LA REORGANIZACIÓN DE LAS PATRULLAS DE AUTODEFENSA CIVIL
CEG *
El gobierno del Frente Republicano Guatemalteco -FRG- está en crisis: la corrupción en que han incurrido muchos funcionarios ha provocado que ni siquiera promesas hechas a sus sectores de base social ha cumplido y las protestas se generalizan. Necesita dinero urgentemente, esencialmente para seguir financiando al ejército, para sostener su estructura política y para invertir en el próximo proceso electoral, tratando de rescatar el apoyo de su sector de voto duro de la población que ya se comienza a rebelar: las estructuras paramilitares de las Patrullas de Autodefensa Civil -PAC-.
La promoción de la reorganización de las PAC por la vía de la promesa de una indemnización económica es una violación fragante al Acuerdo de Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática, que en su literal 61 dice "El gobierno promoverá ante el Congreso la derogación del decreto de la creación de los CVDC (PAC) y le propondrá que entre en vigor el día del Acuerdo de Paz Firme y Duradera.
La desmovilización y desarme de los CVDC concluirá en un plazo de 30 días después de la derogación del decreto. Los CVDC, incluyendo los que se desmovilizaron con anterioridad, cesarán toda relación institucional con el ejército de Guatemala y no serán reconvertidos de manera que se restituya esta relación".
El gobierno no tiene dinero, pero pretende recurrir al endeudamiento externo mediante la emisión de bonos. Las autoridades han diseñado un plan en el que ponen juntos a víctimas de violaciones de derechos humanos y a los miembros de las que se creía disueltas PAC, y para vender a la sociedad guatemalteca y a la comunidad internacional la idea de un plan general de resarcimiento.
El gobierno guatemalteco se ha lanzado a declarar a los miembros de las PAC "héroes que defendieron a la Patria", mostrando la naturaleza contrainsurgente del gobierno, ofendiendo una vez más la dignidad nacional, dando un paso atrás en el Proceso de Paz y con esa irresponsabilidad sembrando semillas de más enfrentamiento y violencia en el país, que ya están ocurriendo.
En los últimos meses en distintos lugares del país grupos de paramilitares que pertenecieron a las PAC, y muchos que no, han hecho manifestaciones públicas exigiendo al Gobierno que les sea entregada una compensación económica de 20,000 quetzales por las actividades que realizaron durante la época del conflicto armado interno.
Algunos aseguran que fueron obligados por el ejército a organizarse para enfrentar a las guerrillas del país; sin embargo, no se identifican como víctimas, sino exigen una indemnización por "servicios prestados al Estado", y reivindican su papel contrainsurgente.
Mientras que la actitud del gobierno ante las demandas de resarcimiento de los familiares de las víctimas de la violencia estatal durante el conflicto ha sido siempre de un desinterés absoluto, ahora, en el caso de los paramilitares, la respuesta ha sido inmediata y hasta el mismo Presidente de la República, Alfonso Portillo, viajó al departamento de El Petén para dar un discurso ante miles de ellos, comprometiéndose a satisfacer sus demandas y alentando su reorganización.
La primera maniobra del gobierno fue pretender crear un impuesto específico para obtener el financiamiento requerido para satisfacer a la exigencia de las PAC, idea que fue impulsada públicamente por el Ministro de Finanzas, Eduardo Weymann. Pero ante el rechazo generalizado de todos los sectores del país, ahora pretende colocar eurobonos en el mercado internacional, vendiendo la idea que los fondos serán para un plan nacional de reparación a las víctimas del conflicto armado. El monto de la emisión sería 700 millones de dólares, que de concretarse elevaría la deuda externa en un 25 por ciento.
