LOS DESAPARECIDOS, EL FIN DE LA IMPUNIDAD Y LA LIBERTAD A LOS PRESOS POLITICOS
Gregorio Germán *
En México, la lucha por transformar el régimen autoritario ha sido larga y difícil. Millones de mexicanos con generosidad y patriotismo, han puesto su inteligencia, talento y convicciones al servicio de tan noble causa. Por desgracia, muchos de ellos pagaron con su libertad o, todavía más, con sus vidas.
Es momento de atender las demandas de los más lastimados y tan injustamente tratados sólo por levantar con valentía su voz y luchar por un México sin tanta desigualdad, con mayores oportunidades para todos, con vigencia plena de las libertades constitucionales y con autoridades respetuosas de los anhelos de felicidad de los mexicanos.
El camino hasta hoy recorrido en la ruta por la democracia, no pudiera entenderse sin el aporte de cientos de compañeros hoy desaparecidos. Debemos seguir luchando con denuedo por construir un sistema plenamente democrático, donde la transparencia y responsabilidad en el actuar de la autoridad sea parte de la normalidad en la vida de México.
El informe recientemente presentado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos representa el reconocimiento de una instancia del poder público de la atroz conducta de algunos cuerpos de seguridad que por varias décadas postraron a nuestra nación. Es tiempo de proceder con pleno respeto al principio de legalidad, del cual, por cierto, quienes se apartaron fueron justamente los responsables de hacer valer la ley.
Nada tenemos contra las instituciones, estamos claros que son producto de grandes luchas en las principales etapas de la vida independiente de nuestra nación; pero sí exigimos el castigo a quienes, como servidores públicos, abusaron de su investidura y abrieron una herida que seguirá sangrando hasta que no se condene la injusticia y el abuso de autoridad, poniendo nombres y apellidos a quienes ejecutaron material e intelectualmente los crímenes de lesa humanidad cometidos al amparo de un sistema antidemocrático, ahora en su ocaso.
Recibimos con beneplácito el anuncio de la creación de una fiscalía especial por parte del gobierno de México. En el ámbito de su competencia, es correcto proceder en tal sentido. Aunque pudiera no ser suficiente puesto que, a estas alturas, el asunto de los desaparecidos en la guerra sucia no sólo es un problema de aplicación de la ley -de la cual, por cierto, nunca debieron apartarse las autoridades-, sino que alcanza dimensiones de carácter ético, histórico y, sobre todo, atañe a la democracia en su más amplia expresión. De ahí que, más allá de la acción del gobierno mexicano, mantenemos la propuesta de la creación de una Comisión de la Verdad.
Lamentamos que las primeras acciones de la Procuraduría General de Justicia, en materia de investigar las denuncias presentadas con motivo de los desaparecidos, denoten falta de eficiencia, lo que profundiza la desconfianza social para que dicha institución se encuentre a la altura del reto que significa someter a proceso legal a los violadores de derechos humanos en México.
Es también necesario que el Poder Judicial envié un claro mensaje, ya que por mandato constitucional es a quien corresponde impartir justicia y, llegado el momento, desahogar los procesos penales, al margen de presiones de grupos de interés, que sólo han lastimado la vida de los mexicanos.
En muchos países del orbe se ha logrado poner a buen recaudo las conductas que atentan contra los derechos humanos; es urgente que remontemos el tiempo perdido. Por ello, México debe de ratificar, sin dilación, el Protocolo de Roma y así, aceptar la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. El protocolo tiene vigencia en varios países desde 1998 y su principal objetivo es que los crímenes más graves, de trascendencia para la comunidad internacional, no deben quedar sin castigo y que hay que adoptar medidas en el plano nacional e intensificar la cooperación para asegurar que sean efectivamente sometidos a la acción de la justicia.
El mejor indicador de que los partidos y demás actores políticos hacemos nuestra mejor apuesta por el avance en el proceso de reforma del Estado mexicano es cerrar para siempre el capítulo del autoritarismo y la violación a los derechos humanos. El actual gobierno es el principal obligado a encontrar a nuestros entrañables compañeros y a reparar el daño por tanto sufrimiento ocasionado, especialmente, a sus familiares y a la nación.
