DURMIENDO CON EL ENEMIGO O LA QUINTA COLUMNA ECLESIÁSTICA EN EL GOBIERNO
Alfonso Argudín Furlong *
Cuando suponíamos que ya se había agotado nuestra capacidad de asombro por el rocambolesco quehacer político preelectoral que estamos viviendo en nuestro país, los miembros de la alta jerarquía eclesiástica y algunos santones de la política incrustados en las altas esferas del gobierno y en los partidos políticos, acaban de sorprendernos aún más con sus declaraciones e irreverencia histriónica, debida quizá al complejo de marquesina de teatro que padecen y los obliga a buscar los reflectores, sin que les importe atropellar la lógica más elemental o el respeto al estado de derecho en el que supuestamente vivimos, ya que sería difícil concebir que se deba a ignorancia de las leyes laicas que nos rigen, o que sea consecuencia de la ingenuidad estrecha que tiene todo fundamentalista de un dogma religioso, con la añadidura de que estas declaraciones parecen ser la regurgitación de un viejo plan, preconcebido en los sótanos de añejas ambiciones de poder, guardado desde el Siglo XIX al consolidarse la reforma juarista en México, pero que actualmente los rabadanes, nostálgicos del medioevo, perciben que ya son los tiempos propicios para sacarlos nuevamente a la luz pública, y utilizarlos como termómetro que mida las posibilidades de una reconquista de los antiguos fueros que perdieron.
En este panorama de asombros y sobresaltos políticos el asambleísta del Distrito Federal Víctor Varela López, perteneciente al Partido de la Revolución Democrática (PRD.), propuso una iniciativa de ley para que se legisle sobre la eutanasia (muerte asistida a petición del enfermo terminal, o por piedad cuando la vida se sostiene artificialmente a un enfermo en estado de coma sin posibilidades de recuperación), lo que dio lugar a que el Cardenal Norberto Rivera Carrera, obispo primado de la diócesis de la Ciudad de México, aprovechara para buscar protagonismos políticos con un polémico y espurio comentario a la iniciativa de marras, hecho durante la homilía dominical del pasado día 16 de octubre y como parte de la misa que ofició en la catedral metropolitana, en donde dicho purpurado hace una interpretación personal del evangelio católico que nos recuerda al “ius gladi” (Tiranicidio), de los tiempos medievales en que la iglesia entronizaba y destronaba reyes según sus intereses, pues en esta homilía el cardenal incita a los creyentes a la resistencia civil (sic), “cuando los actos legítimos del gobierno no coincidan con las normas de su iglesia” (tal y como él la concibe, y no como la ven sus feligreses que son ciudadanos libres de un Estado laico), o dicho en otras palabras que parafrasean una máxima de Cristo, “Dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César”, pretendiendo con ello hacer retroceder nuestro sistema político en más de mil años.
Sin embargo la confusión ciudadana se calma un poco y aclara cuando escucha que el vocero de la Presidencia de la República, Rubén Aguilar Valenzuela, en declaraciones a los medios, advirtió que en una democracia (sic) “no tiene lugar” que alguien pida rebelarse en contra de la ley, añadiendo que (sic) “las leyes y las instituciones son, en la democracia, las vías para garantizar la convivencia social y la solución de las distintas demandas que puedan tener sus ciudadanos”, señalando además que dentro de una democracia el fundamento central es el respeto irrestricto a las leyes.
Entre tanto para asombro de la ciudadanía, regreso a la confusión y como complemento a las declaraciones aberrantes, constitutivas de un delito tipificado en nuestras leyes republicanas, hechas por este “príncipe” de la Iglesia católica, el secretario de Gobernación, Carlos Abascal Carranza, miembro del gobierno federal, supuesto responsable del orden interno de una república laica, pero sinarquista de corazón, hace declaraciones contrarias a la línea política y legal expresada por el vocero del gobierno al que sirve, en apoyo al cardenal en su llamado a la desobediencia civil, diciendo que (sic) “es parte del derecho a la objeción de conciencia cuando a juicio de una persona, se viola el orden natural, se altera el orden moral mediante una ley escrita”, escamoteando mañosamente en este galimatías declarativo, que una vez que se encuentra instituído el poder político legal en un cuerpo de leyes, al ciudadano y a las autoridades sólo les queda como opción el obedecerlas al primero y hacerlas cumplir al segundo, pues la finalidad de éstas es mantener la paz social y la equidad armónica entre los derechos y deberes de todos los ciudadanos, ya que la desobediencia a estas leyes convierte al infractor en un delincuente que altera la paz y la armonía de las relaciones dentro de la sociedad, pues en un régimen democrático las leyes no son producto del capricho de un hombre que puede y quiere causar un mal, sino que son el producto de un órgano deliberativo que busca el bienestar general.