Origen y naturaleza las PAC
Christian Tomuschat, coordinador de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico -CEH-, en la presentación del informe de esa instancia temporal de las Naciones Unidas, señaló: "La CEH ha establecido que las fuerzas de Estado y grupos paramilitares afines fueron responsables del 93 por ciento de las violaciones (a los derechos humanos) documentadas; las fuerzas insurgentes fueron responsables del 3 por ciento, mientras que en el restante 4 por ciento de los casos se incluyen otros autores o no fue posible reunir elementos suficientes para establecer la responsabilidad de los hechos".
La CEH establece en sus conclusiones que entre los daños más drásticos del enfrentamiento se cuentan aquellos que fueron consecuencias de haber obligado a amplios sectores de la población a convertirse en cómplices forzados de la violencia, en especial por su participación en las PAC. Centenares de civiles fueron obligados por el ejército bajo amenaza de las armas, a violar mujeres, torturar, mutilar cadáveres y matar. La participación forzada, de modo especial en las comunidades mayas, trastocó valores y patrones de conducta al normalizar la violencia como método para enfrentar situaciones de conflicto y al fomentar el desprecio de la vida de los otros.
Las Patrullas de Autodefensa Civil fueron formadas en el país en 1982 como un componente de la estrategia contrainsurgente del ejército, que contemplaba la ejecución de masacres y causó el desplazamiento masivo de la población. Las PAC en muchos casos fueron parte de esta estrategia de masacres, en otros casos dieron apoyo logístico al ejército, que también trató que combatieran a la guerrilla. El objetivo era enfrentar entre sí a las poblaciones de las comunidades, para contrarrestar el apoyo social a las organizaciones de la insurgencia.
En 1983, el general Efraín Ríos Montt, quien encabezó un Golpe de Estado en 1982, "legaliza" a las PAC, junto a la estrategia de militarización del país, cuando de seis zonas militares en el país se pasa a 23, una en cada departamento y una más. Las PAC fueron el soporte militar de la estrategia de control poblacional y de la expansión del ejército a todos los rincones del país.
Según el Plan de Campaña Firmeza 83, algunos de los objetivos de la constitución de las PAC fueron la organización de toda la población del país, para que con apoyo del Ejército de Guatemala defiendan sus intereses comunales preservándolos de la destrucción por parte de los delincuentes subversivos, la penetración a la población civil y organizarlos para estar preparados para afrontar un eventual conflicto nacional o internacional de manera que participe absolutamente todo guatemalteco, para lo cual no se pueden hacer excepciones y la influencia desde el punto de vista psicológico en los pobladores de cada región para que la población sienta repudio hacia el enemigo, se alimente el sentimiento de unión pueblo-Ejército, orientado a localizar a bandas organizadas del enemigo que aún se encuentren activas...".
El ejército aprovechó los problemas por la tierra, las disputas familiares y de límites territoriales para crear PAC donde ocurrían esos hechos. Así, grupos que estaban organizados contra otros entraban en la lógica del poder y la fuerza para imponerse. Por eso, las PAC llegaron a tener una fuerza coercitiva y represiva contra sectores de las comunidades.
Uno de los efectos fue el aprovechamiento del poder que ejercían, ya que una vez masacrada o desplazada la población de una aldea por el ejército, los paramilitares la ocupaban. Muchos conflictos que se dieron con los repatriados ocurrieron porque sus tierras abandonadas durante la guerra fueron ocupadas por las PAC.
Esta agrupación y organización de la población por del ejército se daba alrededor de sus colaboradores más cercanos en las comunidades, los Comisionados Militares, que formaban una estructura nacional, tenían credencial militar y podían estar armados. El ejército desmovilizó, a la firma de la paz, a 86 mil de estos comisionados.
Las PAC, en el tiempo más álgido de la guerra habrán tenido alrededor de 800 mil personas; posteriormente, en el gobierno del presidente Vinicio Cerezo se les llamó Comités Voluntarios de Defensa Civil -CVDC-. En 1995, en el gobierno de Ramiro de León Carpio, el ejército toma la decisión de desmovilizar a los patrulleros para intentar evitar conflictos posteriores ante la llegada de la paz y por el temor a perder el control que tenía sobre ellos; es así como desmoviliza 270 mil 906 patrulleros y recoge 14 mil fusiles que tenían.
La Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca -URNG- ha expresado que "...las PAC fueron estructuras represivas montadas por el ejército de manera forzosa en la época del conflicto armado interno, con el objetivo de controlar a la población civil. Atendiendo a ello, el Acuerdo Global de Derechos Humanos, vigente desde marzo de 1994, dispuso suspender de inmediato su crecimiento, establecer su voluntariedad y se acordó su posterior disolución".
A partir de la firma de la paz, los patrulleros adoptaron nuevas maneras de organización: en algunos lugares forman comités pro-mejoramiento, comités pro-agua, comités pro-seguridad e incluso comienzan a tener parte en las estructuras del poder local como alcaldes y consejales, esto se da a partir de que el FRG los comienza a reorganizar políticamente desde sus cuadros militares, sobre todo en los últimos años y en el anterior proceso electoral. Al principio, la reestructuración la realizaron exclusivamente militares del FRG y posteriormente también ha estado detrás la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala -AVEMILGUA-, una organización que se caracteriza por mantener un discurso contrainsurgente que tiene fines políticos muy claros.
Situación
En la campaña electoral de 1999, el FRG y su candidato, Alfonso Portillo, ofrecieron a las PAC una compensación económica, casas y otras promesas electorales. Los ex paramilitares se convirtieron en la principal base social del FRG y un factor electoral importante para el triunfo de ese partido.
La manipulación del gobierno de las formalmente disueltas Patrullas de Autodefensa Civil, preocupante y delicada, está provocando una nueva polarización en el país. Sus integrantes son la base social del FRG organizados por algunos oficiales, como el general Enrique Pineda Carranza, a quien el gobierno estadounidense retiró la visa, por sus supuestos vínculos con el narcotráfico; el general Luis Miranda Trejo, director del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT- y diputado con licencia; y el general Víctor Manuel Argueta, presidente de AVEMILGUA.
La reorganización actual la están realizando en algunas zonas los propios alcaldes o consejales del FRG. En otros casos es AVEMILGUA, uno de cuyos objetivos políticos es precisamente esa tarea y que ya ha abierto sedes departamentales. También se han visto involucrados algunos oficiales S-5 (Asuntos Civiles).
Es inmoral e inaceptable llamar "resarcimiento" a una promesa de campaña que Portillo incumplió. Las PAC fueron grupos paramilitares que trabajaron para el ejército, sus ex miembros no son víctimas; en todo caso, muchos de ellos fueron victimarios, por eso no fueron considerados en el proceso de paz, y pretender que sean sujetos de resarcimiento distorsiona este concepto.
El FRG también maneja este tema desde la perspectiva electoral y con la intención de reorganizar una base social que le puede servir con diversos fines, desde electorales hasta de fuerza de choque, en medio de un clima en el que concurren ocupaciones de fincas y reclamos ante los graves problemas de la tierra, que cada día crecen y se agudizan, sin que el gobierno muestre intenciones de avanzar en su solución.
Con la intención primera de crear un impuesto, el gobierno trató de deshacerse de su responsabilidad y derivar el problema a la sociedad, que tendría que pagarlo, lo que incrementó la polarización. Este intento fracasó ante la negativa unánime, por lo que el Ejecutivo envió al Congreso una iniciativa para autorizar la emisión de 700 millones de dólares en eurobonos, cuyo destino sería, entre otras cosas, el resarcimiento para PAC y víctimas, lo que distorsiona el concepto y agudiza conflictos locales entre víctimas y victimarios que aún se dan en las comunidades.
