UN ESTADO EN DECADENCIA
Lilia Cisneros *
Una de las justificaciones del Estado es la búsqueda de seguridad física y patrimonial de quienes realizan el pacto social que le da origen. Si bien actualmente no pudiera ser tan obvia la necesidad de organizarse en Estado como forma de presentar un frente común en contra de tribus agresoras que disputan el territorio o los productos del suelo, sigue siendo válido el propósito original de ofrecer al pueblo que integra un Estado determinado, la certeza de que podrán caminar por las calles, sin que les secuestren, les roben les lesionen o les quiten la vida. Asimismo los estados surgen, entre otras cosas, para que otras naciones o poderes políticos y económicos que son capaces de moverse más allá de los limites territoriales, no atenten contra la propiedad privada y pública de una patria determinada.
Con las salvedades propias del tiempo y el espacio, la mayoría de los estado modernos, reconocen y garantizan los derechos individuales a manifestarse y organizarse para la realización de diversos fines, incluso aquellos que tienen que ver con el bienestar colectivo. Pero también, el ejercicio de este derecho -que implica: la posibilidad de trabajar libremente en lo que se decida, dar espacio para disfrutar del gozo subjetivo que a algunos seres humanos les produce el dar y el apoyar a sus congéneres- debe estar controlado por las normas jurídicas que dan sustento al Estado.
No reconocer los riesgos de los excesos es un camino seguro al fracaso. Todo individuo tiene derecho a alimentase pero si lo hace en demasía la obesidad puede matarle y lo mismo se puede decir del alcohol, la cacería, la pesca o la pretensión de que la ciudadanía es capaz de conducir todo lo concerniente a la colectividad con mejor tino que las instituciones. Asuntos de interés común, como lo son los procesos democráticos, la atención de la salud, la persecución de funcionarios que se corrompen, la distribución de los impuestos, el acceso a los servicios básicos de transporte, policía, limpia, abasto de energía, agua y otros, no pueden dejase al libre albedrío ciudadano; por el contrario deben estar controlados por instancias que resistan la tentación de venderse al mejor postor; y por siglos, aun antes de la antigua Grecia, se encontró que tal posibilidad la da justamente el Estado.
Con la globalización, han proliferado una serie de entes transnacionales, que se inmiscuyen en asuntos nacionales enarbolando banderas casi siempre justificables, lo mismo el medio ambiente, que la lucha en contra de la explotación de la sexualidad infantil, pasando por la denuncia del trabajo de menores de edad, la organización de las sexo servidoras, la reivindicación de los derechos indígenas o el respeto a credos y costumbres milenarios. En más de un caso, detrás del altruismo de algunos de estos grupos que pretenden restarle al Estado posibilidades de controlarlos, existen fines aviesos, que casi siempre son semilla de violencia y hasta destrucción. Un ejemplo evidente y reciente, en México es todo lo que ha ocurrido con la Junta de Asistencia Privada (JAP).
Durante casi 90 años, esta instancia desconcentrada del gobierno, ejecutó su función primordial de garantizar, aun después de su muerte, el cumplimiento de la voluntad de ciudadanos que decidieron afectar la totalidad o parte de sus bienes a la asistencia social. Después del sismo de 1985 la audacia de personas que se percataron del gran potencial que implica la generosidad de nuestro pueblo, aunada a la ambición de ciertos políticos que vieron un nicho electoral en el llamado tercer sector; lograron convertir a la JAP en burdo escenario de protagonismo individual, puerta engañosa por la que se pretendía acceder a las cuevas de ali babá e isla de la fantasía en la que convertirían en realidad sus sueños de santidad seres humanos insulsos, aburridos e intrascendentes.
Destruir toma menos tiempo que construir y así como en New York, bastaron solo unos minutos para demoler edificios que se construyeron y sirvieron por casi seis lustros, pervertir el trabajo realizado por la JAP en casi un siglo, tomó menos de una década. Desde la sociedad civil, se politizó la Junta a partir de una serie de cambios legislativos, que permitieron a un hombre con visión clientelar apoderarse de lo que nuestros ancestros decidieron dejar como patrimonio colectivo. Con amplio conocimiento del dinero que maneja el sector asistencial, tanto a nivel nacional como internacional y al amparo de la las modificaciones que a inicio de los 90´s, se hicieron a la ley de Asistencia Privada diversos grupos de “ciudadanos respetables” aprovecharon el contexto globalizador de corporativización, dedicándose a hacer “alianzas estratégicas”, comprando, vendiendo y presionado como en cualquier mercado.
