EQUIDAD E INEQUIDAD ELECTORAL
Rafael Mendoza Toro *
En uno de los lapsos de honestidad y autocrítica que solía tener de tanto en tanto el ex presidente Zedillo, casi siempre ante prensa extranjera, se atrevió a confesar que si bien fue producto de un proceso electoral plenamente legítimo, éste no fue rigurosamente equitativo, quedando de esta manera el primer calificativo en entredicho. Igualmente, en relación al pasado proceso, la crítica tónica ha hablado largamente de la inequidad del mismo, quedando al gusto de la filiación de la pluma el agregar cuantas descalificaciones más se desearan. Sin embargo, sólo por llevar la contraria y ya en los terrenos de la política ficción, se puede intentar imaginar como sería un proceso electoral en el que, de inicio y en todos sus aspectos, se garantizara que fuera:
UNA CONTIENDA EQUITATIVA
Para arrancar el proceso electoral, en lo que sería un macroevento mediático, de preferencia en cadena nacional televisiva, en horario triple A y en vivo ante una audiencia seleccionada, todos los candidatos harían su presentación ante los votantes, en condiciones muy parecidas a una eclosión. El animador, que para asegurar impacto debiera ser el conductor con mayor rating televisivo, en estricto orden alfabético iría nominando uno a uno a los candidatos debutantes, agregando además la formación político-partidaria que los postularía. Se cuidaría que la coreografía de entrada fuera similar: caminado desde el centro del escenario para evitar identificaciones de izquierda o derecha que sesgarán desde el inicio la percepción ciudadana, igualmente controlando tiempo de exposición bajo reflectores e incluso encuadres de cámaras.
En ésta, su presentación, se cuidaría que el vestuario fuera muy semejante, si no idéntico y que su discurso de entrada, de la misma duración, versará sobre temas preacordados. La audiencia en vivo, seleccionada como representativa de la diversidad del electorado, casi como un mega grupo focal, daría en este evento vía apluasómetro, una primera valoración de la percepción de los candidatos, justa la información necesaria para rectificación ulterior.
Los candidatos, cinco o seis con el fin de abrir en lo posible el abanico de la selección y no obligar a buscar “lo más parecido a lo deseado”, formarían parte del grupo de edad conocido como “edad madura”, o sea de finales de los 30s a principios de los 60s, evitándose así identidades instantáneas, secundarías a la edad que restarían equidad en la contienda. Al menos uno de los candidatos sería mujer y todos caerían en el fenotipo físico “mestizo”, aunque bien sería factible que alguno tuviera el pelo poco más claro o rasgos indígenas más pronunciados, eso sí, ninguno podría ser rubio de ojos azules o indígena puro.
Buscando la equidad en la medianía, desde la preselección se evitaría que alguno de los candidatos fuera excesivamente guapo(a) o inteligente para evitar que tomarán ventaja de esas características; igualmente, en lo que hace a antecedentes académicos, si bien todos tendrían al menos una licenciatura de universidad local, no se permitiría ostentar grados académicos superiores de instituciones que casi automáticamente son reconocidas como de excelencia, como serían las Universidades de Harvard o Oxford, que haría que el electorado identificara los valores preestablecidos de prestigio para estas instituciones asignándolos a sus egresados. Si bien desde la preselección se evitarían diferencias radicales en personalidad, de la plena anodidad a la extrema flamboyancia, se establecerían mecanismos de compensación para que ningún candidato tomara ventajas desleales: al mejor orador se le limitaría a discursos muy cortos, al más carismático se le obligaría a marcar distancia en sus eventos de masas, a quien tuviera experiencia en algún tema considerado prioritario debería sólo presentar sus propuestas en términos simples y muy generales, sin exhibir sus conocimientos; pues siempre será más sencillo igualar hacia abajo.
Junto con los candidatos, aparecerían por primera vez las formaciones políticas que los postularían, evitando así preconcepciones y prejuicios derivadas de su historial previo tanto siendo gobierno como en procesos electorales anteriores. Se normaría también para que en los nombres de las mismas organizaciones no existieran términos con una previa carga emotiva o ideológica muy importante, como serían las palabras “nacional”, “democrático”, “revolucionario”, “popular”, entre otras, las cuales acarrean identidades y prejuicios que rebasarían los propios alcances de la contienda. Así, una opción podría apuntar hacia el uso de colores como identificadores, o bien términos ambiguos o neutros, como “Acción Unitaria”, “Federación Gregaria”; por otra parte, aunque ya no caería en la normatividad de la contienda, se propugnaría hacía usar el menor número de palabras como identificador partidario, tanto por nemotecnia como por economía en la propaganda.
