EL DESARROLLO RURAL DE MÉXICO EN EL SIGLO XXI

Erick Villanueva Mukul *

La situación de México en los inicios del siglo XXI

La orografía del suelo mexicano, accidentada por sus enormes sistemas montañosos que se prolongan a todo lo largo del país, el reducido espesor del perfil taxonómico, o sea la capa cultivable de nuestros suelos, que hacen frágiles nuestros ricos ecosistemas; la desigual distribución del agua; la aridez creciente de sus áreas cultivables y la sequía, ambos generados por el calentamiento del planeta y que constituyen fenómenos naturales que arrasan cultivos, ganadería y pueblos enteros; y en otros casos las inundaciones generados por tormentas tropicales, trombas o huracanes, hacen cada vez más difícil la actividad productiva del campo;

México ocupa el cuarto lugar en biodiversidad; pues entre su abundante riqueza biológica podemos señalar, como simples ejemplos, que: nuestro territorio nacional alberga entre el 8 y el 12 por ciento del total de las especies del planeta, ocupamos el primer lugar en reptiles, el segundo en mamíferos terrestres y el cuarto en anfibios; contamos con el 30 por ciento más, de especies de aves, que Estados Unidos y Canadá juntos, y en nuestros bosques hay más de 25,000 especies de mariposas y polillas y más de 1,500 especies de abejas; entre otras riquezas de plantas, musgos, cactus; y una gran variedad de flores, frutas, hortaliza y legumbres, entre otras especies.

Hemos generado, dentro del país, dos sectores rurales: un número importante de grandes y medianas unidades productivas, modernas, con acceso al financiamiento y a tecnologías avanzadas; dedicadas a la producción de bienes destinados al mercado interno o para su exportación; que poco a poco han ido asimilando las coberturas de precios en bolsas internacionales y adaptan sus cultivos a dichos precios y coberturas. Sólo el 30 por ciento cuenta con capacidad de producción para la exportación y con los niveles de competitividad necesarios para poder incursionar y mantenerse en los mercados internacionales.

También tenemos más de 29,000 ejidos y comunidades agrarias, que agrupan a más de 3.5 millones de ejidatarios, que producen maíz u otros granos básicos, en muchos casos con fines de autoconsumo; en condiciones de pobreza, pobreza extrema y minifundio; aquí, y en estas condiciones, habitan más de cinco millones de familias que constituyen poco más del 25 por ciento de la población total del país.

Con relación al segundo grupo mayoritario y marginado es importante señalar que, según la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO), diversas encuestas levantadas en varios países arrojan evidencias de que los ingresos de las familias rurales provienen de diversas fuentes, y que los ingresos extraagrícolas muestran una tendencia creciente. En México, las familias rurales que poseen menos de dos hectáreas sólo alcanzan a obtener del cultivo de sus parcelas el 10 por ciento de sus ingresos totales. Entre las principales fuentes de ingresos extraagrícola están la migración temporal a Estados Unidos, la renta de sus tierras o aparcería, empleándose como obrero o laborando en el comercio u otros servicios, así como la elaboración de artesanías, entre otras.

La propiedad social integrada por los ejidos y las propiedades comunales, con un total de 3.5 millones de familias campesinas, poseen más de 100 millones de hectáreas, esto es, más del 57 por ciento de los 175 millones de hectáreas rurales. Estas tierras, cada vez en mayor proporción están siendo explotadas por mujeres, ancianos y niños; pues la mitad de los campesinos cuentan con más de 50 años y el 18 por ciento tienen más de 65; por otra parte, en 1970 existían 31,459 ejidatarias, en tanto que en enero del 2000 ya se tenían registradas 362,581 ejidatarias, lo cual implicó un crecimiento de 1,952 por ciento en los últimos 30 años del siglo pasado. Esta población rural activa configura una estructura productiva inadecuada, debido a que las personas de la tercera edad son renuentes a la reconversión de cultivos,  y a la adopción de nuevos procesos productivos o de tecnologías modernas.

