LIBEREN A LOS PRESOS DE CONCIENCIA
Jaime Martínez Veloz *
El 11 de Diciembre del 2001, Julio Sandoval Cruz, dirigente del Movimiento Indígena por la Unificación y la Lucha Independiente (MIULI), fue apresado por el Gobierno del Estado de Baja California. Se le acusa de "despojo agravado", en terrenos del Cañón Buenavista en el Municipio de Ensenada, donde habitan dos mil 700 familias. De ellas, mil 400 familias viven en la sección vieja. De las otras mil 300 familias que viven en el nuevo asentamiento, aproximadamente mil provienen de pueblos triques y mixtecos de Oaxaca.
Las irregularidades en la venta de terrenos del Cañón Buenavista, las inició el gobierno estatal al realizar operaciones de compra-venta vía la Inmobiliaria Estatal, sin que ésta tuviera debidamente legalizados los títulos de propiedad que la facultaran para vender los predios.
No es la primera vez que el gobierno del estado de Baja California realiza una operación irregular. En el caso de Tijuana, la Colonia Terrazas del Valle es un claro ejemplo del cinismo e ineptitud gubernamental, al vender esos terrenos, los cuales estaban en litigio con el Ejido Rojo Gómez. Los habitantes de dicho lugar han sufrido para regularizar los terrenos y conseguir la introducción de servicios públicos, debido a la irresponsabilidad gubernamental.
Sandoval fue aprehendido por el Gobierno del Estado con lujo de violencia, después de insultar al "señor gobernador", según palabras del secretario general del Gobierno. La acusación es tan ridícula que cae por su propio peso. El pecado de Sandoval, fue el de ser un hombre valiente y pelear por los suyos.
Si en realidad los señores del gobierno, les interesara combatir el delito, es hora que las cárceles del Estado, debieran estar repletas de funcionarios estatales, que vendieron ilegalmente o permitieron el lavado del dinero en la tercera etapa del Río, que saquearon las arcas públicas con deshonrosas autoliquidaciones, o que se enriquecieron de la noche a la mañana con negocios realizados al amparo del poder.
El pecado de los indígenas que llegan a San Quintín y Ensenada, es ser pobres y necesitar un lugar dónde vivir. La mayoría de ellos, sobreviven en galerones de lámina y de cartón, con pisos de tierra y en condiciones infrahumanas.
Mientras, los funcionarios panistas construyen sus mansiones con pedrería importada, los indígenas de Baja california, sufren el acecho y la represión de los nuevos mandarines de la política estatal.
¿Cuáles son los programas de vivienda que el gobierno del Estado ha implementado para atención de los jornaleros agrícolas? ¿Dónde esta el respeto a las leyes laborales para atender los derechos de los trabajadores de San Quintín? ¿Por qué se permite el trabajo infantil en los campos agrícolas de San Quintín, junto a las peligrosas sustancias químicas? ¿Por qué no se reconocen las jornadas laborales a los Jornaleros de San Quintín, para su jubilación? ¿Por qué no se permite la sindicalización a los jornaleros agrícolas de San Quintín?
Naturalmente, el Gobierno panista no tiene respuesta a estas preguntas porque es cómplice y promotor de estas injusticias aberrantes.
En el Valle de San Quintín, en Baja California, se violan cotidianamente los derechos fundamentales de miles de mexicanos. Algunos patrones en el Valle de San Quintín se comportan como hacendados porfiristas, ante la complacencia de los funcionarios panistas.
Las violaciones a la ley en que algunos de estos patrones incurren, llevan implícito un componente adicional de racismo. El problema no es nuevo, tiene décadas de ser una herida abierta que se ha pretendido soslayar. Muchos de los jornaleros son ciudadanos indígenas provenientes de Oaxaca y Guerrero. Tanto los recién llegados como aquellos que llevan varios años asentados, sufren las mismas deplorables condiciones. Las denuncias son muy concretas. Los jornaleros trabajan en condiciones irregulares, muchas veces sin contrato y en condiciones claramente violatorias a lo que la Ley establece para los trabajadores rurales.
Las condiciones de hacinamiento e insalubridad, los bajos salarios y la falta de una cobertura suficiente de los servicios de salud, junto con el uso de pesticidas y plaguicidas sin el cuidado debido, condenan a la muerte temprana y a la enfermedad a un elevado número de mujeres, hombres y niños. Enfermedades y muertes que son inevitables.
