TRANSICIÓN INCONCLUSA
Mario Saucedo *
A un año del triunfo panista y a siete meses del gobierno panista de Vicente Fox, van quedando más claras varias cosas: el carácter del gobierno; a qué intereses responde fundamentalmente y sus posibles tendencias. Ante ello tenemos que ver cuáles son las perspectivas y las tareas de la izquierda y del movimiento democrático y patriótico. La caída del régimen de partido de Estado y de la llegada de la clase empresarial a dirigir al país, ha sido un importante hecho histórico.
Si el alto grado de descomposición alcanzado por el régimen priísta representaba un riesgo creciente para el conjunto de la sociedad, amenazaba particularmente para los intereses de los grupos económicamente poderosos. Las instituciones de gobierno estaban infiltradas, al más alto nivel, por el narcotráfico y el crimen organizado; el asesinato político, la vendetta y la traición eran mecanismos comunes utilizados por la clase priísta y; frente a la irritación y manifestación de los grupos sociales populares, se ejercía la represión contra de los movimientos. Por todo eso, la clase gobernante priísta ya no garantizaba ni gobernabilidad ni estabilidad social y el cambio se convirtió en una imperiosa necesidad, que era necesario satisfacer para salvaguardar el sistema de dominación y explotación a favor de los grandes señores dueños del capital.
En relativamente corto tiempo, ha quedado de manifiesto que el gobierno de Fox representa la continuidad de las políticas de los gobiernos priístas, en varios aspectos centrales.
Es el cuarto gobierno que aplica y desarrolla las políticas de ajuste estructural dictadas por los organismos financieros internacionales. Las decisiones centrales en el manejo de la economía --igual que las tomadas por los tres últimos gobiernos priístas--, se orientan a asegurar las mejores condiciones de inversión y reproducción de los capitales monopólicos nacionales e internacionales.
Se dice que no hay proyecto ni está claro el rumbo de este gobierno, pero el gobierno foxista asume el proyecto neoliberal y está fuerte y prioritariamente comprometido con los grandes empresarios y con el gobierno de Estados Unidos. El plan Puebla-Panamá es muestra clara de ello. El gobierno se empeña en seguir con la profundización de ese modelo que sólo deja mayor pobreza y miseria a la población.
El dos de julio la gente votó por el cambio. Fue un voto mayoritario en contra quienes había hecho del poder público un instrumento para el enriquecimiento privado de sus amigos, sus familiares y ellos mismos. La gente votó entonces con la ilusión de mejorar las deterioradas condiciones de vida y trabajo. Fue un voto de esperanza que reflejó la voluntad y el deseo de la mayoría de los ciudadanos a participar en un cambio.
La caída del régimen priísta y la llegada de un nuevo partido al poder no ha significado el establecimiento de la democracia. La alternancia en el poder no representa aún la transición al régimen democrático pleno. Peor aún, hay signos preocupantes de tendencias al autoritarismo; el redoblamiento de la presencia del ejército en las regiones indígenas de Puebla, Hidalgo, Oaxaca, Guerrero y Chiapas, por ejemplo.
La pregunta es sí piuede esperarse en lo político un compromiso con el establecimiento de un régimen plenamente democrático, de parte de la derecha empresarial foxista, cuando se ha comprometido con la continuidad del modelo económico que, por naturaleza, es excluyente, autoritario y concentrador de las riquezas para unos cuantos.
La campaña para ganar las elecciones estuvo basada en las técnicas de mercadotecnia y Fox contó con el apoyo de la jerarquía eclesiástica conservadora, de grupos empresariales poderosos y del gobierno de Estados Unidos. El embajador estadounidenses informaba a su gobierno, la noche del dos de julio, que en las elecciones había triunfado su candidato.
El carácter del gobierno foxista es la de un gobierno de empresarios para los empresarios. El poder ejecutivo se comporta como una especie de consejo de administración, convencido de que lo mejor para México es que los empresarios vengan a invertir (“son unos tontos” si no aprovechan la oportunidad, dijo en su viaje a Oriente), a explotar la abundante, barata y disciplinada mano de obra y las grandes riquezas que proporciona la biodiversidad del sur-sureste de México, los energéticos y el agua, ese recurso cada vez más estratégico por su escasez.
El plan Puebla Panamá señala hacia donde quiere ir este gobierno. Ofertar nuestras riquezas, garantizar ventajas comparativas con la mano de obra barata e impulsar las maquilas en la zona, para que sirvan como una especie de muro de contención a la migración no sólo del sureste mexicano sino de Centroamérica.