El minifundio es otro de los problemas que obstaculiza el desarrollo del sector rural, pues el 60 por ciento de las unidades de producción (sociales y privadas), cuentan con menos de 5 hectáreas y su explotación no satisface las necesidades básicas de las familias que las trabajan; además, por la formación de nuevas familias de las nuevas generaciones, el 20 por ciento de los ejidatarios ha fraccionado sus predios en tres o más parcelas; el 25 por ciento de las familias ejidales sobrevive con menos de un salario mínimo mensual; cada familia ejidal cuenta con 5.5 miembros en promedio cuando la media nacional es de 4.5 miembros; y en cada ejido residen, en promedio, 289 personas que no poseen tierras. En estas comunidades radican los más pobres de los pobres, los que sólo cuenta con su fuerza de trabajo para poder sobrevivir, grandes conglomerados de jornaleros agrícolas integrados por campesinos sin tierra e indígenas, que viven en situación de extrema pobreza; la cual avanza incontenible en la mayor parte del país, encontrándose Estados como Yucatán, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, entre otros, en los cuales llega a afectar al 70, 80 ó 90 por ciento de la población.

El enorme contraste de ingresos, de condiciones productivas y tecnológicas y nivel de vida, siempre ha complicado el diseño de las políticas económicas agropecuarias, así como su instrumentación; y han generado polémicas en cuanto a la decisión de apoyar la equidad o la eficiencia, la justicia social o la libre empresa.

Además, este sector, que durante un largo periodo de nuestra historia reciente estuvo protegido, apoyado y regulado por el Estado; a partir de los años ochenta, se ha ido abandonando paulatinamente  a las fuerzas del mercado, bajo el supuesto de que el libre juego de la oferta y la demanda determina la mejor asignación de los recursos.

A partir del 1 de enero de 1994, con la entrada en vigor del TLCAN, México, de ser una de las economías más cerradas se ha ido convirtiendo en uno de los países más abiertos del mundo, iniciando así una etapa irreversible en sus relaciones económicas internacionales. En esta nueva situación encontramos que: organismos internacionales como la Organización Mundial del Comercio (OMC) o el Fondo Monetario Internacional (FMI), países como los Estados unidos y los de la Unión Europea y tratados comerciales como el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), que actualmente se encuentra en proceso de negociación;  tienden a desregular y abrir los sectores agropecuarios nacionales al libre comercio, eliminando todo tipo de subsidios directos al productor o para la promoción de las exportaciones. Esta es una realidad que tarde o temprano nos alcanzará y, para entonces, o hemos logrado en el campo un nivel de desarrollo equiparable al de nuestros principales socios comerciales, o una proporción mayoritaria de las actividades agropecuarias de México estarán condenadas a desaparecer, sometiendo al país a una peligrosa dependencia alimentaria.

Opciones de políticas de desarrollo rural

En este contexto, las posibles políticas del sector rural parecen reducirse a solo dos opciones: instrumentar políticas agropecuarias incluyentes, de apoyo y defensa de los pequeños y medianos productores; de los ejidatarios, comuneros y productores privados, frente a la competencia del exterior; con el fin de desarrollar sus capacidades productivas y explotar sus ventajas comparativas, hasta que por sí solos puedan hacer frente a las implacables condiciones del mercado internacional.

La otra alternativa sería la de instrumentar políticas agropecuarias excluyentes, destinadas a apoyar exclusivamente a las grandes empresas agropecuarias y agroindustriales, nacionales o extranjeras y a las medianas empresas con potencial productivo, especialmente con capacidad de exportación. Lamentablemente ésta parece ser la opción elegida por la actual administración, por ello debemos prepararnos para lo que vendrá; y debido a que la población del campo está al borde de la ruina y la desesperación, no es difícil prever que el campo mexicano, en los próximos años será escenario de graves conflictos sociales.

La estrategia del actual gobierno de convertir en “empresarios” a los ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios, y los instrumentos como el Procampo y la Alianza para el Campo, son insuficientes, en el corto y el mediano plazo, para enfrentar y resolver esta problemática.

