DOS AÑOS DESPUÉS, UN BALANCE NEGATIVO
CEG *
El balance de los dos primeros años del gobierno del Frente Republicano Guatemalteco (FRG), encabezado por Alfonso Portillo, es negativo, debido a la profundización de la crisis económica, política, moral y social del país, el abandono de la Agenda de la Paz, la corrupción generalizada, la confrontación del mandatario con el Comité Coordinador de Asociaciones Comerciales, Agrícolas, Industriales y Financieras (CACIF), la militarización de la seguridad interna y el resurgimiento de la violencia política.
Esta situación ha producido un clima de polarización, confrontación, violencia y desesperanza en la mayoría de los sectores de la población, golpeada por el hambre y por un sistema injusto, caracterizado por privilegios para una minoría oligárquica que no cambia.
Gobierno
Crece el desgaste del gobierno y del FRG, que están pagando un alto costo político por sus desaciertos, su falta de coherencia, sus pugnas internas y la falta de rumbo de la administración. A esto hay que sumar la renuncia de Ramiro De León y la amenaza de renuncia de otros diputados que están dispuestos a abandonar el barco cuando se empieza a hundir.
Ante esta situación, el FRG ha trazado una estrategia para intentar modificar la percepción negativa de la ciudadanía. Las medidas fundamentales son: un acuerdo interno de no interferencia entre los principales grupos internos de poder, especialmente entre el Congreso y el gobierno, la ampliación de la influencia del partido oficial en el gobierno y en el manejo de fondos y la obra social, ejemplificada con el nombramiento de Flora Escobar de Ramos para dirigir el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, y la apuesta política de que la seguridad interior estará en manos de militares de confianza del FRG, esperando resultados, no importando los medios.
El gobierno ha privilegiado económicamente al ejército, en detrimento de la inversión social; en el año 2001, se le otorgó 1,546 millones de quetzales, cuando su presupuesto original era de 837 millones, lo que significó el 0.94 por ciento del PIB, violando el límite de 0.66 por ciento que plantean los Acuerdos de Paz. Esto ha sido interpretado como el intento de ganar fidelidades, pero este tipo de políticas puede tener consecuencias contrarias a lo que se espera.
Para el gobierno del FRG los resultados de la reunión del Grupo Consultivo imponen una situación difícil. Tiene la necesidad y oportunidad de aprovechar los casi 1,300 millones de dólares ofrecidos por la comunidad internacional, pero tal ofrecimiento está condicionado a cambios radicales. En primer lugar, debe tomar los Acuerdos de Paz como única agenda válida para resolver la problemática nacional; y, en segundo término, debe implementar un plan profundo y serio para erradicar la corrupción. En ambos aspectos habrá resistencia de los grupos que se han beneficiado con la política tradicional.
Producto de las exigencias del Grupo Consultivo, el gobierno ha sufrido sus primeras "bajas". En primer lugar, el inicio de un juicio contra el ex ministro de Gobernación, el mayor retirado Byron Barrientos, y la salida de 20 oficiales del ejército que estaban coordinando la estrategia de seguridad en el Ministerio de Gobernación. En ambos hechos se percibe una situación totalmente coyuntural; habrá que esperar para ver si estas medidas pueden ser permanentes, por las directrices de la nueva política del Grupo Consultivo.
En las últimas semanas se incrementaron severamente los hechos de desestabilización en el país: el asesinato de un testigo de un caso de abuso de poder en el que está involucrado el vicepresidente de la república, el secuestro del presidente del Banco de Guatemala y el escándalo causado por la revelación de la existencia de cuentas del presidente y el vicepresidente en Panamá.
El desenlace de estos hechos podría ser el debilitamiento e incluso el derrocamiento del gobierno, pero, en otro sentido, podría ser que se retome la Agenda de la Paz.
Ejército
El ejército sigue siendo un factor estratégico del poder en Guatemala y ha sido el más beneficiado por el gobierno, con el presupuesto más alto de los últimos años. Hasta ahora ha sido un factor de estabilidad y ha evitado una la ruptura institucional. Sin embargo, los problemas internos y la participación de un grupo en la campaña de desestabilización pueden provocar cambios importantes.