El resultado: un crecimiento artificial de IAP´s, derivado del desmembramiento de instituciones históricas como el Nacional Monte de Piedad (NMP), cuya imprenta offset de 4 cabezas, fue sacada de su patrimonio para convertirse en una editorial con la función primordial de promover la imagen de los artífices de este acto ciudadano. Con una pretensión más atenta a lo cuantitativo que a lo cualitativo, un colegio, un asilo y tres centros asistenciales que formaban parte del que hacer del NMP, se convirtieron en modus operandi de amigos y familiares de Víctor García Lizama, autor intelectual de este capítulo del que aun ahora la JAP no se repone.
La sospecha de actos delictivos en asuntos testamentarios como el del caso Hagenbeck, con cuyo haber se logró comprar voluntades en los principales medios de comunicación, otorgando fuertes cantidades a instituciones manejadas por prominentes anunciadores y comentaristas, acabó de enturbiar el manejo de la JAP -presidido históricamente por probos hombres del sector privado, con amplio conocimiento de la asistencia aunque sin intereses personales que les vincularan con esta o aquella organización- convirtiéndola en una auténtica cena de negros -con el debido respeto a las personas de color- en la que la JAP y su entonces usufructuario , logró aumentar su crecimiento artificial por la difusión del infundio de que sólo las IAP´s tendrían el beneficio hacendario para expedir recibos deducibles de impuestos y la manipulación de grupos de la iglesia con obras sociales, tradicionalmente discretos.
Factores adicionales para esta engorda de las instituciones de asistencia de 1991 a 1998, lo fueron: una tendenciosa promoción que pretendía tachar de deshonestas y lavadoras de dinero a las A.C. y la inclusión dentro de la JAP de organizaciones que nada tenían que ver con el interés social. Apoyar la pertinencia de dejar sin vigilancia a los individuos organizados independientemente de la formalidad con que lo hagan -OSC, IAP, AC- para que en esa laxitud proliferen frentes de encubrimiento de operaciones que, cuando menos, no tendrían porqué gozar de los beneficios de deducibilidad, es tanto como abrirle la puerta al caballo de Troya.
En el dramático caso de la destrucción en New, York, se especula sobre la responsabilidad de grupos fundamentalistas islámicos ¿Son organizaciones de la sociedad civil? En esta tendencia global que le ha restado espacios a los Estados nacionales es pertinente poner las barbas propias a remojar cuando se tiene conocimiento del surgimiento de grupos que con el loable pretexto de justificar la defensa del territorio o la preservación de costumbres, se constituyen en auténticos neonazis ¿En base a que criterios se otorgan beneficios fiscales a grupos sionistas que organizan en Arizona cacerías de inmigrantes?
Siendo el individuo de naturaleza veleidosa, solo el estado de derecho, puede dar una cierta seguridad de que las prerrogativas y obligaciones tengan un razonable margen de permanencia y esto alcanza también a las llamadas –equívocamente por cierto- organizaciones de la sociedad civil. En el caso que se toma de ejemplo, es pertinente recordar que, durante su función como presidente de la JAP del segundo individuo que provenía del sector público , éste utilizó el argumento de la necesidad de control gubernamental para desacreditar a las A.C. logrando así que un buen número de éstas modificaran su estructura convirtiéndose en IAP´s lo cual es pertinente tener presente ahora, que los afines a este mismo personaje, promueven entre diputados de la fracción panista de la Asamblea del D.F. la ciudadanización de la JAP como panacea.
La filantropía seguirá siendo respetable, en la medida que nuestros procesos de memoria, nos permitan recordar lo simple. Las encuestas que hoy se realizan para sustentar un cambio legislativo que retire la vigilancia gubernamental a las aciones de las IAP´s, no pueden reflejar la voluntad de los que han muerto y que encontraron en el Estado la instancia más segura para que se respetara lo que ellos desearon, so riesgo de vulnerar lo que es más valioso en la vida colectiva: la seguridad.
Seguridad que se ve socavada cuando los cuerpos de policía privada
son más poderosos que la gubernamental, seguridad jurídica
que se requiere para evitar que le priven a usted de su derecho a decidir
a quien desea dejar su patrimonio, con la certeza de que una horda de vivales
no se aproveche sólo porque tiene capacidad de manipulación
o de acceso a quienes en el poder muchas veces actúan sin pleno
conocimiento de los que es la res publica. Seguridad social, que desaparece,
tan rápido como han desaparecido en la ultima década, patrimonios
tan importantes como el de la fundación Hagenbeck, o el del mismo
Nacional Monte de Piedad, ambos dedicados ya no al beneficio de los pobres
ni los necesitados, sino al sostenimiento del poder discrecional y sin
límites de unos cuantos que pregonan las supuestas bondades de una
ciudadanización, que ni es ciudadana, ni honesta, ni justa, ni mucho
menos altruista.
* Abogada, consultora jurídica y de comunicación, escritora, periodista y fundadora de Comunicación Cultural A.C. y del Instituto para la Atención Integral del Niño Quemado de México.