Los problemas que nos han rebasado

Algunos Jefes de Estado opinan que: “la tecnología ha reemplazado la utilización del suelo como fuente de prosperidad económica”; en tanto que, recientemente, el ex presidente de Costa Rica, José María Figueres, señaló que “algunos opinan que la decadencia de la agricultura no es algo tan grave: que nuevas industrias y nuevos servicios podrán sustituirla con creces. Quienes así piensan, se olvidan de que no podemos rehacer nuestras estructuras productivas de un día para otro, como si se tratara de aparatos mecánicos que se pueden rearmar con facilidad. Estamos hablando de sociedades enteras, cuyas formas de relación interna, con su territorio y con sus recursos naturales, se ha ido creando a lo largo de historias particulares a partir de esas estructuras de producción”.

El sector rural de México es mucho más que un sector productivo; en nuestro medio rural se generó nuestra revolución mexicana, ha jugado un papel  decisivo en nuestra historia reciente, contribuyó de manera importante en nuestro proceso de industrialización; concentra, con la cuarta parte de la población nacional, un enorme acervo: étnico, cultural, histórico, rico en tradiciones, nuestras reservas ecológicas, muchas de nuestras reservas boscosas y minerales y una enorme biodiversidad que aún no ha sido posible clasificar en su totalidad.

Los problemas no concluyen ahí; con la aparición de la biotecnología, esto es: la ingeniería genética, el cultivo de tejidos y la clonación; el desarrollo tecnológico de los países desarrollados y especialmente de nuestros principales socios comerciales: Estados Unidos y Canadá, han avanzado enormemente abriéndose así, entre ellos y nosotros, una brecha tecnológica casi insalvable; pues se requieren millonarias inversiones para la adquisición de equipos y de las instalaciones adecuadas, así como para la preparación de recursos humanos altamente especializados, e invertir cuantiosos recursos durante muchos años, para poder lograr descubrimientos que no siempre son explotables comercialmente. En México contamos con muy pocos especialistas en esta materia y con equipos que en su mayoría han sido donados por Estados Unidos o Canadá.

Además tendremos que afrontar, por si lo anterior no fuese suficiente, las barreras comerciales, la competencia desleal, y las medidas proteccionistas impuestas especialmente por Estados Unidos; y de paneles de controversias comerciales mejor ni hablar, puesto que son por todos conocidos los problemas que han afrontado los transportistas mexicanos y nuestros productos nacionales, como el atún, el aguacate, el cemento, el azúcar, etc., para poder ingresar al mercado norteamericano.

A ello han que agregar un detalle más; en 1999 la Secretaria de Salud, Donna E. Shalala, y el Secretario de Agricultura, Dan Glickman, generaron la famosa “Ley de Inocuidad Alimentaria”; la cual no obstante que constituyó una decisión de Estado que exigía a los productores que exportan a Estados Unidos, determinadas prácticas sanitarias en la producción, cosecha, proceso, empaque y transportación, de productos alimenticios, especialmente agropecuarios, para evitar enfermedades típicas del tercer mundo; en realidad constituyó una barrera (no arancelaria) para nuestras exportaciones a la unión americana.

Como consecuencia de todo ello, y como simples ejemplos, podemos señalar que sólo de maíz, esto es del más importante de nuestros granos básicos, en 1994 importamos poco más de tres millones de toneladas y en 1996 alcanzamos la cifra récord de 6.3 millones de toneladas, y de 1998 al 2000 hemos importado en promedio 5.2 millones de toneladas. Estas compras externas que en 1982 tuvieron un costo total de 37.6 millones de dólares, en 1988 ascendieron a 393.8 millones de dólares y en 1996 se elevaron a 1,062 millones de dólares; en esos mismos años las compras externas de trigo pasaron de 87 millones de dólares a 137.3 millones de dólares y cerraron con 427.2 millones de dólares. Esta tendencia creciente de nuestras importaciones de granos básicos, que se repite en las oleaginosas, leche en polvo, frutas y alimentos manufacturados, muestra la enorme dependencia alimentaria que afrontamos desde hace varios años y que crecerá de manera alarmante a partir del 2003. La situación que se aproxima es sumamente alarmante, y lo peor es que el gobierno mexicano aún no se da por enterado.