Existe una inconformidad interna, debida al manejo político de la cúpula actual, que ha violentado la jerarquía, con la intención que el hijo del general Efraín Ríos Montt sea el próximo ministro de la Defensa, pasando por encima de los procedimientos normales de la institucionalidad militar.
A esto hay que sumar una cúpula cuestionada por el pasado de algunos de sus miembros y un poder oculto de oficiales de baja que toman decisiones importantes y que tienen presuntas implicaciones en hechos delictivos.
Otra razón de malestar es que los oficiales y la tropa no han percibido en qué invierte el presupuesto.
Toda esta situación ha provocado cambios en las estructuras de mando, protestas, inconformidades, distribución de apócrifos y el desplazamiento de jefes militares, como en el caso de general Morris Eugenio de León y el coronel Mario Roberto Grajeda Toledo.
Además, existe oposición a que un grupo de militares de baja, que tienen su propio proyecto político y económico, se encarguen de dirigir la seguridad interior del país a través del Ministerio de Gobernación. Se trata de un poder oculto, que determina un papel que no corresponde al ejército en esta etapa.
Existe al menos un grupo operativo que participa en las acciones de la campaña de desestabilización emprendida por un grupo del CACIF, ante el posibilidad de algún tipo de cambio de agenda a partir de los resultados de la reunión del Grupo Consultivo y ante la afectación de intereses o influencias de estos grupos que el cambio podría provocar.
Según los medios de comunicación, como parte de la militarización de la seguridad ciudadana se ha incorporado a más de 80 miembros de la Inteligencia Militar (G-2) en todas las dependencias de la Policía Nacional Civil (PNC), las cuales tienen la obligación de entregar informes circunstanciados a las zonas y comandos militares.
Está en investigación un confuso incidente entre miembros de la G-2 y el Sección de Investigaciones Criminológicas (SIC) de la PNC, en el que fallecieron dos militares y tres agentes del SIC resultaron heridos; en estos hechos salió a relucir una "casa de seguridad" de la Inteligencia Militar ubicada frente a la sede del partido Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG).
CACIF
El poder económico tradicional ha encabezado la oposición al gobierno actual, porque ha visto afectados sus intereses. Un grupo de empresarios participa en la campaña de desestabilización. Se trata del más recalcitrante, conservador, ultraderechista, responsable de la crisis estructural que vive Guatemala, que nunca ha pagado impuestos y ahora se niega a pagarlos.
El sector económico está dividido. Hay algunos empresarios que se han puesto al corriente con el pago de sus impuestos, lo que ha causado molestia al sector duro del CACIF, que califica de traidor al que negocie con el gobierno al respecto.
Las conclusiones de la Asamblea Empresarial no fueron las que el grupo duro esperaba, pues en el encuentro privó la moderación; no prevaleció la postura de desestabilizar al gobierno por la vía de paros y medidas de hecho, sino la de usar todos los medios al alcance, principalmente la prensa, para derrotar políticamente al gobierno y buscar su recambio mediante un proyecto político propio en las próximas elecciones.
Sin embargo, ese sector del CACIF aún no tiene creadas la instancia que pueda ganar las elecciones, se encuentra débil y dividido, con un Partido de Avanzada Nacional (PAN) que no termina de consolidarse, por las pugnas por la candidatura a la presidencia de la República, protagonizada por el diputado y secretario general de la organización, Leonel López Rodas, y el empresario recientemente incorporado Eduardo González, y con comités pro formación de partidos que avanzan lentamente en su legalización, como lo son la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), dirigido por el ex candidato a la presidencia Álvaro Colom; el Partido Patriota, del general retirado Otto Pérez Molina; y el Partido Unionista, además con una amplia gama de precandidatos presidenciales con muchas ambiciones y poca visión. Ese sector encabeza un movimiento ciudadano que impulsa, entre otras cosas, la renuncia del presidente y el vicepresidente, apoyado por algunas personalidades de la sociedad civil.
