se está dando en estos precisos momentos (aunque las radios comunitarias no son el centro de la discusión ni mucho menos).
En Bolivia
Nuestro compañero José Luis Aguirre nos informaba hace poco de la voluntad del gobierno para favorecer la existencia de radios comunitarias:
El pasado 21 de junio con la colaboración de amigos logrados en oficinas estatales (Superintendencia de Telecomunicaciones y Ministerio de Asuntos Campesinos y de Pueblos Originarios) pudimos finalmente faccionar (sic) el texto borrador de un Decreto Supremo, que será empujado por el Ministro de Asuntos Campesinos dirigido a que el Estado reconozca, favorezca y apoye el funcionamiento de las radios comunitarias y populares del país, dándole un particular énfasis en las emisoras y proyectos de radiodifusión de pueblos indígenas. Considero que si este texto evolucionara positivamente y ojalá se efectivizara con su aprobación en Consejo de Ministros habríamos avanzado unos cien años en nuestra tarea colectiva de democratizar la comunicación.
(Como muy negativo, les cuento que acabamos de recibir la denuncia de una acción contra la radio indígena Ondas del Titicaca, que opaca esto anterior, pero veamos cómo evoluciona el proceso).
¿Qué está pasando?
Sin ánimo de ser definitivo, les comento algunas cosas que me parece que están "jugando" en todo este asunto.
1. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH), y en especial el trabajo del relator de Libertad de Expresión, Santiago Cantón (aunque siempre muy mesurado para tomar partido por alguno de los "bandos"), ha comenzado a tomar algunas decisiones claves, que aunque no son definitivas, sientan antecedentes favorables para nuestra lucha.
En octubre de 2000 aprobaron la llamada Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión. En su artículo 12 se expresa:
"Las asignaciones de radio y televisión deben considerar criterios democráticos que garanticen una igualdad de oportunidades para todos los individuos en el acceso a los mismos."
Con base a este principio, en marzo de este año, ha realizado un informe sobre la situación de los derechos humanos en Paraguay. Entre varios capítulos con temas de gran importancia para la libertad de expresión (habeas data, acceso a la información del Estado, situación de los periodistas, entre otros), se destaca la novedad de un breve informe sobre la situación de las radios comunitarias y un contundente capítulo con recomendaciones para que el Estado paraguayo disponga de "las medidas necesarias para asegurar la adecuada distribución de frecuencias radiales, de acuerdo a criterios democráticos".
Sobre las radios comunitarias, y frente a la preocupante situación que viven dice: "La Relatoría ha expresado en varias oportunidades que las asignaciones de radio y televisión deben considerar criterios democráticos que garanticen una igualdad de oportunidades en el acceso a los mismos para todos los sectores que conforman la sociedad".
Y hablando específicamente de la forma de asignación de frecuencias en Paraguay: "Las subastas que contemplen criterios únicamente económicos son incompatibles con un sistema democrático y con el derecho a la libertad de expresión e información garantizado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos".
Como una de sus tres recomendaciones al gobierno paraguayo, la CIDH señala: "la necesidad de aplicar criterios democráticos en la distribución de las licencias para las radioemisoras y canales de televisión. Dichas asignaciones no deben ser hechas basadas solamente en criterios económicos, sino también en criterios democráticos que garanticen una igualdad de oportunidad al acceso de las mismas".
La lucha de los compañeros y compañeras de Paraguay ha tenido un fruto muy sabroso, que puede y debe ser utilizado como antecedente y herramienta para las luchas en los otros países de América Latina.
2. La estrategia de AMARC a nivel internacional (en especial latinoamericano y de la mano de los buenos oficios de UNESCO) ha ganado espacios. Si bien son todavía a nivel dirigente, dos reuniones conjuntas entre AMARC, AIR (Asociación Internacional de Radiodifusión), ALER y SIP (Sociedad Interamericana de Prensa), con mediación de UNESCO han sido consideradas como positivas tanto por nuestra organización como por nuestros hermanos de ALER.
En estas reuniones, los ejes del discurso de AIR han sido básicamente tres: la ilegalidad, que ellos son tan comunitarios como nosotros y por último, que los planteos expresados en la Carta de AMARC sobre potencias, uso de la publicidad, etc. no son aceptables, porque si los cumplimos, entonces seríamos radios comerciales ("¿cuál es la diferencia?", dicen, en un discurso claramente confusionista). Ellos quieren definir qué es comunitario y qué no.