La presentación ante la sociedad, sería el inició formal de las campañas electorales, a las que se destinaría exactamente la misma cantidad monetaria, la cual sería ejercida por los respectivos equipos estratégicos, marcándose aquí ya una diferencia, pues su amplitud y composición ya sería decisión del respectivo candidato, pues por regla, la incorporación de cualquier miembro del equipo tendría un impacto presupuestal, lo que acotaría la disponibilidad para otras actividades de promoción de la candidatura. En este mismo sentido, sería ya decisión del candidato y sus respectivos equipos, el énfasis y especificidades que se le diera a la campaña, ya sea vía promocionales en medios masivos de comunicación, giras de trabajo y contacto directo con los votantes, conferencias, encuentros con grupos de interés, mítines, manifestaciones, incluso el otorgamiento de donativos, de camisetas a despensas, todo sería permitido siempre y cuando la sumatoria final del gasto quedará dentro de los rangos previamente acordados. Toda aportación privada quedaría excluida, pues una mayor simpatía de un candidato atraería mayores recursos financieros, con lo que así la equidad quedaría vulnerada.
La equidad sí sería garantizada en lo que hace a insumos informativos, pues de arranque, cada candidato recibiría un perfil completo del electorado, en lo que hace a sus características socioeconómicas y demográficas, valores y expectativas sociológicas y culturales, gustos y patrones de consumo, incluyéndose hasta información sensible, como religiosidad y patrones de comportamiento sexual. Igualmente, a lo largo de las campañas, los candidatos periódicamente recibirían idénticas encuestas preelectorales, con el fin que evaluaran la eficiencia de sus campañas y la eventual necesidad de correcciones y ajustes a sus estrategias.
La información en medios de comunicación a lo largo de las campañas igualmente se daría en términos de equidad plena, pues tanto en radio y televisión como en medios impresos, cada candidato recibiría exactamente el mismo espacio ya sea en tiempo aire como en líneas ágata, evitándose también sesgos y editorialización de la nota mediante la elaboración de textos “neutros y balanceados” por la propia autoridad electoral, quien se constituiría en monopolio virtual para proporcionar toda la información electoral. Quedarían prohibidos, en este mismo sentido, todo texto analítico o editorial que explicita o implícitamente, apoyara o denostara a alguno de los candidatos.
Toda propaganda deberá ser aprobada por la autoridad electoral, con el propósito de conservar la igualdad y que ninguno de los candidatos tome ventaja desleal a partir de la exhibición de algún defecto físico, limitaciones intelectuales o episodios de la vida personal de los otros contendientes; así, serán las propuestas de campaña, él “porque votar” por un candidato lo primordial y no las razones por las que no se debiera sufragar por algún otro. Por supuesto, todo epíteto, sobrenombre infamante o simple gracejada, quedarían estrictamente prohibidas y serían penalizadas perdiendo tiempo de exposición en medios masivos.
De esta manera, concluido el tiempo preestablecido para campaña los electores, habiendo recibido similares cantidades de información sobre los candidatos, lo suficientemente diferenciada en sus contenidos para distinguirlos pero semejante en formas, para evitar las ventajas que otorgan impactos publicitarios más efectivistas, saldrían finalmente a emitir su voto. La última condición para garantizar equidad, se debería cumplir en este momento: la distribución de las casillas electorales debiera ser tal, que ningún elector se viera obligado a recorrer largas distancias, enfrentar inclemencias del tiempo o incluso largos periodos de espera para sufragar, pues en estos casos la ventaja se inclinaría hacia el candidato cuyos votantes que no las enfrentan.
UNA CONTIENDA INEQUITATIVA
Pero, lejos de estos singulares términos de equidad, la contienda pasada se dio en otras condiciones, que determinaron desigualdades muy sui generis, tantas y tan especiales como nuestro escabroso tránsito a la democracia plena. Nomás para ejemplificar, vale la pena revisar algunos hechos, todos dentro del terreno de la inequidad.
