UN DEBATE ENTRE "SEGURIDAD JURÍDICA" Y DERECHOS HUMANOS
Elizabeth Peredo *
Más allá de la letra menuda de los contratos, de sus agregados y de las astucias para sacar la mayor ventaja posible de las circunstancias , está que al mercantilizar el derecho al agua se genera una cadena de vulneración de derechos humanos como la experiencia de una mujer cochabambina que dijo "un servicio privatizado afecta a nuestra economía familiar y acaba siendo un negocio turbio en manos de pocos".
"Los bolivianos vamos a tener que pagar 25 millones de dólares por la salida de Aguas del Tunari”, "el país está a punto de perder", "no le vemos mucha salida" , "no respetar la seguridad jurídica tiene consecuencias no sólo para un sector del país, sino para todos los bolivianos y eso lo vamos a sufrir en breves semanas en el caso señalado" , son algunas de las frases del ministro de la Presidencia, José Galindo, en la conferencia de prensa del 19 de n oviembre (Los Tiempos, 20/11/04) .
Las declaraciones del m inistro son cuestionables tratándose de un funcionario de gobierno que debería en primer lugar defender los derechos del país ante el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI) del Banco Mundial y ante el mundo entero.
Demasiado enfático y categórico sobre la amenaza de perder el juicio con la empresa B echtel , el funcionario hizo las declaraciones a sabiendas de que el juicio aún no está en una fase definitiva, suponemos que para atemorizar a las organizaciones sociales de El Alto sobre sus demandas en torno a Aguas del Illimani, pero también y, "de taquito", para referirse a los contenidos de la Ley de Hidrocarburos en relación a las inversiones de las transnacionales y señalar que no aprobemos una ley que cuestione su poder en Bolivia .
¿Cuál es el interés del m inistro en colocar las cosas entre la espada y la pared?
Aguas del Tunari nos demanda por 25 millones de dólares a pesar de que no invirtió más de medio millón de dólares en Bolivia. Es lo que "esperaba" ganar en un contrato de 40 años. Nos demanda por sus "expectativas de lucro futuro" o la "expropiación de ganancias futuras" que es válido según la "seguridad jurídica" instaurada para favorecer a las grandes empresas en el mundo a expensas –cuando se pueda- de los presupuestos públicos.
¿Es justa la demanda de esta transnacional?
Aguas del Tunari es un consorcio conformado por varias empresas, entre ellas cuatro pequeñas socias bolivianas y una española, todas lideradas por la estadounidense Bechtel, sin embargo el juicio está planteado como si se tratara de una empresa holandesa. ¿Cuánto de holandesa tiene Aguas del Tunari? Nada.
Y Bechtel que lidera la demanda ante el CIADI es más estadounidense que la comida chatarra; es una transnacional a círculos de poder en Estados Unidos, dedicada , entre otras cosas, al negocio de la "reconstrucción" de Irak.
En los pocos meses que estuvo a cargo del servicio, la empresa no realizó inversiones, incrementó las tarifas entre un 40 por ciento y un 300 por ciento y creó las condiciones para un conflicto social de grandes magnitudes, que afectó los derechos al agua de usuarios y regantes de la región y que posibilitó una intervención militar que mantuvo en vilo a todo el país, dejó como saldo un joven muerto, decenas de heridos y varios detenidos en Cochabamba.
Conociendo y sacando ventaja de los recursos de la "seguridad jurídica" a la que se refiere el m inistro, Bechtel cambió su dirección legal de las Islas Caimán a Holanda a fines de 1999, cuando ya había firmado el contrato de concesión con el Estado boliviano, bajo la aquiescencia cómplice de la Superintendencia de Saneamiento Básico.
El "traslado" ilegal fue para ampararse en un tratado bilateral de inversiones de Bolivia con Holanda y ahora nos demanda ante el Banco Mundial como empresa holandesa (!!). Su demanda ante el CIADI es inmoral e injusta y vulnera los derechos de un país pobre que tiene menos de la mitad de ingresos anuales que esta empresa y que si dispusiera libremente de los 25 millones podría resolver una parte importante de las necesidades de agua y saneamiento básico al menos en Cochabamba.