El PPP es el principal proyecto y prioridad del gobierno de Fox. Un proyecto originalmente elaborado por Washington hace tiempo y considerado por Estados Unidos como de interés estratégico y de importancia vital para su seguridad nacional. Expresiones de Fox como la de que vale 1,000 veces más el PPP que el EZLN o cualquier comunidad indígena, evidencia lo que para él significa el proyecto.
También explica por qué no defendió la ley de la COCOPA: dicha iniciativa evitaría la liberación de la tierra como mercancía y la disponibilidad de mano de obra barata, casi esclava, preservando la integración de las comunidades indígenas. Su afirmación durante la campaña de que en 15 minutos podía resolver conflicto de Chiapas, muestra dos facetas. Por un lado, su desconocimiento sobre la naturaleza del conflicto y el carácter discriminatorio y racista de las políticas de los nuevos gobernantes. Por otro lado, aún más peligroso, hace patente la prioridad que da al PPP. Lo demás es secundario y va a solucionarlo a pesar de, o más bien contra, las comunidades indígenas y el EZLN.
Las promesas de campaña de Fox han sido eso: promesas. Prometió crecimientos del 7% anual y este año el crecimiento será menor incluso al 2%. Prometió empleo ante la demanda anual de más de un millón de nuevas fuentes de trabajo y ya hay 400,000 desempleados --según la Canacintra-- y es probable que se duplique esa cifra para fines de año. Prometió gobernar para los que menos o nada tienen y gobierna sólo para los empresarios. Prometió ayudar a salir “de la lacerante miseria” a millones de compatriotas, y busca agravar esas condiciones con el IVA a medicinas y alimentos, por cierto habiendo prometido que no subiría los impuestos. Prometió que no privatizaría los recursos energéticos -Pemex y la CFE- y legisla por su cuenta para ofrecerlos a la inversión privada extranjera. De paso, amenaza con apagones si no se privatiza la energía eléctrica. También amenaza con menor atención a los pobres y serios problemas económicos si no se aprueba su propuesta de nueva hacienda pública. Promete acabar con la impunidad y protege a los defraudadores del Fobaproa.
En el tiempo transcurridom Fox no se ha decidido ha desmantelar las estructuras de poder del antiguo régimen y parece, cada vez más, un cómplice de quienes robaron a la nación: directamente; a través de las privatizaciones o; del escandaloso fraude del Fobaproa.
Nunca en la historia moderna de México se había visto tanta condescendencia y prontitud para agradar a los norteamericanos como la mostrada por Vicente Fox. Su proyecto está dirigido a mantener no sólo una relación amistosa con ellos --como si EU pudiera tener amigos--, sino a ser agente activo de las iniciativas e intereses del gobierno norteamericano, de las empresas trasnacionales y de los organismos financieros internacionales.
Igual que su antecesor, el ex presidetne Ernesto Zedillo, Fox quiere ser el principal promotor del Acuerdo de Libre Comercio de las América (ALCA), un acuerdo diseñado de conformidad a los intereses y necesidades de los norteamericanos y de las trasnacionales. Ese mismo sentido y el mismo interés tiene el Plan Puebla-Panamá, como parte del ALCA.
Vergonzoso fue el papel de la diplomacia mexicana cuando el canciller Castañeda pretendió impulsar, en la sesión del Comité de Derechos Humanos de la ONU, una resolución desde los países miembros de América Latina en contra de Cuba, por la situación de los derechos humanos de la isla, para complacer al gobierno norteamericano. México --más bien el ejecutivo--, se abstuvo, pero criticó de tal manera al razonar su voto que parecía estar de acuerdo con la resolución Checa promovida por EU.
El gobierno de Fox no ve hacia Centroamérica y hacia América del Sur en la lógica de una integración latinoamericana y del Caribe, con el establecimiento de una comunidad de naciones latinoamericanas, inspirada en la idea bolivariana de la patria grande. Su lógica es la del establecimiento de mercados libres para las grandes empresas trasnacionales y en función de los intereses geoestratégicos comerciales, económicos y políticos de Estados Unidos. El ALCA y el PPP buscan que las fronteras de todos esos países se abran, para permitir la libre e incondicional circulación de los capitales financieros, sin ningún tipo de restricción.