La apertura programada para el 2003

Tenemos que considerar que, de acuerdo con los compromisos contraídos en el TLCAN, a partir del 1 de enero del 2003 se iniciará una desregulación arancelaria acelerada para los productos agropecuarios de los tres países, de tal forma que sólo el maíz, fríjol y la leche procedentes de Estados Unidos y Canadá podrán continuar siendo gravados; y todos los demás productos agrícolas o ganaderos podrán ingresar al país libres de todo impuesto. Los productores de papa ya anunciaron que esta será su última siembra, los dueños de las granjas avícolas, en particular del estado de Puebla, en el centro de México, están rematando sus negocios; los productores de arroz, trigo, sorgo, cebada, oleaginosas, frutas y los ganaderos están buscando desesperadamente dedicarse a otras actividades productivas o emigrar, los copreros y los caficultores afrontan ya desde hace algún tiempo, la peor crisis de su historia; entre otros casos.

Diversas organizaciones campesinas han declarado que México no está preparado para enfrentar la competencia agropecuaria de Estados Unidos y Canadá, porque en esos países los agricultores reciben importantes subsidios, su tecnología es muy superior a la nuestra y disponen de financiamiento, maquinaria avanzada, insumos y fertilizantes a precios accesibles.

Es probable que en el 2003 ó a más tardar en el 2004, una proporción mayoritaria de nuestros productores rurales abandonarán sus actividades agropecuarias, sin que hasta la fecha cuenten con opciones o alternativas viables para poder sobrevivir con sus familias.

Si bien es cierto que es necesario: promover el consumo de la producción nacional, resaltar sus particularidades y pugnar porque los productores primarios refuercen su economía, y se apropien cada vez más del valor agregado de sus cultivos, a través de los mecanismos de pignoración y de cobertura de precios. Nos parece que la actual administración no ha evaluado la magnitud del problema, ni ha comprendido que solo faltan nueve meses para que este problema estalle. El gobierno de México debería tener ya instrumentado un programa emergente para proporcionar empleo a los cinco millones de familias que habitan en el sector rural, en actividades alternativas relacionadas con el sector agropecuario; en caso contrario los campesinos emigrarán a las principales ciudades del país, incluyendo el la ciudad de México, en busca de empleo, con las consecuencias conocidas.

Puede dejarse de mencionar que el problema de los países pobres y de los emergentes, no se reduce al monto de ayuda que los países ricos puedan destinarles; sino que tiene que ver con su pasado colonial, con sus relaciones posteriores de dependencia e intercambio desigual y con las actuales políticas económicas, financieras y comerciales impuestas por los organismos económicos y financieros mundiales. Este es el verdadero problema y por ello la reunión de la ciudad de Monterrey, en el norte de México, servirá de poco. Además, la ayuda también está siendo condicionada al mantenimiento y profundización de las actuales recetas neoliberales; por lo cual los problemas de pobreza se agudizarán aún más.

Políticas propuestas para el desarrollo rural

Por todo lo expuesto consideramos que es apremiante diseñar e instrumentar una estrategia integral, en la cual se combinen y complementen las políticas destinadas a fortalecer los procesos productivos del sector rural, con las acciones de la política social. Dentro de esta última, es necesario que las acciones de: educación, formación y capacitación; salud; las de protección, conservación y renovación de los recursos naturales; la construcción de infraestructura y generación de empleos, entre otras, se integren en una estrategia única, que garantice la consecución de objetivos y metas que realmente coadyuven a incrementar el nivel de vida de la población rural.

