NUESTROS IDEALES SEGUIRÁN VIVOS
Gregorio Urías Germán *
En los tiempos del México de la alternancia que se abre paso de manera muy lenta y dificultosa, con muchos obstáculos e insuficiencias hacia la democracia, se ha abierto de nuevo este debate, se ha reanimado la lucha y estamos convencidos de que es irreversible. Ahora, en estos tiempos que vienen, tenemos que encontrar la verdad. Hubo represión, hubo asesinatos, pero el México nuevo no perdonará que el gobierno de la alternancia reprima y asesine la verdad en los días y meses que vienen.
La vida y la libertad son valores supremos inherentes al ser humano. El preservarlos es ante todo obligación del Estado. La humanidad ha librado grandes batallas para superar las conductas de quienes por diversos medios traicionan la función que les fue encomendada y, por el contrario, distorsionan su actuar como autoridades y lastiman lo más preciado que el hombre tiene: su vida y libertad.
Desde el siglo XVIII, con la Declaración de los derechos del hombre y el ciudadano, en Francia, se reivindica el derecho a la vida y a las libertades del hombre frente a la autoridad estatal. Con ello se inicia un movimiento de trascendencia fundamental para la relación estado-gobernados que obliga a la gran mayoría de las constituciones del mundo a incorporar las llamadas garantías individuales. Éstas suponen la protección que la ley suprema otorga a los gobernados frente a los actos de autoridad que vulneran su esfera de derechos fundamentales y constituyen el reconocimiento que el Estado hace de los derechos humanos. Así se obliga a velar por su respeto y observancia.
En México, la heroica lucha por la independencia de la corona española significaba, ante todo, el noble anhelo de alcanzar la libertad como nación y como individuos. Desde entonces, la constitución de Apatzingan de 1814, primer documento constitucional elaborado en pleno fragor de la batalla e inspirado por el pensamiento libertario de José Mará Morelos, ya contenía normas que protegían contra los actos arbitrarios de la autoridad.
El articulo 24 de aquella constitución establecía: “La felicidad del pueblo y de cada uno de los ciudadanos consiste en el goce de la igualdad, seguridad, propiedad y libertad. La íntegra conservación de estos derechos es el objeto de la institución de los gobiernos y el único fin de las asociaciones políticas”.
El articulo 28 señalaba: “Son tiránicos y arbitrarios los actos ejercidos contra un ciudadano sin las formalidades de la ley”. El articulo 30: “Todo ciudadano se reputa inocente mientras no se declare culpable” y el articulo 31 “Ninguno debe ser juzgado ni sentenciado, sino después de haber oído legalmente”.
A casi 200 años de distancia, nuestra Constitución General de la República perfecciona el mandato para que la autoridad pública actúe sólo apegada al principio de juricidad, como puede verse en los artículos 14 y 16:
Articulo 14: “Nadie podrá ser privado de la vida, libertad o de sus propiedades o derechos, sino mediante juicio seguido ante tribunales previamente establecidos. En el que se cumplan las leyes esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho”.
Articulo 16: “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, papeles o posesiones sino en virtud del mandamiento explicito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento”.
El 31 de mayo del 2001, entraron en vigor las reformas y adiciones al Código Penal Federal, adicionándose el capitulo tercero bis, que contiene el delito de la desaparición forzada de personas. El articulo 215 A establece: “Comete delito el servidor público que, independientemente de que haya participado en la detención ilegal o legal de una o varias personas, propicie o mantenga dolosamente su ocultamiento bajo cualquier forma de detención”.
Articulo 215 B: “A quien cometa el delito de desaparición forzada de personas se le impondrá una pena de 5 a 40 años de prisión. Por la naturaleza de la conducta que configura el delito, este no prescribe en virtud de su actualización día a día”.
Conforme a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, existen 480 personas reportadas como desaparecidos, mientras que para las asociaciones de familiares de detenidos, desaparecidos y víctimas de violaciones a los derechos humanos, suman más de mil 300 actualmente.
El juez español Baltasar Garzón, se ha caracterizado por su inquebrantable voluntad de perseguir y castigar la violación a los derechos humanos en el ámbito mundial. Las órdenes de aprehensión contra Pinochet y Cavallo indican el camino a seguir en materia de actuación judicial y sientan un interesante precedente.
Algunos países como Argentina, Sudáfrica, Chile, Uruguay, en su proceso de reconciliación y como expresión de avance democrático, han formado comisiones de la verdad. Sus características y alcances son variados. Algunos se limitaron a esclarecer los hechos mientras que otros lograron llevar a juicio a violadores de derechos humanos. Algunos aún siguen trabajando a través de comisiones conocidas como Comisión de la Verdad.
En México, lo menos que debemos plantearnos es que existen mecanismos para conocer la verdad de nuestra historia reciente y saber cuál es la condición de los cientos de desaparecidos con independencia de las consecuencias de orden legal. Nosotros como Cámara de Diputados aprobamos por unanimidad la reforma que se conoce como Ley Contra Desaparición Forzada. Absolutamente todos los grupos parlamentarios de los diferentes partidos políticos de este país que tienen presencia en esta Cámara de Diputados lo resolvimos por unanimidad, sin haber una sola objeción.
Ello significa que tenemos un compromiso como Poder Legislativo de apoyar la lucha que ustedes representan y encabezan, de apoyar esta propuesta, este reclamo de la Comisión de la Verdad, de que se conozca la realidad de todo lo que sucedió en esa negra década de los 70’ y otras más como los hechos de 1968 y otros que todos conocemos: asesinatos, masacres en Guerrero, en Chiapas, etcétera.