Tal lógica complaciente, supeditada al gobierno de EU incluye la cuestión de los migrantes --vistos como criminales--, a los cuales se le violan sistemáticamente sus derechos humanos. No existe determinación del gobierno mexicano para exigir un alto inmediato a esta situación y demandar una resolución integral, que parta de la libre circulación de la fuerza de trabajo y el respeto irrestricto a todos los derechos de los trabajadores migrantes.
También en materia de seguridad se reproduce esta supeditación a EU. Operan libremente en nuestro país diversas corporaciones de seguridad estadounidenses: la DEA, la policía antinarcóticos, la CIA. Sus agentes, coordinados desde la misma embajada norteamericana, se mueven sin traba alguna por todo el país. Con el pretexto de la colaboración contra el narcotráfico actúan con entera libertad en nuestro territorio y tienen acceso a información para tareas de inteligencia. La extradición de presuntos criminales corrobora la idea de la supeditación. El principio debería ser que si esas personas cometieron delitos en nuestro país deben pagar primero aquí, a la sociedad mexicana.
Es altamente preocupante ver como avanza el proyecto desnacionalizador y entreguista del gobierno de Fox. La soberanía y la independencia están en entredicho. Para los nuevos gobernantes-empresarios no existe más frontera que la marcada por las necesidades de expansión del mercado --regulado y controlado por las grandes empresas trasnacionales--, ni más soberanía que los intereses hegemónicos de los grupos económicamente poderosos.
En la transición hacia la democracia, el gobierno derechista de Fox no se ha decidido a romper con una de las principales estructuras de poder del viejo régimen: el corporativismo. Las formas mas elementales de democracia, como elegir libremente y remover a sus dirigentes, aún no llega a las organizaciones sindicales y campesinas.
Fox necesita a las estructuras corporativas y a sus dirigentes charros tanto para aplicar las políticas económicas contrarias a la clase trabajadora y al pueblo, como para llevar a cabo sus diversos proyectos de reformas, como la laboral, la fiscal, etc. Igual que para los presidentes priístas, los charros son sus aliados para aplicar las políticas económicas neoliberales y le ayudan a garantizar la estabilidad y el control frente a una posible respuesta provocada por la irritación y la inconformidad social. Los Rodríguez Alcaine, las Elba Esther Gordillo, son hoy piezas claves para el proyecto de dominación foxista, que le permitirán refuncionalizar ese aparato y así poder promover las reformas de la siguiente generación: privatización de la educación, salud, de energéticos.
¿Qué temores o compromisos tendrá Fox con la vieja clase gobernante que teme revisar a fondo al pasado y actuar en consecuencia?
Para poder transitar a un régimen plenamente democrático es necesario investigar a fondo los crímenes cometidos por el poder y castigar a los responsables. Solo así es posible desmontar las estructuras que propician el patrimonialismo, la corrupción y la impunidad. Se tiene que saber quiénes fueron los responsables de los grandes desfalcos y robos a la nación, de los asesinatos políticos, de los crímenes de lesa humanidad y de genocidio: deben pagar por esos delitos.
Existe presunción fundada hacia varios expresidentes, exgobernadores y exfuncionarios por graves delitos contra de la nación y la sociedad. La posición de Fox ante la propuesta de la comisión de la verdad --“olvidar el pasado, perdonar lo pasado”--, es similar a la del “perdón y olvido”, “punto final”, “obediencia debida” de los gobiernos que siguieron a las dictaduras en los países del Cono Sur.
Sólo juzgando a los responsables es posible sentar bases para una sociedad plenamente democrática y justa, que termine con la impunidad y la corrupción. Para la izquierda esta cuestión es de principios, un compromiso con la verdad y un reconocimiento a la memoria de aquellos que fueron asesinados, reprimidos, la mayoría de los cuales eran hombres y mujeres que luchaban al lado del pueblo para transformar a la sociedad. El gobierno foxista será cómplice de esos crímenes si no actúa en consecuencia.
Hoy queda perfectamente claro el carácter del gobierno foxista, quienes son sus principales aliados, los intereses que apoya y hacia donde pretende dirigir al país. El problema, entonces, no es que haya pasado poco tiempo desde que inició su gestión para lograr los cambios prometidos durante la campaña. Lo grave es que el carácter de su proyecto --del cual ya existen múltiples ejemplos--, ni está dirigido a profundizar en la democratización de la sociedad y del poder, ni a cambiar las políticas económicas que agudizan las condiciones de miseria de los mexicanos.