En tanto que las políticas de apoyo y fomento de los procesos productivos, destinados a incrementar la producción, la productividad, la calidad y rentabilidad del sector rural, deben incluir programas sólidos de mercadeo que garanticen la realización de la producción agropecuaria; así como sistemas de supervisión y control que permitan homogenizar los estándares de calidad, para elevar su competitividad y mantenerla en los niveles requeridos por los mercados internacionales. De acuerdo con lo anterior,  es importante destacar los siguientes lineamientos de la política de desarrollo rural propuesta:

En primer lugar, no tenemos otra alternativa más que iniciar un proceso de renegociación del TLCAN en lo relativo al sector agrícola mexicano, con base en la evidencia de que este sector está gravemente amenazado por la competencia de las importaciones, especialmente norteamericanas, y recurrir a las “salvaguardas”, que son las únicas que pueden frenar las importaciones, funcionando como una especie de salvavidas, aunque sea temporalmente. Sin embargo, estamos conscientes que de acuerdo con lo pactado en el TLCAN, México tendría que otorgar otros beneficios para compensar tanto a los Estados Unidos como a Canadá.

En segundo lugar, renegociar las carteras vencidas con el propósito explícito de beneficiar al agro mexicano; e instrumentar, una política de precios, lo suficientemente altos, con incrementos escalonados en el mediano y largo plazo, con el fin de darle rentabilidad al campo, capitalizarlo y tecnificarlo especialmente en el área de la biotecnología. De esta manera, por una parte el sector rural quedaría protegido de las oscilaciones de los precios internacionales y de la competencia desleal que hemos afrontado de manera reiterada especialmente frente a los Estados Unidos; y por la otra, se alcanzaría la suficiencia alimentaria, es decir, la posibilidad de cubrir totalmente la demanda del mercado interno, contribuyendo al equilibrio de la balanza de pagos y a la reactivación de la economía nacional; así como a la estabilidad social, manteniendo a los campesinos en sus zonas de residencia, con empleo y con un mejor nivel de vida y, en consecuencia, se tendría garantizada la soberanía alimentaria.

Asimismo, es necesario ampliar los programas específicos de la Alianza para el Campo, e incrementar de manera significativa tanto el monto de los recursos federales y estatales canalizados a dichos instrumentos, como el universo de los apoyos que se oferten a los productores rurales. Todo ello en un contexto de apoyos diferenciados, en el cual se reconozca la dualidad de las unidades productivas; y se fortalezca a las pequeñas y medianas empresas agropecuarias con potencial productivo; pero también y de manera prioritaria a los ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios marginados y que sobreviven en condiciones de pobreza. De acuerdo con ello se propone: conceder a las pequeñas y medianas empresas integradas por ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios, créditos a tasas preferenciales vinculados a programas de aseguramiento con apoyos fiscales para cubrir las primas de seguro; organizarlos para la producción, formarlos, capacitarlos e inducir su ingreso y permanencia en el mercado con el apoyo sistemático de personal experimentado, integrar cadenas productivas por producto y región y establecer corredores agroindustriales en los cuales se industrialicen los productos del campo, con el fin de lograr un mayor valor agregado en beneficio de los campesinos.

Al mismo tiempo, se deberán modificar la figura jurídica del órgano desconcentrado “Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria” (ASERCA), para convertirlo en una paraestatal con funciones ampliadas, con el fin de que, en un periodo de dos o tres años, intervenga directamente en la comercialización y ofrezca servicios de almacenamiento a los productores rurales,

Simultáneamente, la misma paraestatal deberá iniciar los trabajos para promover la creación de una bolsa agropecuaria nacional; con la cual los productores rurales podrán contar con servicios de: información y fijación de los precios internacionales de los productos agropecuarios, cobertura de precios, almacenaje, control de calidad, puntos de entrega, fondos de autoaseguramiento, etc.; estos trabajos deberán complementarse con intensos programas de información, formación, educación y capacitación de los propios productores rurales, apoyados por especialistas en la materia, para que puedan apropiarse paulatinamente de dicha bolsa agropecuaria. De esta forma, al consolidarse la operación de esta figura y al ser apropiada y operada por los propios productores, entonces podría liquidarse la paraestatal mencionada o reducirse para cumplir las funciones que resulten estrictamente necesarias.