Igualmente, el empleo de menores de edad en jornadas de trabajo que exceden con mucho los límites establecidos por la ley, que fija limitaciones concretas al trabajo infantil y reglamenta con precisión el trabajo de los menores, limitando la jornada laboral para evitar un deterioro físico y mental que dañe su desarrollo posterior.
Esta situación obliga a los jornaleros a trabajar en condiciones de inseguridad para ellos y sus familias. Los casos de violencia y de violación a su integridad física y moral no son pocos. La perspectiva de los ancianos jornaleros es la de ser desechados después de haber dejado la vida en un trabajo que no les garantiza ninguna seguridad.
La suma de problemas y la búsqueda de su solución abarcan no sólo la esfera de la responsabilidad del gobierno de Baja California, sino también requiere de la concurrencia del gobierno federal y del esfuerzo de otros gobiernos estatales. Con respeto a la soberanía del Estado, pero sin eximirlo de la responsabilidad que tiene, se deben buscar las soluciones que, conforme a la Ley, procedan.
El asunto no se refiere sólo a una desavenencia salarial o laboral entre partes, estamos hablando de la violación sistemática a la Constitución General de la República y las leyes fundamentales.
¿Dónde están ahora los constitucionalistas que se indignan ante una iniciativa como la de la COCOPA, que pretende mejorar las condiciones de vida de los indígenas, pero callan ante el hecho concreto de la violación cotidiana de sus derechos más elementales?.
La intervención decidida de las instituciones republicanas es imprescindible para evitar que la situación actual derive en una agudización de las contradicciones presentes en San Quintín, que signifique una mayor violencia y polarización que a nadie beneficiaría. La Ley no debe ser letra muerta en ninguna porción de la Patria.
La situación en San Quintín es más vergonzosa que la de hace un siglo en el Valle Nacional. En aquel entonces se vivía una dictadura, cobijada en un pacto social altamente clasista.
Ahora vivimos en un estado de derecho, que en la realidad sólo parece serlo de palabra. En nuestro Valle, en la Baja California del tercer milenio, la inconstitucionalidad se palpa a flor de tierra. La tierra que labran los niños jornaleros.
Como diría el poeta Miguel Hernández, el niño jornalero de San Quintín no sabe contar sus años pero ya sabe que el sudor es una corona de sal.
Todo esto es el contexto detrás de la aprehensión de Julio Sandoval y Beatriz Chávez Pérez.
Por ello, utilizaré todas las facultades republicanas a mi alcance como legislador de la Nación, para denunciar en los tribunales nacionales e internacionales, la realidad de sufrimiento y explotación que sufren los jornaleros de San Quintín.
Como integrante de la Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA) del Congreso de la Unión, solicito la intervención de esa instancia legislativa, ante las autoridades Federales y Estatales, para que sean liberados los dirigentes indígenas y sociales presos en Baja California, porque con su actitud el gobierno panista, no solo es cómplice de la situación de explotación de los trabajadores agrícolas en San Quintín, sino que también contribuye a enrarecer el clima de diálogo que estimula el Congreso de la Unión.
La detención de Julio Sandoval y Beatriz Chávez,
es un golpe al proceso de Paz en México. Por lo cual, solicitare la intervención
de la COCOPA en Baja California para demandar la liberación de los presos
de conciencia, Julio Sandoval y Beatriz Chávez, dado que
una de las tres condiciones solicitadas por el EZLN, para la reanudación
del Diálogo por la Paz en México es la liberación de todos
los presos zapatistas, y de acuerdo con su lucha y sus convicciones.
Mientras el Gobierno de Elorduy mantenga presos a los compañeros, será
considerado como un obstáculo para la Paz en México, a igual que
su homólogo de Querétaro.
Demando ante la Secretaría de Gobernación la vigencia del Estado de Derecho y el cumplimiento cabal de las leyes mexicanas en esta porción de la Patria, olvidada de las autoridades mexicanas.
En el estado de Baja California, a la cárcel van los dirigentes sociales,
mientras lo delincuentes hacen negocio hasta con el propio Gobernador.
* Diputado por el estado mexicano de Baja California.