Para empezar, al arranque formal del proceso electoral en noviembre del 2005, uno de los candidatos rebasaba ya el 90% del reconocimiento público, producto de una muy inteligente campaña de posicionamiento mediático, que le permitió fijar desde años antes, día a día la agenda política de discusión e interlocución de prácticamente todos los actores. Apenas arrancaba el día cuando en su conferencia de prensa mañanera ya estaba determinando la temática de referencia, a la cual se ajustarían el resto de interlocutores políticos, lo mismo a favor que en contra. En esta pre-precampaña, lejos de toda normatividad electoral, aunque se hacía uso de recursos públicos, como era él usar un recinto oficial y tiempo hipotéticamente de “trabajo” en su conferencia “mañanera”, al no implicar grandes montos nunca estuvo sujeta a fiscalización. De esta manera, al ser ungido candidato, Andrés Manuel López Obrador ya contaba con un 40% de intenciones de voto; no arrancando en consecuencia en las mismas condiciones que sus contrincantes. Como contraparte cabría agregar que el principal partido que lo postulaba, gobernaba 4 estados y el Distrito Federal, poco más del 20% de la población nacional, pero que competía cerradamente por el titulo del “partido por el que nunca votaría” con el otrora partido de estado.
Con un reconocimiento equivalente, también de más del 90% del electorado, arrancaba el candidato del partido alguna vez conocido como “invencible”; empero, pese a haber tenido una presencia en medios constante desde los prolegómenos del proceso 2000, cuando compitió por la candidatura de su partido, el ser muy conocido no se traduce para él en aceptación. Antes de iniciar campaña tiene una intención de voto que apenas alcanza el 20%, pero en contraparte el porcentaje de electores que nunca votarían por él rebasa incluso la cifras de rechazo a su partido presentando además un alto saldo negativo considerando opiniones positivas vs. negativas. Con todo, tiene también “haberes” en su contabilidad, pues para empezar su partido tiene un historial de 77 años, 71 de ellos en el poder; incluso en el anterior proceso electoral federal se consolidó como primera minoría en el Congreso, recuperando también espacios en las elecciones locales, gobernando al arranque electoral 17 entidades y más del 50% de los mexicanos. En el imaginario popular, adicionalmente, persisten fijaciones favorables a su causa, pues después de 70 años en el poder, para un porcentaje de los electores, principalmente entre los de mayor edad, su partido representa la UNICA opción de voto, lo que explica que casi un 40% de la ciudadanía lo consideraba seguro ganador, aún antes de la campaña y sin candidato.
Ante estas cifras, un tercer candidato empieza casi como el “patito feo”, con cifras de reconocimiento que apenas rebasan el 40% y una intención de voto apenas equivalente a la mitad de los que lo conocen. Pero sus desventuras no acaban ahí: chaparro, calvo y de lentes, todo un “Milhouse” nacional, representa casi el amigo “matado” de la escuela al que siempre copiábamos en examen pero terminábamos evitando en público. Mas tiene haberes: es postulado por el partido en el gobierno federal, primero de los tiempos de alternancia, aunque de capa caída en las ultimas elecciones; gobernante en 9 entidades que abarcan el 29% de la población nacional. Su partido también aporta capital político, con más de 50 años de historia, reconocido por el imaginario como “el opositor leal”, identificado con los valores de la clase media y, sobre todo con los del catolicismo, que sigue siendo la religión de casi el 90% de la población. Por otra parte, aunque sus seguidores de arranque son pocos, no por ello dejan de ser distinguidos, buena parte del empresariado nacional lo reconoce como su gallo y está dispuesto a invertir jugosas cantidades para que las limitaciones del candidato pasen a segundo término, o mejor, sean reconocidas como potencialidades.
Muy lejos de los niveles de reconocimiento público de estos tres candidatos, arrancan otros dos con cifras equiparables al error estadístico de las encuestas, menos del 3%; aunque ni en la marginalidad hay equidad. Uno de ellos, para empezar, es postulado por un partido de reciente creación, aparecido como conejo de chistera, pero que sin embargo recibe el respaldo soterrado del mayor sindicato nacional mismo que cuenta con más de un millón de miembros atrapados en las telarañas del corporativismo. Así, aunque no cuenta siquiera con una plataforma ideológica estructurada que dé razones del porque votar por ellos, si presume una amplia red de promotores del voto que actuarán cuando sea necesario.
Por el contrario, la única candidata proviene de una formación política con amplio historial y reconocimiento mundial, la socialdemocracia, pero no con estructura propia. Para salvar las trampas del registro condicionado pactó con el diablo, o poco menos: una organización “campesina” construida bajo las reglas del clientelismo y la componenda, que a poco quiere cobrar sus servicios e imponer candidato a modo. De esta manera su campaña inicia de la peor forma posible: sin recursos financieros, secuestrados en la disputa interna y sin una estructura nacional que apoye las tareas de promoción electoral.