La transición hacia la democracia debería contener el planteamiento de un nuevo pacto social, que fuera reflejo de una democracia social y participativa de todas las clases sociales; que fuera plural incluyente y; que contemplara los intereses de todos los sectores sociales. Pero Fox ya marcó las prioridades de su gobierno y quienes serán los relegados y los excluidos. Para la clase trabajadora se mantiene el yugo del charrismo sindical, se abarata su precio, es decir, su salario y amenaza con su existencia misma como clase con el incremento del desempleo. A los campesinos les niegan recursos y apoyos y no aprueba la ley de desarrollo rural, que pretende activar la agricultura. Es decir, la continuación de una política de total abandono para los ejidatarios y pequeños propietarios. En el campo Fox únicamente ve a los grandes agricultores y ganaderos.
Hacia los indígenas se dirige el incumplimiento de la palabra empeñada. La negación de los acuerdos de San Andrés, que hubiera significado el reconocimiento de sus derechos, ha hecho evidente el carácter reaccionario, autoritario, discriminatorio y excluyente del nuevo régimen foxista. También ha revelado el carácter conservador del Congreso de la Unión, poniendo en tela de juicio su papel en la transición hacia la democracia. Si se diera el caso de una reforma del Estado en el Congreso, ésta sería para fortalecer y dar una nueva fachada al sistema de dominación autoritario y excluyente que está acondicionando el nuevo grupo gobernante.
La paz en Chiapas está amenazada por la aprobación de la ley indígena. Dicha situación va acompañada por incremento y desplazamiento del ejército en las zonas de las que supuestamente se había retirado. Luis H. Álvarez, el comisionado del diálogo --que acusa al EZLN de incongruencia, de intransigencia y de violentar la decisión de otras comunidades indígenas--, plantea cambiar la ley sobre el diálogo que dio vida a la Cocopa. El comisionado desconoce el hecho de que fueron tanto el gobierno y los aliados conservadores del PRI como su partido, los responsables de la ruptura del diálogo y quienes amenazan con la confrontación y represión. Es significativo que varios congresos locales de estados con alta presencia indígena hayan votado en contra de esa ley. El único camino para alcanzar la paz en Chiapas es que el Congreso de la Unión apruebe la ley de la Cocopa.
La amenaza del incremento al IVA y de una ley fiscal regresiva indica las valoraciones del gobierno derechista, que se proponen agravar las condiciones de las mayorías --sustrayéndoles lo poco que les queda--, y rebajar impuestos a los que más ganan. Esta iniciativa, aunada a la de dar protección a los desfalcadores del Fobaproa, muestra para quién trabaja el gobierno.
La correlación de fuerzas a favor del cambio manifestada por la población el dos de julio no se ha materializado en una participación permanente y organizada de la ciudadanía. Hasta cierto punto es explicable: no existe un antecedente de participación mas allá de los sectores que lo hacen tradicionalmente. Pero ya empieza a mostrarse el desencanto popular ante la falta de resultados y el incumplimiento de las expectativas que el cambio había generado.
Fox pretende controlar a partir de discursos y de sus cualidades histriónicas a la ciudadanía, como si aún estuviera en campaña y, frente a esto, los ciudadanos, los sectores sociales no avanzan en la organización y exigencia de sus demandas. Tampoco la izquierda ha hecho mucho al respecto.
Y aquí la cuestión central radica en que para avanzar a una sociedad democrática, con un estado de pleno derecho, es necesaria la participación activa y permanente de la sociedad civil a través de sus propias formas de organización, que la conviertan en sujeto activo, demandante del gobierno, de los poderosos y de los partidos. Tal participación es la garantía para profundizar la transición hacia un régimen plenamente democrático y obligar a corregir el rumbo, presionando por políticas que permitan mejorar realmente las condiciones de la mayoría de los mexicanos, en oposición a las que está resuelto impulsar la derecha foxista.
Ha habido algunas movilizaciones importantes después del dos de julio. La marcha Zapatista movilizó a amplios sectores de la sociedad y atrajo apoyo y simpatías para la causa del movimiento indígena, que era la causa de los demócratas, de la izquierda. La lucha por el reconocimiento de los derechos indígenas es la lucha contra la discriminación, la exclusión, la explotación y el olvido tanto de los indígenas como de todos los marginados. Es la constatación de que una verdadera transición a la democracia parte del reconocimiento de los derechos de los diversos sectores sociales, con inclusiones, con tolerancia y respeto a la diversidad y a la pluralidad. De ahí la gravedad de la situación política.