Aunando la confusión y el estupor de la ciudadanía, aparecen las declaraciones del presidente nacional del Partido Acción Nacional, Manuel Espino Barrientos, respaldando la postura del Cardenal y Arzobispo Rivera Carrera, diciendo que solamente se trata (sic) “de un asunto de defensa de la dignidad humana”, y añadiendo que personalmente se sumaría, y su partido también, a cualquier llamado a la resistencia civil, en caso de que ésta fuera convocada por la Iglesia católica; ¿declaración implícita de otra guerra cristera contra el gobierno?
Tanto Espino Barrientos como Abascal Carranza parecen no entender que la desobediencia a la que llama el Cardenal Norberto Rivera está fuera de lugar, pues México es un país en donde existe un estado de derecho, y por lo tanto las opiniones de tipo moral o religioso que puedan ser invocadas por una secta o un particular, carecen de obligatoriedad general para la ciudadanía, además de que en México existen canales democrático-legales para impugnar cualquier norma o decreto, mientras que la desobediencia a cualquiera de las leyes constituye un acto de resistencia al estado de derecho legalmente constituído, razón que la convierte en un delito que está tipificado en nuestro derecho penal, sobre todo cuando se expresa contra una autoridad legal, democrática y legítimamente constituida, ya que entonces se torna en un delito que se conoce como rebelión, o de incitación a la rebelión.
Después de analizar el contenido de tantas declaraciones de la clerecía política de la Iglesia católica en México, de la máxima autoridad responsable del orden interno en la República, y de la dirigencia del PAN, sólo queda concluir que la ultraderecha clerical ha logrado infiltrarse en las altas esferas del gobierno y del Partido Acción Nacional, para reclamar desde los puestos que ocupan, un papel protagónico en la política del gobierno federal que les permita romper la constitucionalidad del estado laico de derecho vigente, para señalar rumbos e imponer sin cuestionamiento alguno sus creencias, incluyéndolas en el cuerpo de leyes de la república, ya que la única ley válida para ellos es la ley divina, lo que les permitiría recuperar los fueros eclesiásticos que disfrutaron desde el Siglo XVI y que perdieron en el Siglo XIX con la Leyes de Reforma.
Ante este propósito declarado (constitutivo de un delito), de trastocar el orden constitucional y democrático, la ciudadanía está esperando la respuesta legalmente obligada de la Procuraduría General de la República en contra de quienes se han hecho delincuentes de “lesa república”, así como de la renuncia, también obligada, del señor Carlos María Abascal Carranza como secretario de Gobernación, quien con sus declaraciones nos dejó saber su repudio a la política del gobierno, así como su posición en contra de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos (cuerpo de leyes fundamentales), a la que juró obedecer y hacer obedecer cuando asumió el cargo que ostenta, pero que actualmente ha puesto al servicio de los rabadanes de la clerecía política.
De otro modo, los ciudadanos de la República quedaremos convencidos de que la ultraderecha clerical y reaccionaria ha secuestrado a las instituciones de la Republica y ahora gobierna en lugar de ellas, lo que sólo deja a la ciudadanía la opción de proceder, de acuerdo con el derecho soberano que nos otorga la propia Constitución, para liberarlas de los usurpadores.
* Contador Público y Auditor egresado del ITAM en 1971, examen profesional en marzo de 1973 con la tesis Tratamiento Contable y Fiscal de Algunas de las Prestaciones de la Ley Federal del Trabajo. Cursos de actualización en impuestos, dos cada año, impartidos en diferentes despachos de contadores y auditores. Recaudador de impuestos del estado de Guerrero de México (1985-1987) y funcionario en Sedue (1988-1991). Cursos de acupuntura, medicina tradicional china, medicina natural en la escuela superior de medicina natural y quirofisiatría de la Asociación de medicina y rehabilitación deportiva del IPN. Propietario del Grupo de Alternativas Médicas, de 1993 a la fecha. Actualmente escribe en la revista Acto es Respuesta análisis de hechos que marcan la vida nacional.