También cuestionable es el papel del Banco Mundial que condicionó al gobierno a privatizar el agua en Cochabamba, es coresponsable del conflicto social generado, y ahora hace de juez y parte al acog er la demanda de Bechtel contra Bolivia en un panel de arbitraje, en el cual la sociedad civil carece de un lugar para defenderse o dar testimonio de lo ocurrido, pues el panel de arbitraje está conformado por un representante de la empresa, uno del Banco Mundial y otro del gobierno boliviano (que ya vemos cómo nos está defendiendo).
El gobierno debería saber que incluso ciudadanos y ciudadanas estadounidnses activistas por los derechos humanos han tenido el valor de protestar ante el CIADI por la agresión de Bechtel contra Bolivia y han invitado a los miembros del CIADI a conversar sobre la pobreza en nuestro país para desanimarlos de aceptar la demanda de Bechtel; qué confianza podemos tener en gobernantes que no dudan en enlodar la imagen del país a fin de hacer sonar los sables contra la amenaza que les representa la necesidad de soberanía y justicia instalada en los corazones bolivianos y que señalan los serios problemas a los que ha llevado la privatización de nuestros servicios y de nuestros recursos naturales.
Pero el ministro no deja de sorprendernos porque va aún más a llá y nos dice que " a hora, ¿debemos pagar todos los bolivianos esa suma de dinero por no haber respetado la estabilidad jurídica del país, deben pagar todos los del d epartamento de Cochabamba que decidieron echar a esa compañía o hacer un juicio para establecer responsabilidades?"
Según él funcionario, somos los y las bolivianas quienes debemos pelearnos entre nosotros para ver quién es el culpable y hasta deberíamos hacer un juicio interno para determinar quién debe pagar la demanda .
¡Por favor!
Es una forma burda de criminalizar la protesta social. Quienes deberían ir a juicio son los que han firmado semejante contrato usurpando las fuentes de agua de la población indígena de la región, quienes han adjudicado el contrato a Aguas del Tunari a pesar de que en la licitación no se presentó otra empresa para que sea una verdadera licitación, quienes se hicieron d e la vista gorda cuando Aguas del Tunari cambió ilegalmente su dirección para ampararse en el Tratado Bilateral de Inversiones con Holanda.
A quienes debemos condenar es a las autoridades que firman contratos que someten a la población boliviana y , en especial , a la más pobre y humilde a no tener agua a menos que la pague con creces, con tarifas indexadas al dólar, con tasas de retorno millonarias a favor de las empresas.
L a supuesta "seguridad jurídica" a la que se hace mención vulnera los derechos y la dignidad de Bolivia y quienes la invocan ofenden nuestra inteligencia.
Más allá de la letra menuda de los contratos, de sus a gregados y de las astucias para sacar la mayor ventaja posible de las circunstancias está que al mercantilizar el derecho al agua se genera una cadena de vulneración de derechos humanos como nos los recuerda la experiencia de una humilde mujer cochabambina que dijo que "un servicio privatizado afecta a nuestra economía familiar y acaba siendo un negocio turbio en manos de pocos".
Se dice que Bolivia ha gastado ya más de un millón de dólares de sus fondos públicos sólo en costos de abogados y traslados al CIADI en Washington, más de lo que esa empresa ha gastado en Bolivia.
El gobierno boliviano es parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de N aciones Unidas , que ha afirmado que el agua –que es una condición para la realización de otros derechos humanos- "tiene que ser tratada como un bien social y cultural y no en primer lugar como un bien económico" (...) "es una condición para la realización de otros derechos" (Comité de las Naciones Unidas para los DESC, 27 de noviembre del 2002).
Esperemos que sean los acuerdos, y no otros, los que rijan la conducta y la ética de nuestros gobernantes cuando se trate de considerar y enfrentar los conflictos que estén r elacionados con el derecho humano al agua y al saneamiento.
* De la Fundación Solón.