Comentaba el pasado 11 de septiembre, hablando en representación de una delegación internacional que asistió a un evento en un panteón de Santiago de Chile ante la tumba de Salvador Allende y de cinco mil muertos y desaparecidos, que si bien es cierto que el Estado mexicano utilizó su política exterior y pregonó no ser un Estado tan autoritario, tan represor y sanguinario como las dictaduras de aquella época del Cono Sur, incluido ese país, Chile, los niveles de represión y tortura en la forma, si no en la cantidad, sí en la forma, fueron exactamente los mismos y quizá conducidos o asesorados por los mismos, los organismos de inteligencia, los organismos militares del vecino país del norte.
Yo planteaba dos consideraciones fundamentales por las que creo que en este país, como en otros, se tiene que conocer la verdad con todas las implicaciones sociales, políticas, morales, legales, jurídicas que esto pueda tener. Porque no hay garantía de que el futuro de este México, la consolidación de la democracia y la civilización de las relaciones políticas, sociales, culturales, humanas, éticas entre los mexicanos y la unidad sólida de los mexicanos para construir un gran país hacia el futuro se vaya a dar de la mejor forma, si antes no logramos que se conozca la verdad.
Por una elemental práctica de saneamiento de las relaciones entre los diferentes grupos sociales y políticos que coexistimos en esta nación, tenemos que, obligadamente, hacer un ajuste en esos términos con el pasado. La otra consideración es que para que esto no se vuelva a repetir, así como muchas otras cosas que de alguna u otra forma han sucedido de manera grave en nuestro país en los últimos tiempos, en los últimos años, que de alguna u otra forma tienen que ver con los mismo que aquí estamos tratando, en tanto han sido reflejo de un régimen autoritario, de un régimen corrupto, de un régimen en descomposición, con sótanos negros.
Por eso tenemos que conocer la verdad, para que esto no vuelva a suceder ni en México ni en ninguna otra parte del mundo. Recientemente en el Consejo de la Internacional Socialista, en la que participamos como PRD, se adoptó por unanimidad una resolución que apoya la creación del Tribunal Judicial Internacional. Me parece que en el momento en que este exista se va a jugar un papel muy importante para que de inmediato se juzguen y castiguen este tipo de hechos.
Decía yo en Santiago de Chile que nosotros fuimos parte de una federación de jóvenes que participamos en las luchas estudiantiles y, por ende, también fuimos víctimas de la represión. Unos más, otros menos. Murieron muchos compañeros nuestros y amigos queridos desaparecieron. Nuestra sociedad, sus padres, sus familiares, sus amigos, tienen que saber que murieron porque buscaban un México justo, tienen que saber que la muerte de ellos en muchos casos ha aportado algo para los avances y las conquistas de la libertad que hoy tenemos en nuestro país.
No podemos, ni le vamos a perdonar al nuevo gobierno de la democracia y de la alternancia, del México del futuro, de la justicia, la ética y la legalidad, no vamos a admitir que no lleve este caso hasta las últimas consecuencias, con todo lo que se tenga que aclarar. Esta exigencia no es para regresar al pasado, ni para profundizar enconos y divisiones entre los mexicanos, tampoco es por cuestiones de venganza ni mucho menos, sino para aportar hacia la construcción de un mejor México hacia el futuro. Esa es la convicción que nos mueve, porque el problema de los desaparecidos se convirtió en algo entrampado para el Estado mexicano.
Aceptar toda aquella gran lucha que dimos en los 70’ y principios de los 80’ era tanto como asumir ante la sociedad mexicana y el mundo que en un Estado que se prestigiaba en el plano internacional por la tolerancia, cabía ese tipo de violaciones a los derechos humanos, que cometía actos violentos tal como lo estaban haciendo las dictaduras del Cono Sur.
Supongo que también había el temor de asesinar a nuestros compañeros porque sabían que tarde o temprano México entraría a una etapa como la que estamos viviendo, que con nuevas circunstancias políticas y correlaciones de fuerza se iba a exigir el esclarecimiento. En eso se convirtió el problema de los desaparecidos y por eso pasaron los años y los años y los que estábamos de alguna u otra manera relacionados con este movimiento seguíamos informándonos.
Cada vez que salía alguno de los desaparecidos nos informaba que había estado en los sótanos del Campo Militar Número Uno, que había visto a fulano, a sutano, a cinco o diez compañeros conocidos o amigos de él. En ocasiones hasta narcotraficantes salieron porque con la operación de Sinaloa desaparecieron a muchos, a otros los lanzaron desde helicópteros al mar, como le hicieron con varios presos políticos.
Pero hasta los narcotraficantes nos llevaban información de quienes estaban ahí, algunos estaban heridos, había decenas, cientos de desaparecidos que estaban ahí. Pasaban los años y seguíamos teniendo cada vez menos y menos información. Lo que no sabemos es si aún continúan ahí o si los mataron. Si los asesinaron, queremos saber quiénes, cuándo, qué día, a qué hora y en dónde están los cadáveres.
Nosotros tenemos que continuar esta lucha con ellos y por ellos, porque
hay que decirles, como decía el general Augusto César
Sandino, general de los hombres libres, que “nosotros somos como el
sol de la libertad. Si morimos, nuestros ideales seguirán siempre
vivos, otros más nos seguirán”.
* Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de México.