Hoy, como ayer, ni un paso atrás en la lucha por la libertad y la democracia del pueblo de México. Es momento de que la justicia y la historia ubiquen en su verdadero lugar a los violadores de derechos humanos de los mexicanos. Estos violadores de los derechos humanos deben de ser muchos, tomando en cuenta que son 532 los desaparecidos reconocidos en el expediente de la Guerra Sucia y que, hoy por hoy, tiene en sus manos el presidente de México, Vicente Fox, quien, dicho por él, está obligado a hacer justicia. Esperamos que así sea.
Las fuerzas armadas encargadas, por mandato constitucional, de honrar a las instituciones y garantizar la soberanía nacional, entre otras, participaron en la represión durante los años 70’. Hacer justicia, por ningún motivo significa desacreditar al ejercito sino, más bien, significa fortalecerlo ante el pueblo mexicano.
Estamos seguros que en todos estos años de lucha hemos tenido grandes logros. A estos logros estamos seguros de que se sumará el Senado de la República, recibiendo la iniciativa de reforma al artículo 21 constitucional y legislando para la posterior creación de la Corte Penal Internacional. Lo anterior, permitirá a México abrir la legítima posibilidad, en el marco de la comunidad internacional, de investigar los crímenes más graves que se han cometido en la historia de nuestro país.
De todos nosotros depende que no dejemos ir esta oportunidad que se ha abierto. Esta etapa de investigar a fondo todos estos crímenes, de trasparentar todo lo que sucedió en esa época de los 70’ fundamentalmente, como la Guerra Sucia. Estamos observando muchas presiones y va a haber cada vez más.
Declaraciones como la de los ex presidentes de México demuestran que no van a estar dispuestos a colaborar y mucho menos a reconocer la participación que ineludiblemente, de una u otra forma, tuvieron todos. Algunos por lo menos recibieron la información de qué fue lo que sucedió en la época de los 70’. Me estoy refiriendo a los últimos, pero quienes fueron presidentes en la década de los 70’ y a principios de los 80’, tuvieron que ver directamente con esos problemas.
Porque quienes participamos activamente por la presentación de los desparecidos y la amnistía, fuimos testigos de que muchos compañeros salían del campo militar número uno, los liberaban a través de la presión de nuestras luchas. Ellos siempre nos estuvieron informando que habían visto a otros compañeros y siempre nos estuvieron informando que había ahí una gran cantidad de compañeros desaparecidos en los sótanos del campo militar numero uno.
Esto quiere decir que los presidentes de la república estaban informados, los ex presidentes de ahora. Y quiere decir también, y eso lo sabemos todos, o la mayoría de los que aquí estamos, que las corporaciones policiacas locales y la Dirección Federal de Seguridad, directamente atendiendo el ministerio público, participaron en los secuestros, tortura y desaparición y que, en algunos casos, el ejército participó auxiliando.
Ellos fueron a depositar a la mayoría de los desaparecidos a los sótanos del campo militar número uno y, en ese sentido, el Ejército debió haber recibido una orden o debió haber recibido la solicitud del Poder Ejecutivo para recibirlos en sus instalaciones. El ejército siempre estuvo informado y en el ejército tiene que estar la información, en las cúpulas del ejército o en sus expedientes, por supuesto. Queremos saber dónde están, qué pasó con los desparecidos de México.
Dependerá de nosotros que continuemos con esta lucha con mucha
mayor pasión, con mucha mayor fuerza, ahínco, de lo cual
dependerá los resultados que logremos para bien de la nación,
para bien de todos los mexicanos, para que esto no se vuelva a repetir
y que la sociedad mexicana haga conciencia de que no podemos ser pasivos,
no podemos ser apáticos y que las instituciones del Estado, las
autoridades y los funcionarios del Estado nunca más les va a ser
posible que vuelvan a repetir estos hechos en la historia, en el futuro
de nuestros hijos y de la generaciones que vienen por delante.
* Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados de México.