NUEVA OLEADA DE RACISMO Y XENOFOBIA
Eduardo Tamayo G. *
Tras los atentados del 11 de septiembre, una nueva oleada de racismo y xenofobia sacude al mundo, encubierta bajo la cruzada antiterrorista de los países de "occidente", endureciendo la situación de inmigrantes, refugiados y solicitantes de asilo.
Estados Unidos está a la cabeza de la oleada pero no se quedan atrás varios países europeos, Israel, Australia y Malasia, en algunos de ellos se refuerzan los controles fronterizos y se expiden severas leyes antimigratorias.
Uno de los colectivos mayormente afectados por la xenofobia y la discriminación es el de los musulmanes que residen en Estados Unidos. De poco les ha servido a a los musulmanes codenar en público los atentados, adjudicados por las autoridades estadounidenses al empresario saudita Osama Bin Laden y la red Al Queda. De hecho han sido criminalizados, discriminados y puestos bajo sospecha sólo por sus creencias religiosas, su origen étnico o nacional.
El discurso del choque de civilizaciones y de la guerra de los buenos contra los malos constituye el telón de fondo de estas violaciones a los derechos humanos. Ahora los musulmanes son presentados por en los países de "occidente" como "los nuevos bárbaros de los tiempos modernos".
El portavoz del Comité Árabe-americano Anti-discriminación para el Medio Oriente, Imad Hamad, un ciudadano estadounidense de origen libanés, aseguró al periódico francés Le Monde (18-1-2002) que los ciudadanos estadounidenses de origen árabe viven la más grave crisis de su historia en ese país.
Después del 11 de septiembre, organismos de defensa de los derechos humanos han contabilizado 520 incidentes violentos de carácter racista contra árabes, incluidas 6 muertes y 90 agresiones. Así mismo han registrado 27 casos de discriminación en las compañías aéreas y centenares de casos de discriminación en el trabajo.
Para ganar aliados del mundo musulmán para la coalición antiterrorista, el presidente de Estados Unidos, George Bush, se aproximó a la comunidad árabe-musulmana e incluso manifestó que se debe tratarla con el respeto que se merece. Eso no ha impedido, sin embargo, que el ministerio de la Justicia y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) prácticamente institucionalicen la discriminación contra los/as ciudadanos/as estadounidenses de origen árabe.
Pese a que los investigadores no han logrado establecer lazos entre los "piratas del aire del 11 de septiembre" y la comunidad árabe-musulmana, 17,000 musulmanes fueron interrogados por la policía estadounidense. Otros 5,000 jóvenes, entre 18 y 33 años, llegados a Estados Unidos después de enero del 2000, han sido "convocados de manera voluntaria" por el FBI para una entrevista. Quienes se negaron a concurrir a las oficinas del FBI, fueron interrogados en sus domicilios.
En muchos casos, las preguntas fueron sobre temas banales, pero el operativo cumplió los objetivos de efectuar un primer control de personas y direcciones, identificar a posibles informantes, y, de paso, difundir a la opinión pública que el FBI cumple su trabajo y hace todo lo posible para proteger y garantizar la seguridad de la población de Estados Unidos.
Luego de ser interrogados, 6,000 musulmanes en situación irregular fueron llamados por las autoridades antes de ser expulsados del país. ¿Por qué las autoridades migratorias ponen la mira sólo en los musulmanes cuando en Estados Unidos hay millones de sin papeles de todas las nacionalidades? Sin duda el perfil racial ("racial profiling") marca sus actuaciones.
A ellos debe agregarse la puesta en vigencia de una legislación que recorta las libertades fundamentales y derechos humanos elementales, inspirada por el ministro de Justicia, John Ashcroft, que permite a los servicios de inmigración detener por tiempo indefinido a las personas que se encuentran en situación irregular.
Al Aplicar las leyes, centenares de personas fueron encarceladas, sin que se conozca su número, su identidad y su localización. Sólo a comienzos de noviembre, por presión pública, Ashcrof dio a conocer que fueron encarcelados 1200 personas, la mitad de los cuales todavía estaba en prisión y el resto fue liberado o expulsado. Hasta mediados de enero de este año, 460 estaban encarceladas, de los cuales 370 eran sospechosas de tener conexiones directas o indirectas con grupos terroristas, según las autoridades.