¿Qué se ha ido logrando, sin embargo? En especial un reconocimiento como actor de AMARC, interlocutor válido cuando de hablar de radiodifusión se trata. Hace muy poco tiempo, AIR desairaba a las propias Naciones Unidas si en un evento internacional se tenían que sentar junto a AMARC. Ahora, a fines de mayo, y a invitación del PARLATINO y la UNESCO (Jornadas de Libertad de Prensa y Democracia) compartimos la misma mesa con el Director General de AIR y el Presidente de la Comisión de Prensa de la SIP.
Y la conformación de un grupo de trabajo entre las organizaciones presentes para elaborar un documento que sirva de base para una tercera reunión a realizarse a principios del año que viene. El contenido fue acordado en la reunión.
En las dos reuniones, AMARC hizo fe de que la ilegalidad no es cuestión de principios, y que si una parte de los socios lo está, es porque los marcos legales no son democráticos y justos o la actitud de los gobiernos no permite su reconocimiento. Se tomó distancia con las radios (llámense comunitarias y comerciales) que sí quieren ser ilegales por definición. AIR trató todo el tiempo de empujar una declaración de AMARC que dijera que hay que “barrer” del dial a estas radios, pero no entramos en ese juego. El concepto que planteamos junto a ALER fue que es necesario “ordenar” el espectro (no se puede estar en contra de esa idea básica) en el doble sentido de regularizar la situación de las emisoras que quieren obtener su legalidad y de garantizar el acceso a todos los sectores de la sociedad al espectro radioeléctrico.
Según las actas hechas por la propia UNESCO se trata de elaborar un acuerdo en torno a “un “ordenamiento y modernización” del espectro que no solo garantice un mejor acceso a éste sino que también lleve a una mejor administración y mayor transparencia en el otorgamiento de frecuencias, lo que a la vez llevará a eliminar progresivamente la ilegalidad”.
3. Hay, notoriamente, un cambio de estrategia de AIR a nivel continental, que no solo pasa por la presencia en las reuniones.
Ya practicado en otros países (Chile, Brasil) me parece que están dejando rápidamente (en el discurso y en los hechos) la política "del garrote", como es el caso de Uruguay, en la que presionaban al gobierno para acallar a las pequeñas radios antes de que se consolidaran. Masivamente, están posicionando un discurso más "moderno" y conciliador, pero mucho más peligroso.
Digamos así: mientras pudieron, nos negaron y nos pisotearon. Como ahora ello no es posible (o no es adecuado) están implementado la ya utilizada estrategia de las tres "P", como dijo alguna vez Arturo Bregaglio: si no podemos con ellos, regulemos, pero hagámoslo de una manera que las limite y margine, y a las que no estén dentro de marco legal, "les arrancamos la cabeza".
La legitimidad lograda por un proceso legalizador, les permitiría justificar sus embates para quiénes estén por fuera del orden establecido. Nuestro discurso desde los derechos humanos, con vacíos legales de por medio, les daba un flanco débil a esta posibilidad.
Las tres "P" refieren a: pobres, pequeñas y pocas.
Es decir, marcos legales (leyes, decretos, reglamentos) que reconozcan a las radios comunitarias (un avance, sin dudas) pero con fuertes limitaciones. La legislación chilena les sirve como antecedente.
Con el implícito de que comunitario quiere decir pequeño, artesanal, de comunidades chicas, las nuevas propuestas impulsadas por los gobiernos y/o por las gremiales de radiodifusores privados, tienen un mismo fundamento y hasta las mismas redacciones. Es una estrategia pensada y trabajada en todo el continente, que no solo tiene un discurso homogéneo en cualquier país, sino que tiene un viejísmo y fuerte referente doctrinario (las "Bases de AIR") que les dan coherencia. Ni AMARC ni las otras redes de comunicación tenemos esas definiciones tan claras, y mucho menos una estrategia continental coherente. Pero eso es otro tema que les comentaré más adelante.
Pobres: por supuesto, sin publicidad ni capacidad de generar recursos genuinos para sostener los emprendimientos. Con variaciones, éste es uno de los argumentos de más peso, incluso entre los sectores políticos que nos ven con simpatía (confusión entre fines de lucro y capacidad de sostenerse, etc).
Pequeñas: bajas o bajísimas potencias (en Brasil la ley decía al principio 25 w, pero un reglamento posterior las limita a 1 kilómetro de radio; en Chile 1 vatio; ahora en Guatemala proponen 5...). Aún en las legislaciones más positivas como Colombia, llegan a 250 w. Un proyecto de ley en discusión en Paraguay la eleva a 300 w en FM. Otro, presentado este año en el Congreso argentino, si bien no habla de radios comunitarias permite la adjudicación diferenciada y directa de permisos a emisoras de menos de 1 Kw.
Pocas: una radio por localidad o por comuna (Chile) o una frecuencia en todo el país (ya es ley en Brasil y ahora lo quieren implementar en Guatemala), sobre la cual se deben montar todas las radios, peleándose entre ellas. En Colombia, no se permiten radios comunitarias en las grandes ciudades.