Estados Unidos
Estados Unidos sigue siendo un actor y un factor de poder estratégico fundamental, que ha aprovechado la debilidad del gobierno para imponer su política nacional e internacional, con mayor impulso a partir del 11 de septiembre, sobre la base de la priorización de la seguridad por sobre todos los derechos y libertades. Específicamente, ha impuesto la lucha antiterrorista y aumentado el control de la migración, asuntos que para Guatemala no constituyen amenazas.
Es clara la expansión económica estadounidense a través del impulso del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y sus sedes regionales como el TLC con México y el Plan Puebla Panamá (PPP). Todas estas iniciativas vienen a sentar una estrategia básica: consolidar el mercado de Estados Unidos en América Latina, por encima de otros competidores.
Estados Unidos ha jugado un papel clave en el sostenimiento en el poder de Portillo. Incluso hoy hay tropas estadounidenses permanentes en Guatemala, como parte de su estrategia de presencia militar en el mundo. ¿Que hacen en Guatemala?
Este factor estratégico en cualquier momento puede ambiar de aliados en función de sus intereses, y, de ser así, los días del Presidente estarían contados.
Grupo Consultivo
El 11 y 12 de febrero se llevó a cabo en Washington la reunión del Grupo Consultivo, en la que representantes de la comunidad internacional evaluaron los avances del proceso de paz. El encuentro tuvo la particularidad que el gobierno presentó su "Estrategia de Reducción de la Pobreza (ERP)", una agenda que pretendía sustituir a los Acuerdos de Paz pero que fue cuestionada por la sociedad civil y la comunidad internacional.
Una característica fue el posicionamiento de la sociedad civil en una sola dirección: los Acuerdos de Paz como única agenda. Aparte de la posición unificada de la sociedad civil y de la comunidad internacional ante el incumplimiento del gobierno, también se criticó duramente al CACIF su poca colaboración con el financiamiento de la paz y su negativa a pagar impuestos.
Las resoluciones de la reunión del Grupo Consultivo fueron las siguientes:
Sociedad civil
La sociedad civil tiene ante si un gran reto, así como una gran oportunidad, ya que se abre una perspectiva de cambio de rumbo de la política del gobierno, para poder retomar los Acuerdos de Paz con apoyo de la cooperación internacional. Es importante participar en este nuevo esfuerzo, aunque hay grandes dificultades para lograrlo por la pugna de intereses que se está dando.
En este nuevo camino, se afectarían intereses de un grupo del CACIF y un sector militar, que harán todo lo posible por manipular a la opinión pública y evitar la aprobación de importantes reformas a leyes financieras y la reforma fiscal, para conservar los privilegios del poder militar oculto. Por lo tanto, esos grupos seguirán su campaña de desestabilización. El reto a corto plazo es evitar el rompimiento institucional que buscan.
Por otro lado, el grupo de militares aliados al sector duro del CACIF también seguirá su campaña de intimidación, amenazas y desestabilización con el objetivo de intimidar a las organizaciones sociales y de derechos humanos y a la oposición política, para intentar neutralizar el descontento por el incumplimiento de los Acuerdos de Paz y la situación reinante.
Los conflictos de tierra ya son una constante, la lucha de las organizaciones campesinas para resolver este grave y complejo problema se enfrenta con la actitud de finqueros y autoridades, que ven en la represión la única forma de enfrentarlo. La Agenda de la Paz tiene las propuestas adecuadas al respecto, que se han incumplido por parte de dos gobiernos.
Conclusiones
A la sociedad le quedan importantes retos. El primero es aprovechar la coyuntura actual para redefinir el rumbo del país y volver a la agenda de los Acuerdos de Paz, luchando por su cumplimiento y contra toda resistencia que se presente, dentro del marco institucional. Es decir, lograr por la presión popular un cambio de agenda en el gobierno de turno.
El segundo reto es de mediano plazo: construir una alternativa política
viable, aglutinada en la bandera de los Acuerdos de Paz, que pueda ofrecer
a los guatemaltecos una opción diferente al continuismo de la derecha
militar del FRG y diferente al proyecto político de la derecha empresarial
organizada alrededor del CACIF. Este es el reto de los guatemaltecos que
creen en una Guatemala diferente con una democracia real, participativa,
con justicia social.
* Centro de Estudios de Guatemala.