LA DOBLE MORAL Y LA FALSA HONESTIDAD DE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR
En su ambición por llegar a la presidencia de México, el jefe del Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, práctica una doble moral y pregona una falsa honestidad.
En su discurso asegura combatir hasta las últimas consecuencias la corrupción, pero se niega a investigar las denuncias ciudadanas y reprime a quienes denunciamos diversas irregularidades de funcionarios de las administraciones encabezadas por Francisco Martínez Rojo y Fátima Mena Ortega.
A la denuncia presentada el 7 de agosto del 2002 contra la entonces coordinadora de los Cendi de Tláhuac, María del Refugio Bocanegra Salinas, la respuesta fue una campaña de descrédito y el despojo de su trabajo de la denunciante, mi esposa, Emiliana Martínez Miguel.
Por el contrario, Bocanegra Salinas fue "premiada", por Mena Ortega, con una plaza de "acompañante" de su comadre, Rocio Mendoza, ex concubina de Martínez Rojo. La jefe delegacional, nueva compañera sentimental de su antecesor, aseguró que pese a las denuncias en su contra, las funcionarias serán mantenidas en su cargo.
El 31 de octubre del 2002, se nos notificó que los honorarios estaban retenidos hasta que presentáramos la renuncia. El 1 de octubre se me había conminado a presentarla al asegurarme que el jefe delegacional "necesitaba mi plaza para cumplir un compromiso político".
La petición de renuncia también fue hecha luego de que rechazáramos trabajar en la imagen y la relación con los medios de Mena, entonces candidata por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), apadrinada por el ex jefe delegacional, y como represalia por hacer públicas las irregularidades en los Cendi.
La denuncia fue presentada desde el 1 de noviembre del 2002 ante López Obrador, quien mantiene absoluto silencio, mientras hemos recibo amenazas de que nos van a "chingar", que nos van a "tronar", que nos "van partir la madre" y que se va ir en contra de nosotros "con todo".
La respuesta fue que el 11 de noviembre se fabricó una falsa acta de abandono de trabajo y se falsificó la firma de la directora general de Administración, Edith de Alba, en la notificación de rescisión de contrato.
También se fabricó en la Fiscalía para Servidores Públicos cargos penales por difamación y calumnia y uso indebido de recursos, los cuales fueron desmantelados ante el Ministerio Público, el dictaminó el no ejercicio de acción penal.
Además, representantes legales de López Obrador ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje niegan que haya existido relación laboral alguna con nosotros, los denunciantes de los hechos de corrupción encubiertos por el jefe del Gobierno del Distrito Federal.
El 22 de septiembre del 2003, se ratificó ante la Contraloría del Gobierno del Distrito Federal las denuncias presentadas el 26 de junio de ese mismo año por la organización latinoamericanas Probidad, que impulsa la investigación y publicación en medios de comunicación de hechos de corrupción.
El llamado fue hecho más de un año después de que se hicieran públicas diversas irregularidades en el gobierno encabezado por Martínez Rojo y se produjo luego de que pidiera a López Obrador investigar las múltiples denuncias.
En la carta al jefe del Gobierno del Distrito Federal, la organización con sede en El Salvador destacó que las denuncias incluyen la utilización de recursos públicos para la promoción de la candidatura a jefe delegacional de Mena, postulada por el PRD; el pago de obras públicas no realizadas y sobrefacturación de las mismas; y el otorgamiento irregular de licencias de funcionamiento para establecimientos mercantiles.
Dirigentes del PRD y funcionarios del Gobierno del Distrito Federal nos han hecho saber que además estamos "vetados" para trabajar en las instancias de la administración de la ciudad de México, los gobiernos delegacionales y municipales aledaños, afines al aspirante presidencial.
La justificación que hemos recibimos de dirigentes perredistas delegacionales y estatales y funcionarios delegacionales a la falta de acción ha sido que si se actuaba se desataría un escándalo que dañaría la imagen de López Obrador y sus aspiraciones a la presidencia.
Es cada día es más evidente que tanta impunidad no sería posible sin el silencio cómplice de López Obrador y de Berta Lujan, contralora general del Gobierno de Distrito Federal.
En lugar de investigar y castigar a los responsables de la corrupción, se nos ataca con "todo", incluso impidiendo que logremos un trabajo digno para matarnos de hambre.
Una de las preguntas que surgen es que tanto tiene que ocultar el jefe del gobierno de la ciudad de Mëxico para que los trabajadores y ciudadanos que nos atrevemos a denunciar la corrupción seamos como un "peligro" para él.
Ante la falta de acción de López Obrador y de los organismos de control interno, lo responsabilizó por las consecuencias de la campaña persecutoria en mi contra. Lo responsabilizó también por la integridad física y moral de mi esposa, mis hijas y la mía.
La responsabilidad es extensiva al ex jefe delegacional en Tláhuac, Francisco Martínez Rojo, a la ex presidenta Nacional del PRD, Rosario Robles, y a la sucesora de Martínez Rojo, Fátima Mena.
Además, exijo que se ponga alto a la campaña de persecución
en contra de mi esposa, hijas y mío, por luchar por que sean respetadas
nuestras fuentes de trabajo y que éstas no sean parte de algún
botín político y electoral, así como nuestra dignidad humana
y se ponga un alto a la impunidad que reina en la gestión del gobierno
delegacional en Tláhuac.
* Periodista.