La posición de la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Guatemala (MINUGUA), la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), las organizaciones de Derechos Humanos, el Comité Coordinador de Asociaciones Comerciales, Agrícolas, Industriales y Financieras (CACIF) y el resto de la sociedad es correcta y contundente: el mal llamado "resarcimiento" de los ex patrulleros no es una responsabilidad de la sociedad, sino un problema del partido de gobierno con sus bases.
Victimarios como víctimas
El apoyo político que el gobierno está dando a los paramilitares, mientras ellos reivindican su accionar pasado, tiene consecuencias funestas para el país. Estos hechos atentan contra el proceso de democratización de la sociedad guatemalteca y crean nuevas situaciones de confrontación, rompiendo el débil equilibrio que se venía construyendo. Los compromisos del gobierno, improvisados e inviables, pueden derivar en previsibles situaciones de ingobernabilidad.
Tratar de mezclar la compensación a las PAC con el compromiso de resarcimiento no dignifica a las víctimas. Al manipularse la verdad y la historia confundiendo las categorías de víctimas y victimarios lo que se produce es una pérdida de referentes, de los valores que deberían regir en la sociedad. Además, socialmente se construye la victimización del victimario.
Otro elemento distorsionador son las figuras que promueven este tipo de acciones, ya que algunos eran referentes sociales de derechos humanos, ahora cooptados por el gobierno y utilizados en la implementación de su política más sucia. Esto produce mas confusión, porque se pierden valores y principios.
El apoyo a las PAC constituye una legitimación de las formas de relación social basadas en la represión, el poder arbitrario y la agresión, que en las comunidades son representadas por su figura y tiene el efecto de una acción ejemplificante para el resto de la sociedad. Es un premio que el Estado pretende otorgar a estructuras que cumplieron un papel represivo, de control social y vigilancia, es como premiar a los nazis después de la Segunda Guerra Mundial.
Constituye además una nueva agresión para las víctimas, que revive el trauma psicosocial. Se está generando un proceso de cooptación, al manipular la pobreza de las víctimas, que se pretende organizar junto con los victimarios, en función de un beneficio económico. Al reactivar una estructura militarizada se promueve la división y la confrontación de unos contra otros, dificulta los procesos de reconciliación; polariza nuevamente a la sociedad y pone en riesgo la gobernabilidad en el país.
Conclusiones
La reorganización de las Patrullas de Autodefensa Civil estimulada por el gobierno es un retroceso grave en el proceso de paz y un incumplimiento a la letra y el espíritu de los Acuerdos que durante él se firmaron, por que debe ser rechazada por la sociedad civil organizada y la comunidad internacional.
El pago a los patrulleros es una distorsión y manipulación de la verdad histórica en los conceptos de resarcimiento, que solo deben recibir las víctimas del conflicto armado. Los patrulleros fueron parte activa del sector más represivo de la guerra: el ejército, y son responsables de violaciones a los derechos humanos.
La emisión de eurobonos para pagar a paramilitares es un asunto muy grave, ya que se pretende aumentar la deuda externa en un 25 por ciento, para entre otras cosas pagar una cuota política electoral en beneficio del FRG, lo que es inaceptable.
La irresponsabilidad del gobierno tendrá consecuencias imprevisibles para el país, ya polarizado. La problemática puede derivar en confrontaciones muy graves, ya que el gobierno no tiene la capacidad de manejar una situación que ya lo desbordó, como lo demuestra el hecho que tuvo que reprimir violentamente a grupos de paramilitares, en una acción que causó la muerte de uno de ellos y heridas a otros. Lo lamentable es que la situación ira empeorando en la medida que la incapacidad del gobierno siga manifestándose con medidas tan desatinadas.
Además, después de todo, la situación se revertirá
en contra del FRG y el gobierno, que no podrá sacar el provecho electoral
que ambiciona, por el mal manejo que ha dado al tema de la compensación.
Es previsible que los conflictos y el incremento de la violencia y la confrontación
darán como resultado un voto de rechazo al FRG, en las elecciones de
2003.
* Centro de Estudios sobre Guatemala.