USO CON FINES POLITICO ELECTORALES DE LOS RECURSOS PUBLICOS EN TLÁHUAC
Armando Ramírez *
Licenciado Andrés Manuel López Obrador
Jefe del Gobierno del Distrito Federal.
El suscrito, Luis Armando Ramírez Rodríguez, deseo hacer de su conocimiento diversas irregularidades cometidas por el jefe delegacional en Tláhuac, Francisco Martínez Rojo, que derivan en el uso de recursos públicos con fines políticos y electorales, y en represalias por denunciar arbitrariedades y abuso de autoridad en los Centro de Desarrollo Infantil de Tláhuac.
Los hechos son los siguientes:
Fui contratado en marzo del 2002 bajo el sistema de honorarios para prestar mis servicios profesionales, a propuesta del entonces Director General de Desarrollo Económico y Rural de Tláhuac, Florentino Salazar Mendoza, para elaborar y ejecutar programas a fin de difundir el potencial económico y turístico de Tláhuac.
El pasado 1 de octubre del 2002, el nuevo Director General de Desarrollo Económico y Rural, Anacleto Chapa, me conminó de manera verbal a que por instrucciones del jefe delegacional presentará mi renuncia a partir del 15 de octubre, porque Martínez Rojo necesitaba mi plaza para "cumplir un compromiso político", a lo cual me negué.
Martínez Rojo me responsabiliza de que tras la ejecución de los proyectos de difusión impulsados (www.geocities.com/agrotlahuac), Salazar Mendoza logró proyectarse y acumular capital político para competir por la candidatura del Partido de la Revolución Democrática a la jefatura delegacional, en detrimento de Fátima Mena, avalada por el jefe delegacional en Tláhuac.
La decisión me fue notificada días después de que rechacé la propuesta del entonces subdirector de Seguridad Pública, Rigoberto Salgado, de que en mi carácter de periodista me hiciera cargo del manejo de imagen y la relación con los medios a favor de la mencionada de Fátima Mena, quien es respaldada por la administración encabezada por Martínez Rojo, para ocupar la jefatura delegacional en el período 2003 - 2006. Salgado es ahora el coordinador de campaña de Fátima Mena.
Se me castiga por hacer mi trabajo, que a su parecer no redunda en beneficio personal de jefe delegacional y de su candidata oficial.
Además, Chapa me incriminó haber dado mi apoyo profesional a la candidatura del Juventino Rodríguez, otro de los aspirantes a la candidatura del PRD y también rival político de Martínez Rojo. Dicha aseveración es falsa.
Varios funcionarios del gobierno delegacional, incluyendo el propio Salgado, me han advertido que la medida de anular mi contrato de servicios profesionales también es una represalia por hacer de su conocimiento las denuncias de arbitrariedades y abuso de autoridad en los Centros de Desarrollo Infantil, adscritos al gobierno delegacional (Presentada ante el Gobierno del Distrito Federal con el expediente SAC02080160).
El 31 de octubre, de manera verbal, fui informado en la oficina de Recursos Humanos del gobierno delegacional, que "por órdenes superiores" estoy dada d e baja a partir del 1 de noviembre, además que mi salario de octubre queda retenido hasta que yo presente mi renuncia. Esto sin haber mediado notificación documental alguna.
Una semana antes, Salgado aseguró a un dirigente del Partido Acción Nacional en Tláhuac, a quien le pidió apoyo a favor de la candidatura de Fátima Mena, que sabía que el suscrito estaba detrás de las denuncias en la prensa local sobre la utilización de los recursos del gobierno delegacional a favor de la candidata respaldada por Martínez Rojo, por lo que iban a proceder en mi contra, dicho en términos vulgares. Lo que me hace incluso temer por la seguridad física y moral de mi esposa e hijas, así como de mi persona.
La acción en mi contra se realiza a la vez que el propio Martínez Rojo, en pleno ejercicio de su funciones, se anuncia como precandidato a diputado federal o local y declarara al periódico Reforma que: "tiene la intención de contender por una diputación local o federal, pero que esperará hasta enero para conocer las designaciones que el PRD realice para definir candidatos" (31-10-2002).
Esto, después de que asegurara a la revista Nosotros, en su edición de septiembre de 2002 (53), en relación a la renuncia en mayo del 2002 de varios funcionarios, que "yo planté en aquel entonces que los funcionarios públicos que tuviesen interés por contender en las próximas elecciones tenían que renunciar , paro no se contaminara su función de servidores públicos con el proselitismo político que implica una candidatura".
¡Se puede ser juez y parte!
Desde la toma de posesión en su cargo, el gobierno delegacional de Martínez Rojo ha sido una especia de "botín político" de familiares, amantes e incondicionales de citado funcionario público y sus más cercanos allegados.
Funcionarios de diversos niveles han sido obligados además a vender y comprar boletos de la rifa de una camioneta para reunir fondos para la campaña a favor de Fátima Mena. La misma situación ha sido obligada a prestadores de servicios profesionales que pretenden contender por un licitación de obra dentro de la Delegación.
Otros más se ven obligados a ocultar sus simpatías a un candidato distinto a Fátima Mena, ante el temor de que el hacerlo les pueda significar la pérdida de sus empleos, como le ha sucedido ya a varios, incluyendo al suscrito.
Estos hechos suceden a pocos días después de que la presidenta de la Comisión de Atención, Orientación y Quejas de la Asamblea Legislativa, diputada Lorena Ríos, interpelara al jefe delegacional sobre las denuncias sobre arbitrariedades y abuso de autoridad por parte de la Coordinadora de los Centros de Desarrollo Infantil en la demarcación, María del Refugio Bocanegra Salinas, quien guarda una relación de compadrazgo con Martínez Rojo y su esposa, Rocío Mendoza, presidenta del DIF delegacional.
Debo añadir que la única respuesta del Gobierno Delegacional ha dado a la denuncia de los Cendi, es una intensa campaña para desacreditar a la maestra Emiliana Martínez Miguel, la denunciante, que incluye la fabricación de reportes donde se pretende fundamentar que carece del perfil psicológico para trabajar con los niños. Forma que les ha permitido "dar carpetazo " a denuncias similares en la Contraloría Interna.
Además de que en violación a los artículos 5, 6, 7, 8 y 9 de nuestra Constitución se me niega una copia del contrato que rige la prestación de los servicios profesionales del suscrito con el gobierno delegacional, a pesar de solicitarlos por escrito desde el 2 de octubre.
Licenciado López Obrador:
Por todo lo anterior, solicito su intervención a efecto de que sean respetadas nuestras fuentes de trabajo y que éstas no sean parte de algún botín político y electoral, así como nuestra dignidad humana y se ponga un alto a la impunidad que reina en la gestión del gobierno delegacional en Tláhuac.
A la vez que requiero, en caso de estar lo suficientemente motivado, pueda proceder contra:
El uso de los recursos públicos para fines políticos y electorales y la coacción para abandonar las funciones que desempeñado para promocionar el potencial económico y turísticos de Tláhuac, como represalia por denunciar irregularidades ante Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal.
Licenciado López Obrador, mucho le agradeceré ser notificado de las acciones que haya logrado emprender para atender la súplica que estoy dirigiendo a su consideración.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente.
* Periodista; coordinador de proyectos de Difusión de la Dirección General de Desarrolloo Económico y Rural