NO MÁS MEDIOS A MEDIAS EN MÉXICO
Hace unos meses, técnicos de la Secretaria de Comunicaciones y Transporte de México allanaron un pequeña vivienda en el pueblo de Santa Ana Tlacotenco, en la delegación de Milpa Alta en el sur oriente de la ciudad de México.
Tras “una denuncia”, los agentes decomisaron un pequeño transmisor por medio del cual el colectivo de “Radio Vertex ” emitía sus señales a la región como parte de los esfuerzos de un grupo de jóvenes inquietos de hacer comunicación comunitaria.
El caso no es el único, pues en Chiapas se registró otro similar. En México, el hacer radio comunitaria es un delito penado por el gobierno, que ha otorgado ese derecho sólo a las grandes corporaciones como Televisa o Azteca.
En México, la legalización de las radio comunitarias, cuyos colectivos se ven obligados a realizar sus esfuerzos como si fuera delincuentes, perseguidos por las autoridades, por lo que hay una fuerte discusión y lucha por cambiar las leyes de radiodifusión vigentes. El centro de la discusión es la democratización de los medios de comunicación y el derecho de los ciudadanos a contar con sus propios medios.
Dos años después de la toma de posesión del gobierno del presidente Vicente Fox, tras más de 70 años monopolio del Partido Revolucionario Institucional, la legalización de las radios comunitarias es aún un gran pendiente. Este país, del tamaño de Europa Continental y con 100 millones de habitantes vive, una apertura democrática en otros campos pero enfrenta una de las más férreas dictaduras en el campo de la información. No hay ley de comunicación social y por ende 15 grupos son los dueños de las emisoras de televisión y radio del país.
La participación del Estado en medios es insignificante ya que sólo hay 21 estaciones de televisión de los gobiernos de los estados contra más de 400 privadas. Las concesiones son otorgadas de manera exclusiva, discrecional y sin convocatoria pública por el gobierno en turno.
No hay derecho de replica. No hay ningún órgano que dirima diferencias de la ciudadanía con los medios. Los medios no tienen códigos de ética. No hay libertad de expresión a través de los medios para los ciudadanos ni para los comunicadores independientes. No hay espacios para las organizaciones en los medios de comunicación. En pocas palabras la sociedad es invisible en los medios.
Aunque en los últimos 20 años se ha dado una lenta pero cada vez más amplia apertura dentro de una parte de la prensa escrita mexicana, los medios electrónicos, radio y televisión, fuente principal de información de una población con un tercero de primaria promedio y una enorme tasa de analfabetismo funcional, influyen, manejan, opinan deciden, con los enormes costos que ello representa en el camino a la verdadera democracia.
Televisoras privadas más grandes del mundo de habla hispana y siete importantes cadenas radiales, más de 1400 estaciones, la centralización informativa está en manos de 15 grupos, dos poseen casi toda la televisión, más de 400 estaciones, y 13 casi toda la radio con nexos históricos tanto con las empresas privadas más grandes del país, como con el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Todos le deben a los ex presidentes de ese partido sus múltiples concesiones.
Los intentos de reglamentar en la materia han sido sistemáticamente detenidos por los dueños de las concesiones al argumentar que cualquier reglamentación representa un ataque a la libertad de expresión, con lo que eluden sus responsabilidades sociales, sino sus responsabilidades las verdades o falsedades que dicen. De manera orquestada y desde los órganos legislativos con el Partido Revolucionario Institucional, PRI, todos los intentos de tener una ley de comunicación social habían sido detenidos.
Es hasta ahora, en el siglo XXI, cuando en México se vive una coyuntura política inigualable para que los medios comunitarios y ciudadanos puedan desarrollarse con mayores perspectivas.
Con el cambio de partido en el gobierno se ha destrabado la discusión para elaborar una legislación que contemple el derecho a la información y el derecho a comunicar, con cambios en la ley que data de 1970.
Por primera vez en la historia de los medios en México se logró obtener un lugar para la sociedad civil en las mesas de discusión entre el gobierno, los concesionarios, los partidos políticos y el legislativo. Más de 20 organizaciones sociales dedicadas a la comunicación participan en la mesa de la sociedad civil para la revisión integral de la ley de medios electrónicos de comunicación.
Los integrantes de la mesa y estan impulsando el reconocimiento legal de los medios comunitarios y ciudadanos, así como condiciones de equidad para acceder a los permisos de transmisión, la creación de la figura de acceso público para los grupos de participación ciudadana en los medios públicos, así como la creación de un órgano autónomo ciudadanizado que garantice el derecho a la información y a la comunicación.
Hasta principios de este año se repvía que la discusión para este tema en el Congreso se haría en el próximo período legislativo previsto para empezar en marzo del 2001, sin embargo, los últimos acontecimientos indican que los concesionarios quieren llevar la discusión hasta el 2003, año en que se llevarán las elecciones para la renovación del Congreso, y de esta forma tener una ventaja política para presionar y lograr una ley a su favor, que abarque entre otras cosas, el refrendo y nuevas concesiones hasta por 99 años, así como eliminar cualquier forma de regulación por parte del Estado a la actividad mediática.
Dada la posición de México en América Latina, un avance democrático en la materia tendrá un impacto que puede ser considerable para los movimientos sociales de la región. Si este país que cuenta con los consorcios mediáticos más grandes de la región hace un cambio sustancial en las reglas del juego, estaremos ganando en el terreno político, un gran avance para establecer la comunicación como un derecho humano fundamental.
No mas medios a medias
AMARC en México impulsa la campaña “No más medios a medias”, con la participación de radios y proyectos radiofónicos afiliados a la red, en alianza con productores independientes de radio y video.
La idea central de la campaña es posicionar la comunicación como un derecho humano fundamental reconocido en la Carta de Derechos Universales, y como tal el Estado debe garantizarlo no negociarlo en una nueva ley de medios electrónicos. La información no puede seguir siendo tratada como mercancía, es un recurso social indispensable para la democracia.
Como parte de la campaña, el 24 y el 25 de agosto, se llevará a cabo un festival de medios electrónicos alternativos en las instalaciones del Museo de Culturas Populares, en el centro de la delgación Coyoacán.
La campaña incluye entre sus objetivos la descentralización del debate, sólo unos cuantos en el centro del país saben bien a bien que está pasando. Hay una confusión muy grande entre las tres leyes que están discusión en el Congreso como la de Telecomunicaciones, la de Acceso a la Información Gubernamental y la de medios electrónicos. Si queremos que las organizaciones apoyen tenemos que empezar por dejarles claro qué está pasando para que puedan involucrarse en la discusión con mayores elementos.
Los organizadores tambien tiene previsto hacer un trabajo intensivo de cabildeo con legisladores y partidos políticos para que conozcan la propuesta ciudadana para una ley de medios y en concreto el reconocimiento legal de los medios comunitarios y ciudadanos, así como con comunicadores.
Realizar actividades de difusión sobre la propuesta que hasta el momento
es invisible para la mayor parte de los ciudadanos.
* Periodista.