Empiezan a soplar vientos autoritarios. Desprecio, subestimación, acusaciones, ejército, es la respuesta del gobierno a los indígenas. Cualquier intento de acuerdo para la transición deberá empezar por rectificar y recomponer la situación del nuevo agravio contra los indígenas y la paz en Chiapas. Desgraciadamente las fuerzas movilizadas en solidaridad con los indígenas zapatistas no se han mantenido sino parcialmente. De aquí se desprende tarea fundamental y urgente para la izquierda y el movimiento democrático.
Otro movimiento importante fue la tradicional movilización del magisterio democrático. Y aunque se han presentado algunas contradicciones en el proceso de conducción, los maestros democráticos siguen siendo un factor importante en la lucha por mejorar las condiciones de la clase trabajadora y de la democratización de las organizaciones gremiales. Sería conveniente que el movimiento magisterial revisara la eficacia de sus formas de acción e incorporara nuevas formas de protesta.
Lo lamentable es que el apoyo solidario de la izquierda y del movimiento democrático que recibió este movimiento fue bastante relativo. Tendremos que revisar nuestra táctica hacia los maestros. El papel histórico que han jugado en la democratización y en la lucha contra las políticas excluyentes ha sido fundamental. Pensamos que el magisterio puede y debe tener un papel protagónico en la democratización de la política y de la sociedad.
Una tarea central de la izquierda del Partido de la Revolución Democrática (PRD) consiste en comprometer al partido a apoyar, solidaria y respetuosamente, los movimientos sociales, a estrechar el vínculo con ellas y coordinar acciones comunes. Tenemos que vencer la tentación de reducir la actividad partidista a los aspectos electorales y trabajar para que, en todos los niveles, los militantes del partido sean promotores de la participación ciudadana. Que se conviertan en propagandistas del proyecto alternativo al de la derecha, en activistas solidarios con la organización y las luchas de los ciudadanos.
Tenemos la tarea central de ir develando los verdaderos intereses del gobierno derechista de Fox, de mostrar sus intenciones y sus compromisos, para que la gente razone y se convenza de que el proyecto foxista no va solucionar la pobreza, ni la injusta distribución de la riqueza.
El proyecto de la derecha está presentando serias limitaciones para su realización. La dependencia económica a los factores internacionales han hecho que nuestra economía sea sumamente vulnerable a los cambios como la recesión en Estados Unidos, por ejemplo. El proyecto alternativo construido desde la izquierda tiene que diferenciarse públicamente, en todo momento, del proyecto foxista, para que la sociedad y las clases desposeídas vayan tomando conciencia de las limitaciones y contradicciones de la derecha gobernante. De que el proyecto de la derecha encabezada por Fox no resuelve los problemas inherentes a la distribución injusta de la riqueza, sino que los agrava; que su compromiso fundamental es con los grandes empresarios y no con los sectores sociales desposeídos, ni con los medianos o pequeños productores; que sus relaciones y condescendencias con Estados Unidos lesionan y vulneran la soberanía.
El programa de gobierno y las políticas públicas que hasta ahora ha promovido son lo contrario de lo prometido. Es falso que su preocupación central sean los desposeídos, los indígenas, los excluidos. Es falso que las decisiones y las propuestas en economía tengan como eje el humanismo y que su prioridad sea el bienestar de la población.
El compromiso de la izquierda no debe estar en apoyar un gobierno que muestra que no le interesan las clases necesitadas sino como recurso retórico. La izquierda no debe ser cómplice de la política del gobierno, que está empobreciendo más a los que menos tienen y comprometiendo nuestra soberanía.
La tarea de la izquierda es impulsar un amplio bloque de fuerzas sociales y políticas que opongan resistencia a las políticas de la clase empresarial gobernante. Organizarse, obligar al gobierno a que atienda las demandas e intereses de los sectores mayoritarios.
Nuestra tarea, pues, es promover la organización de la voluntad popular que con su voto, el dos de julio de hace un año, quiso acabar con el antiguo régimen político y, hoy, ve que ha habido cambios pero no un sistema democrático, ni paso alguno para alcanzarlo.
Para alcanzar ese sistema realmente democrático, para avanzar,
es necesario que la sociedad civil participe, que se haga escuchar, que
decida. Es ella, quien debe convertirse en el factor central de la transición
a la democracia.
* Consejero Nacional del PRD y Coordinador del Movimiento de Izquierda Libertaria.