EL FISCAL, GRAN DEBATE POSPUESTO
A Vicente Fox, Roberto Madrazo y Elba Esther Gordillo les urge completar la privatización de la industria energética iniciada fuera de la ley por Carlos Salinas y continuada por Ernesto Zedillo. La razón es muy sencilla: México está obligado a seguir los lineamientos del consenso de Washington por los compromisos adquiridos por nuestro país para que el Banco Mundial lo salvara de la bancarrota, tras el desastre financiero dejado por José López Portillo en 1982. Pero también porque directa o indirectamente han sido beneficiarios del poder y de los "negocios" tras bambalinas que se han desarrollado con la privatización de los bienes nacionales en los dos sexenios anteriores.
De manera chantajista, los distintos gobiernos de la República de la etapa neoliberal han promovido el desmantelamiento del Estado Mexicano con la excusa de poder financiar los programas de gasto para privilegiar el crecimiento, a través del desarrollo de infraestructura e inversión en capital físico y humano. Sin embargo, fueron vendidos los bancos, las empresas de la industria siderúrgica y metalúrgica, los ingenios, los ferrocarriles, Telmex y otros activos más, y el país aún adolece de herramientas para acrecentar el mercado interno y el desarrollo. Tal parece que la intención es frenar tal desarrollo con tal de convertir al país en un gran ejército de obreros maquiladores con bajos salarios, como los chinos.
El problema esencial, sin embargo, es que las principales empresas del Estado como son la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos, además de soportar la pesada carga de la corrupción que impera entre sus funcionarios y trabajadores de base, también llevan a cuestas la fiscal donde el Estado les quita más del 40 por ciento de sus ingresos por impuestos de aprovechamiento (esto es, pago al Estado por las riquezas en el subsuelo o la utilización del agua de los ríos para generar energía), de tal forma que no les permite crecer, convertirse en las empresas poderosas que debieran ser financieramente y hoy están casi listas para caer en manos de los inversionistas privados, sean mexicanos o extranjeros, que a la postre es lo mismo pues siempre encuentran forma de entregarlas al capital del exterior.
Y todo porque existe la excusa de que México debe hacer frente a sus gastos de largo plazo debido a su ineficiente sistema de recaudación. De acuerdo con un análisis del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, órgano del Consejo Coordinador Empresarial, "México destaca por tener una de las cargas tributarias más bajas, en especial cuando se compara con otros países, sobre todo los desarrollados (…) es el de menor recaudación dentro de los países de la OCDE", lo que limita el desarrollo de capital físico y humano, y por lo tanto el crecimiento".
El documento en cuestión menciona que el problema de baja recaudación tiene diversos orígenes, entre ellos la utilización del sistema tributario como mecanismo de redistribución de la riqueza, puesto que las exenciones del sistema buscan proteger a los grupos de menores ingresos, y las distorsiones impuestas generan una pérdida de capacidad recaudatoria. Pero esto también ha sucedido con las grandes empresas y los bancos a quienes el gobierno les otorga exensiones fuera de la norma.
Además, la existencia de fuentes de ingresos públicos no recurrentes como los precios del petróleo, los ingresos arancelarios cada vez menores y la venta de los activos del Estado han permitido cumplir con el gasto público y pospuesto una reforma fiscal integral. No hay duda de que la volatilidad de los ingresos no recurrentes impide recomendar la planeación de gasto de inversión de largo plazo con fuentes inestables, a no ser como hoy lo pretende el gobierno, con los Contratos de Servicios Múltiples en PEMEX o los Pidiregas en la CFE y el propio PEMEX, además de la apertura indiscriminada que pretenden para legalizar los entuertos de Salinas y Zedillo.
Por los altos niveles de deuda y compromisos de gasto futuro, sin fuentes alternativas de ingresos, la política hoy debe ser: tolerancia cero a mayor déficit público. La clave, entonces, está en encontrar un sistema flexible, sencillo y por tanto eficiente para recaudar, y sólo con base en impuestos sobre el consumo se podrá elevar el ahorro e inversión. Sobre todo ahora que la gran mayoría de la base laboral se encuentra orientada al autoempleo, lo que se traduciría en un mayor crecimiento económico y generación de riqueza porque los impuestos al consumo son más simples, neutrales y más sencillos de recaudar.
Este es el gran debate que debió darse previo a la reforma eléctrica que parece estar en marcha para consumarse la segunda quincena de enero de 2004. ¿O será que es más fácil seguir los lineamientos del extranjero, deshacerse de los bienes más importantes del país para obtener el dinero que se necesita, que pensar y aterrizar una reforma fiscal sumamente necesaria y que debe basarse en principios de equidad donde se busque que todos los miembros de la sociedad paguen conforme a su nivel de ingreso (equidad horizontal) y de forma progresiva (equidad vertical) gravando más a aquellos con una capacidad contributiva mayor?
