EMERGENCIA ALIMENTARIA
Podrán faltar muchas cosas, pero en Argentina hay una especial voluntad para cambiar el eje de los problemas que impactan al pueblo en su desarrollo individual y colectivo. Hasta la puesta en marcha –con sus idas y vueltas- de un nuevo plan de empleo, o subsidio a la miseria y la exclusión, puede pasar a segundo plano detrás de la posible detención del ex presidente Fernando de la Rúa, o el encarcelamiento preventivo de Domingo Cavallo, el último eslabón de una cadena que permitió el contrabando ilegal de armas a Croacia y a Ecuador.
Más allá de lo gestual que intenta sugerir una justicia menos aletargada y permisiva, ninguna de las dos causas terminan siendo demasiado definitorias de la gestión de gobierno. Ni a De la Rúa se lo convocó por las muertes del 20 de diciembre, ni a Cavallo por los negociados en los que estuvo enredado –como el megacanje- y en ninguno de los dos casos, se están juzgando las consecuencias de una gestión que, apoyada por una clase política caduca, empujaron al país a esta crisis terminal.
Aunque se intente explicar a partir de la politización del fuero penal económico. Como si esto pudiera ser excluyente. Sobre estas situaciones no hay que equivocarse ni anestesiarse, a riesgo de perder de vista los elementos fundantes de un nuevo país, aunque conviene no minimizar la acumulación de causas judiciales. La primera materia que debieran rendir quienes se postulen a un cargo electivo con capacidad de transformar la calidad de vida del pueblo, debiera ser obligatoriamente un curso práctico de pobreza, de miseria, de exclusión social.
Pero no para las fotos como alguna vez lo hiciera Graciela Fernández Meijide. Sino para oler la piel de los que noche a noche registran las bolsas de basura en busca de alimento para sus hijos. Para que vean desde la realidad más atroz, las pancitas del futuro del país hinchadas por la desnutrición. Para que sientan lo degradante que para un hombre o una mujer supone la imposibilidad de ganarse el sustento con su trabajo digno al que tiene derecho. Para que no hablen de la destrucción del hospital público sólo cuando se está en la tribuna, o de educación sin conocer a las escuelas ranchos, que más parecen taperas, con maestras que esperan. Y sino aprendieran entonces habría que echarlos por mala praxis.
Una emergecia postergada
Eduardo Duhalde acaba de anunciar subsidios de 150 pesos para los jefes y jefas de familia. Hace tres meses, ese importe tenía un valor adquisitivo que hoy quedó menguado, pero no a la manera de la licuación de pasivos que beneficiaron a los grandes holdings y corporaciones transnacionales.
Y acá no vale el “esto es mejor que nada”, a menos que se niegue el derecho que le asiste a los excluidos. Al presidente le prometieron (¿) que habría dinero para ese paliativo, suponiendo que saldría de las retenciones que minuto a minuto suman más rechazos por parte de las más importantes empresas y de sus lobbystas, entre ellos algunos gobernadores justicialistas.
Pero el gobierno no ha logrado todavía siquiera fijar, imponer si fuera necesario, plantearle a la sociedad que está dispuesto a como de lugar a disponer la emergencia alimentaria en el país, porque está inmerso en una discusión increíble, como el determinar cuántos y cuáles artículos componen una canasta familiar básica. Porque tiene un funcionario, como el secretario de Defensa del Consumidor, Pablo Challú, que ni siquiera tiene noción de cuál es su significado y que le dice a Duhalde al oído que los precios no se están alterando demasiado. Se está trabajando con la misma mecánica utilizada para determinar una canasta de medicamentos, la mayoría de los cuales no se utilizan normalmente.
Con precios trepando por ascensores modernos, no sólo el subsidio es una migaja, sino que el salario de la mayoría de los trabajadores con empleo no alcanza ni siquiera para cubrir las necesidades primarias, aunque las estadísticas mentirosas ubiquen la inflación en un dígito porcentual. Estamos quiérase o no en emergencia alimentaria, y si no se atiende, la crisis terminará explotando.
En este país se discute que como producto de un default mendaz, los mayores operadores de cable del país, tengan dificultad para renovar contrato con la CNN censurada por el gobierno estadounidense, en lugar de preocuparse por la violación al derecho de información que supone miles y miles de familias a las que en sus hogares no entra la CNN, y ninguna otra señal de televisión cerrada, porque incluso muchos hogares de clase media desvalorizada –los que se incorporan como nuevos pobres- recortan el servicio de un presupuesto cada vez más exiguo.
Nadie puede desarrollarse en un país que no se desarrolla, y ningún país se ha desarrollado en medio de una deuda externa impagable, con un modelo de exclusión y con las recetas que siguen planteando los organismos financieros internacionales. Porque responden fundamentalmente a los intereses de los países ricos, y hasta ahora nada indica –la Cumbre de Monterrey es un claro ejemplo- que estén demasiado preocupados por el desarrollo de los países pobres.
Es más, si las economías emergentes alcanzaran un nivel de desarrollo sustentable –como se dice- las reglas de juego de la distribución de la riqueza cambiarían radicalmente y nadie, mucho menos el imperio, está dispuesto a compartir la mayor tajada de la torta.
Un país normal es un país en serio, que no otra cosa significa
poner el acento en la mayoría del pueblo, respetando su dignidad,
recuperando su voluntad soberana y definiendo que un nuevo modelo de construcción
nacional y popular, configura la única utopía realizable,
capaz de confrontar con legítimo poder por una democracia real,
con justicia social.
* Periodista.