4. La legitimación que las radios comunitarias han logrado en cada país por supuesto que es otro factor que quiero marcar en este breve repaso. Con nuestras debilidades y certezas, de a poco hemos ido ganando espacios que han ido colaborando con esta nueva situación planteada.
¿Cuál es nuestra estrategia?
Para mi gusto, aún estamos realizando esfuerzos muy aislados, que no capitalizan adecuadamente los avances que se están logrando a nivel internacional y en algunos países de la región. La estrategia tendremos que irla definiendo en la marcha y con aportes variados. Y seguramente en conjunto con las organizaciones del G-8 y alianzas muy amplias.
Como aporte inicial les invito a releer lo planteado en el Plan de Gestión del Programa de Legislaciones para el 2001-2003 aprobado en noviembre del año pasado. También entregaré a la brevedad algunas experiencias en países (positivas y negativas, para tomar como referencia).
Algunas claves que me parece que debemos tomar en cuenta:
a. El terreno de batalla deben ser los Derechos Humanos. Si nos metemos solamente en aspectos tecnológicos, técnicos o jurídicos (que hay que conocer muy bien, claro) no tendremos muchas posibilidades. Vincular la libertad de expresión, de prensa, de comunicación y el derecho a la información, con la libertad de antena. Es decir, sin acceso a los medios que la permitan, la libertad de expresión es una mera declaración de intenciones.
b. Entonces, las herramientas internacionales (sus organismos y sus definiciones), son las que debemos usar más seguidamente, complementando toda la gama de recursos internos que seamos capaces de utilizar. Los marcos legales utilizables no se limitan a las leyes y reglamentos internos. Si hablamos de Derechos Humanos, es aplicable a nuestros países todo el Sistema Interamericano de DDHH, favorable a nuestros intereses. Deben incluirse en nuestra estrategia regional y nacional la Convención Americana, la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión y los organismos relacionados (Comisión Interamericana, Relator de Libertad de Expresión, etc).
c. AMARC debe luchar por una Democratización de las Comunicaciones y no solamente por permisos o leyes para "nuestras" radios comunitarias. Sin descuidar este aspecto, el planteo central debiera ser lograr mecanismos para garantizar el acceso de todos los ciudadanos y ciudadanas en igualdad de oportunidades a las frecuencias radioeléctricas (sean comunitarios o radios comerciales o universitarias o lo que sea). Deberíamos replantear una vieja dicusión acerca de si hay que impulsar solamente leyes y reglamentos para radios comunitarias o leyes de radiodifusión transparentes, equitativas y justas para todos. En este sentido, una reglamentación para radios locales, chicas, de baja potencia (uno de los tipos de radio comunitaria que puede haber) son muy posibles en estos momentos, y tal vez eso lo posible a lograr en determinado país y en determinadas circunstancias. Lo importante es que no hay que "regalarles" la idea de que eso es igual a radios comunitarias.
d. Estas definiciones anteriores definen también las alianzas posibles. Es impensable, dada la correlación de fuerzas existente en nuestros países, que demos esta lucha solos. Pero es más fácil si logramos articularnos con amplios sectores sociales en una lucha en común en torno a un eje como el planteado anteriormente, y no solamente en respaldo a nuestra lucha. Las redes de comunicación hermanas del G-8, los organismos internacionales y las organizaciones de derechos humanos se convierten, además, en aliados estratégicos.
e. Necesitamos compartir nuestras experiencias. Hay mucho para aprender y no solamente de textos de leyes, sino fundamentalmente de la lucha política desarrollada por nuestras asociadas. En eso está el Programa de Legislaciones, pero recién estamos comenzando. El inicial intercambio de información básica para fundamentar mejor nuestras posiciones, por ejemplo, o tener a mano cómo se está planteando la cosa en otro país es lo primero que estoy tratando de sistematizar.
f. En el otro sentido, más estratégico, estamos pensando en conformar un equipo del Programa de Legislaciones con abogados y dirigentes de AMARC para pensar y responder a estos desafíos. Les propongo definir un referente de estos temas en cada país (puede ser el mismo representante u otra persona), de forma de tener un contacto más permanente y sistemático.
Además, estamos organizando con apoyo de la FES de Quito un encuentro
de algunos de sus integrantes para este mismo año para avanzar en
una propuesta de "Principios" de AMARC para una legislación en radiodifusión
que sea justa y democrática, que pueda fundamentar y dar coherencia
a nuestras posiciones en cada país.
* Director del Programa de Legislaciones del Comité para América Latina de la Asociación Mundial del Radios Comunitarias.