Europa, en el mismo camino
En Europea, los gobiernos más afines al régimen del presidente George Bush como el de José Maria Aznar, Silvio Berlusconi y Tony Blair son los que mejor han aprovechado los atentados del 11 de septiembre para fortalecer las legislaciones represivas y antimigratorias, en tanto que en Dinamarca, Suiza y Austria han ganado terreno los partidos de derecha que predican un rechazo agresivo a los inmigrantes.
El Consejo de la Unión Europea adoptó el 27 de diciembre cuatro medidas sobre terrorismo, con carácter vinculante para todos los Estados del bloque. Los solicitantes de asilo y refugio quedarán expuestos al poder de veto de la policía y los servicios de seguridad antes de que se les garantice su estatuto.
En Italia, el acaudalado Silvio Berlusconi, que sin ambages proclamó la superioridad de la cultura de "occidente# sobre el Islam, tres días después de los atentados del 11 de septiembre, propuso al Parlamento un severo paquete antimigratorio, en el cual se contemplan sanciones de hasta cuatro años de prisión para las personas no-europeas que, siendo ya expulsadas, regresaren en forma ilegal a Italia. Con este proyecto de ley, igualmente, se descarta la regularización de los "clandestinos", se prevé la expulsión rápida para toda persona sin papeles y se estipula que el permiso de residencia esté ligado a la posesión de un contrato valido de trabajo.
El gobierno español encabezado por José María Aznar –que ejerce la presidencia de la Unión Europea en el primer semestre de este año- ha pasado del "racismo institucional" a la represión abierta. El 22 de enero, la policía arremetió contra un grupo de "sin papeles" que estaban concentrados junto a La Alcabaza (Almería) en demanda de su regularización. Veinte de ellos fueron heridos y otros treinta y uno arrestados ye la subdelegación del Gobierno en Almería advirtió que "no va a producirse ningún proceso de regularización, ni se van a permitir en forma alguna asentamientos o medidas de fuerza para la regularización de los inmigrantes". Esta acción contra los inmigrantes coincide con el primer aniversario de la Ley de Extranjería que, según la organización antirracista SOS Racismo, sólo ha empeorado la situación de los extranjeros en España, en especial los que se encuentran en "situación irregular".
Los operativos de vigilancia y control del gobierno de Aznar no sólo se han dirigido contra los musulmanes procedentes de países "de alto riesgo" sino contra ecuatorianos y colombianos. A finales de octubre del 2001, el ministerio del Interior español puso en marcha la Operación Ludeco, con el pretexto de combatir actos de delincuencia cometidos por una minoría de ecuatorianos y colombianos. De esta manera, las 157,000 personas de estas dos nacionalidades que residen legalmente en el país están bajo sospecha. El aparato policial establece una estrecha vigilancia de estos ciudadanos, crea archivos informáticos especiales e identifica a los posibles sospechosos. ONGs y partidos políticos calificaron de xenófoba la medida ya que estimula la propagación de estereotipos racistas, equipara inmigración con delincuencia y estigmatiza a ciudadanos honrados por su procedencia nacional.
El gobierno británico de Tony Blair propuso al Parlamento una reforma del sistema de asilo con el propósito de reforzar el control de los solicitantes de asilo. El proyecto contempla construir tres centros de recepción con capacidad de tres mil personas cada uno. Previamente los solicitantes de asilo serán identificados tomándoles fotografías y huellas digitales.
A cinco meses de la Conferencia Mundial contra el Racismo, Durban-Sudáfrica,
31 de agosto al 7 de septiembre del 2001, los Estados parecen haber olvidado
sus compromisos de desterrar las discriminaciones contra los inmigrantes
y de fortalecer la solidaridad y compartir responsabilidades en la protección
de refugiados, solicitantes de asilo, repatriados y desplazados.
* Colaborador de la Agencia Latinoameicana de Información.