GIULIO SAPELLI Y LA LLAMADA CLEPTOCRACIA
Transparencia Internacional convocó hace algunas semanas a un foro interesante de discusión, en el cual nos reconocimos ideológicamente muchos compañeros que intentamos desde nuestra vocación y frontera colaborar para que la vida democrática se convierta en una forma de actuar y ser, en cada uno de nosotros y que los actos de corrupción se disipen del globo, por considerarse aparte de negativos, generadores de muchas falacias y rupturas de diversa índole social.
En este artículo, la consultora argentina Marta Gaba aborda uno de los temas que despertó mi interés y se centra en la investigación de un asunto serio que enfrentamos cotidianamente en diversos ámbitos de la vida pública, donde la teoría rebasa el discurso y se convierte en parte de lo cotidiano:
Cleptocracia, cuando señala Gaba: “he recordado la obra de Giulio Sapelli, llamada, precisamente, “Cleptocracia” y creo que algunos de sus comentarios son pertinentes para este Foro. Giulio Sapelli habla en su obra de la corrupción como variante de la ilegalidad económico-política y hace hincapié en la conexión de la estructura social con las conductas prácticas de los actores.
Ahora bien, señala también el autor la importancia de evitar “moralizar” el derecho y convertir al Estado en responsable de nuestra seguridad y nuestra virtud. Esto es, cada uno de los ciudadanos tiene su cuota de responsabilidad.
Suponiendo que ya tenemos normas operativas contra la corrupción en nuestros países, eso solo no aseguraría su cumplimiento. “Si el Estado fuera solamente un sistema organizado de sanciones (...) ni el Estado ni el derecho podrían tener exigencias respecto de nuestra fidelidad (...) Es solamente porque, con una decisión moral, hemos atribuido un valor que su orden, sus leyes, tiene para nosotros un poder no solo coactivo, sino vinculante”. Es decir, las leyes deben reflejar el imaginario social y la moral pública para que no sean letra muerta.
Otro punto interesante que nos lleva a la reflexión es el que señala la formación de una nueva clase dominante que no es de extracción burocrática-estatal (aunque siempre pongamos la lupa sobre los funcionarios y los políticos) sino monetaria de mercado. Esta “clase”, dotada de una mayor anomia moral, tiene un comportamiento adquisitivo que la lleva a buscar bajos costos en las transacciones, legitimando su actuar en una lógica de mercado sin mediaciones ideológicas. Pensemos en los procesos de privatizaciones de nuestros países: llevaron a adoptar legislaciones y supuestas herramientas de participación ciudadana totalmente funcionales al mercado y no a la democracia participativa.
El asunto que expone la Dra. Gaba debe ser motivo de reflexión para los círculos operativos gubernamentales e incluso aquellos otros que emanan de la libre empresa, cada vez más la fuerza de una decisión política se centra en la labor de equipo con los consorcios empresariales y el Estado no puede en muchas ocasiones determinarse sin tales consideraciones.
Ricardo Gamba, de la Fundación Paideia, que también formó parte de este foro de análisis sobre la corrupción, expone otros puntos que resultan de gran importancia cuando recurre al siguiente argumento:
En la exigencia de una opinión publica real que no tolere leyes que no se cumplan y que vea en ello un motivo fundamental de legitimación de los funcionarios públicos en general. Queda claro que las necesidades reales de aplicación de las leyes suponen de una minuciosidad y complejidad tal, que involucra desde las decisiones de las cabezas visibles del ejecutivo y judicial, hasta el comportamiento de cada funcionario y empleado que tiene en sus manos algún aspecto del procedimiento de ejecución de las leyes. Queda claro también, que la opinión publica no puede dividirse en el deseo de algunos de que se apliquen algunas (las que resultan simpáticas, beneficiosas, etc.) leyes, y no otras. O existe como una exigencia general de que se cumplan todas e incondicionalmente o no existe.
Gamba explora entonces lo que la opinión pública hace de la atención a las leyes, cuando notamos en los argumentos de Sapelli que somos nosotros los que le hemos dado atribuciones a las leyes, pero no todos, como prosigue ahora el comentario de Gamba:
Por opinión publica democrática y republicana, debe entenderse el acuerdo real y sincero de toda la sociedad de que las leyes deben cumplirse en todos los casos. Claramente tenemos en general buenas leyes, aun con detalles a corregir. El problema, evidentemente esta en el fracaso de estas sociedades por hacerlas efectivas, por asegurar el cumplimiento en cada caso particular, y en todos, que corresponda según las propias determinaciones de la ley y, no según el capricho y el gusto de quien tiene la obligación de ejecutarlas o de quienes pueden ejercer alguna presión sobre ellos.
Este enfoque obliga a trabajar sustancialmente sobre los mecanismos realmente existentes en la sociedad y el estado, en cada ordenamiento jurídico, sobre las deficiencias y fallas en los procesos de ejecución de las leyes. El problema de la corrupción se ve en toda su magnitud si se la considera como el factor fundamental por el cual la administración del estado incumple con las prescripciones legales generales, con lo que están obligados a ejecutar para hacer reales las prescripciones legales.
La corrupción, en consecuencia, no puede tratarse como un problema independiente junto a la educación, la salud, la falta de trabajo, etc., sino como la causa de la ineficiencia general para dar solución a todos los problemas de la sociedad. Esto supone una definición mucho más amplia de corrupción, tanto de las practicas que se consideran tales como de los sujetos a los cuales se atribuye, que no se limite al delito. Por corrupción hay que entender simplemente todas las practicas, que por separarse de las obligaciones que impone el ejercicio de los cargos, impiden en adecuado y eficiente cumplimiento de las leyes del estado.
Hacer del dominio público a través de estas páginas
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* Periodista.