El Gobierno Federal deberá llevar a cabo un ambicioso programa de construcción de infraestructura, especialmente en lo relativo a: obras hidroagrícolas, corredores agroindustriales; conservar, ampliar y articular la red de transporte; construir puentes, caminos rurales y alimentadores y aumentar los ejes troncales; extender la electrificación y la red de telecomunicaciones rurales, etc., para permitir la entrada ágil y oportuna de los insumos y servicios requeridos por el sector rural, y la salida fluida de la producción agropecuaria.

Diseñar e instrumentar una amplia promoción de tecnologías alternativas de bajo consumo energético, probadas y comprobadas, que garanticen niveles internacionales de productividad, producción y calidad; como son: invernaderos, hidroponía, cultivos orgánicos, etc., de tal forma que cada vez en menor superficies se concentren mayores niveles de producción. Por ejemplo, la producción de cultivos orgánicos, llamados también productos ecológicos o biológicos debido a que excluyen el uso de agroquímicos;  constituye una tendencia mundial de cambio en la demanda de alimentos, en la búsqueda de mayor calidad, productos saludables e inocuidad; en esta especialidad México ocupa el segundo lugar en el ritmo de crecimiento de superficies cultivadas, después de Italia; ya que en el año 2000 poco más de 33,000 agricultores mexicanos cultivaron productos orgánicos en 103,000 hectáreas, registrando un crecimiento anual de 49.9 por ciento; ( el crecimiento anual alcanzado por Italia fue de 53.7 por ciento) y exportaron 139.4 millones de dólares, casi cuatro veces más que en 1996; el café aporta el 66 por ciento de esta producción, concentrada en su mayoría en Chiapas y le siguen en importancia el maíz azul y blanco, el ajonjolí, entre otros.

Se propone también instrumentar de manera simultánea, un amplio programa de promoción de actividades productivas, alternas, vinculadas al sector agropecuario, para la explotación racional y sustentable de los recursos naturales de la localidad, como son: artesanías, proyectos de ecoturismo, creación de empresas rurales productoras de quesos, dulces, hilados y tejidos, carnes frías, embutidos, plantas medicinales, productos exóticos, etc., así como promover la instalación, en el sector rural, de agroindustrias, maquiladoras, pequeñas y medianas empresas comercializadoras o prestadores de los servicios requeridos por dicho sector, con el fin de: propiciar la generación de empleos, arraigar a los campesinos en sus comunidades, disminuir la migración de los mismos, mejorar el ingreso rural promedio y, en consecuencia, elevar el nivel de vida de las familias campesinas.

En virtud de que el Programa de Apoyos Directos al Campo (Procampo) se ha convertido en un instrumento eficiente sólo para los grandes productores, en tanto que para la inmensa mayoría de los beneficiados constituye un apoyo meramente asistencial; se sugiere reorientarlo para que conjuntamente con los programas específicos de la Alianza para el Campo, apoyen los procesos productivos por producto y de manera regional; de tal forma que se logre la reconstrucción de las cadenas productivas regionales; y se retome el compromiso original de mantener este apoyo, en términos reales, en un monto equivalente a los 100 dólares por hectárea.

Habría que instrumentar un amplio programa de recuperación, protección y explotación forestal. La protección de los bosques se ha convertido en una prioridad internacional, por ello el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo operan programas especiales para al conservación y protección de los bosques, destinando para ello cuantiosas sumas. Con el apoyo de dichos recursos y los que la Federación destine a este programa, tendríamos que prevenir y combatir los incendios forestales; recuperar las zonas deforestadas, combatir las plagas y enfermedades de los árboles; y regular y controlar la explotación forestal, buscando emular a los Estados Unidos y Canadá, que desde hace más de cien años han logrado construir una verdadera industria a partir de la madera, en la producción de muebles, celulosa, y diversos productos más.

* Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de México.

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