Así es como gobiernan Vicente Fox desde el Poder Ejecutivo y Madrazo y Elba Esther desde el Legislativo: para ellos y sus intereses, no los de la Nación.
Contradicciones sobre la Reforma Eléctrica
Dice el ingeniero José Luis Apodaca Villarreal, conocedor de los asuntos energéticos y seguidor permanente de los intentos de los dos últimos gobiernos por entregar de plano la generación de energía eléctrica a particulares del extranjero, que la mayoría de los argumentos utilizados por el gobierno de Vicente Fox se caen por sí mismos al entrar en contradicción con sus propias cifras. Si, igual que le sucede al presidente con sus declaraciones encontradas con los miembros de su propio gabinete y entre ellos mismos. Nadie se pone de acuerdo.
Apodaca, quien es jubilado de la CFE como gerente divisional después de 32 años y actualmente maestro de cátedra, asesor del Centro de Estudios de Energía del ITESM y Consultor de Empresas, encontró entre sus estudios 28 contradicciones en los motivos para realizar una Reforma Eléctrica, de las cuales enumeraremos sólo tres.
El primer asunto es que lo que va de este año comenzaron a operar 18 centrales con 6,200 megawatts de capacidad; hay 14 nuevas centrales en construcción, ocho están en proceso de licitación y 2 más serán licitadas en 2004. Además, en estos tres años la demanda eléctrica solamente habrá crecido un 5 por ciento (1.6 por ciento por año), y la capacidad de generación se ha incrementado en 17% respecto de diciembre del 2000. Entonces, subraya Apodaca, "parece que estamos muy lejos de una crisis que pudiera derivar en apagones".
Luego, la CFE obtendrá en los próximos diez años ingresos por ventas de 160 mil millones de dólares (mdd). Sus gastos de operación, cubierta la compra de electricidad a los productores independientes, serán de un 60 por ciento de ese monto. Con el remanente de 64 mil millones de dólares la CFE puede hacer frente a las inversiones requeridas para transmisión y distribución (18 mil millons de dólares), pagar la deuda de los Pidiregas (7 mil millones de dólares), cubrir los subsidios de las tarifas doméstica y agrícola, y también pagar un impuesto razonable a Hacienda.
El otro asunto es la llamada obsolescencia de las unidades de CFE con más de 30 años de vida activa. 44 por ciento expresó Vicente Fox; 33 por ciento rectificó Felipe Calderón. Resultan más modernas que las de Estados Unidos y, señala Apodaca, como son hidroeléctricas, "pueden durar varios siglos en operación con un mantenimiento adecuado, que representa mínimos costos". Las termoeléctricas funcionan con carbón o combustóleo y su costo es mucho menor comparado con el del gas natural, de por sí sujeto a las leyes del mercado.
Lo que es peor, acicateados por el Banco Mundial y tras las reformas de Carlos Salinas para permitir el actual esquema de productores independientes con miras a la privatización, desde el gobierno de Ernesto Zedillo se operó en contra de la CFE. Veamos lo que afirma Apodaca: "Hasta 1995 siempre se dispuso de las reservas operativas de generación necesarias para asegurar la confiabilidad del suministro. En particular, a fines de 1995 se tenía un 50 por ciento de reserva, que afortunadamente era un tanto excesiva. El problema fue que de enero de 1996 a diciembre de 1999, CFE solamente puso en operación menos de 2,000 Megawatts, que significan el más bajo incremento por período en toda la historia moderna de CFE. El motivo de este comportamiento fue que el gobierno federal destinó a CFE una mínima parte del presupuesto requerido, con dos objetivos fundamentales: Apuntalar mayormente los ingresos del gobienro federal, asimilando los remanentes y subsidios de CFE; y para promover los esquemas de inversión privada de pago diferido, denominados Pidiregas y PIE".
Esta situación -subraya Apodaca-, derivó en que se presentaron los riesgos extremos en la confiabilidad del suministro y realmente los productores independientes que promueve el gobierno han venido a solucionar un problema que el propio gobierno creó.
Estas y otras razones contenidas en un estudio de 10 cuartillas, como afirma
el autor, obligan a pensar en que la CFE tiene autosuficiencia financiera, y
motiva también a reflexionar las causas de la urgencia por privatizar.
A la vez, el apresuramiento hace caer a los promotores de la Reforma Eléctrica
en tantas contradicciones que cuando son comparadas con los números que
da a conocer la propia paraestatal, ahonda la inquietud por los motivos subyacentes
de la propuesta: ¿Para quién es verdaderamente el beneficio? ¿Para
quienes actúan como comisionistas dentro del gobierno y aquellos que
se verán beneficiados por la privatización o para México
y sus cien millones de pobladores?
* Periodista.