Pos supuesto, estas inequidades tienen también su dimensión financiera: el presupuesto asignado por la autoridad electoral a los tres primeros candidatos casi sextuplica el financiamiento de los dos menores, eso sin contar con los recursos presupuestales, federales, estatales y municipales, ingentemente aplicados en apoyo del candidato de sus amores y de su partido; y todo dentro de la normatividad electoral, o sin que se note mucho. Quedan en otro apartado las donaciones directas de ciudadanos individuales -se supone que están excluidas de esto empresas o personas morales- reporte que conoceremos cuando finalmente se cierren las cuentas electorales, pero se puede presumir que su distribución copió en gran manera la oficial.
Las desiguales finanzas igualmente diferenciaron la presencia en medios de los candidatos; de acuerdo a las cifras preliminares del IFE, por cada spot de Patricia Mercado los tres candidatos principales difundieron de 8 a 10; si como se dice, sin prueba empírica, que la promoción en medios masivos es la clave, se podría especular que con tres veces más presupuesto en medios Mercado hubiera entrado directamente en la contienda con los punteros. En contra de esta visión lineal, queda la evidencia que ni contando con uno de los mejores publicistas políticos de México y una de las mayores inversiones, Roberto Madrazo logró acercarse a Calderón y López Obrador.
Sólo en el terreno de la cobertura informativa se coló un atisbo de equidad, al menos en medios electrónicos, pues en el seguimiento del IFE se reportó casi equilibrio en el tiempo dedicado a cada candidato; dejando de lado, claro, la editorialización secundaria, que cae ya dentro de otro terreno.
Ante estas condiciones, queda a disposición del lector la elección del panorama de inequidad más acorde a su visión.
APOSTANDO A LA EQUIDAD
Jugando entre los dos extremos: entre un proceso electoral plenamente equitativo aunque probablemente no muy democrático, más bien cercano a un “reality show” de los de Donald Trump, y el panorama de la realidad electoral mexicana, tan inequitativa como lo es el país, se pueden apuntar algunas ideas para mejorar la competitividad en los procesos electorales, aunque no se alcance una mítica equidad.
La tónica de las propuestas de modificación se centra en el terreno de la legislación electoral y el órgano que la vigila, sobre todo pues serían las que más fácilmente se podrían instrumentar. El primer y obvio objetivo se refiere al costo de las campañas, buscándose reducirlo junto con el tiempo de las mismas; a lo cual se debiera agregar una fórmula más equitativa para la asignación de presupuestos partidarios. Al momento la asignación va en relación directa con los resultados electorales previos, con lo que reafirma el ciclo de inequidad, pues se premia a los fuertes y se castiga a los débiles, sobre todo a los partidos de nueva creación; revertir esta lógica apostando por la equidad plena, no puede ser la solución, pues induciría a la recreación de los partido-empresa, desechables y que nada aportan al desarrollo democrático -no hay que olvidar la experiencia del Partido de la Sociedad Nacionalista. Un término medio bien podría ser el destinar equitativamente una fracción del presupuesto a todos los partidos, digamos un 60%, y el resto de acuerdo a la presencia electoral.
Relacionado con costos, pero también con contenidos, está el tema de la promoción en medios masivos. Algunas voces proponen su prohibición completa, acusándola de provocar la trivialización de la oferta política, reduciendo a spot lo que presumen debiera ser tesis doctoral. Bajo esta visión, la campaña debiera consistir en la edición de un grueso volumen que contuviera las propuestas respectivas, que se debieran debatir con la seriedad que merecen en foros ad hoc; lo malo es que con estas campañas de “alto nivel”, los votantes se reducirían a los militantes directos de cada partido, creándose de paso incentivos perversos para ampliar las redes clientelares. Otra vez, el término medio puede ser la opción: contratando la autoridad electoral en bloque el tiempo de promoción en medios de comunicación, asignándose a los partidos con formula semejante a la presupuestal.
Las complicaciones aumentan si se considera la normatividad de contenidos, como opción para detener la “guerra sucia” y otras formas de promoción negativa; partiendo de esta inquietud se ha terminado por proponer al IFE como gran censor, otorgarle “dientes”, con lo que la instancia debiera aprobar previamente la propaganda de todo partido. No parece tan mala idea, salvo que, si los consejeros del IFE no pueden ser más que el reflejo de las relaciones de la ciudadanía con los partidos políticos, el juicio de éstos será tan limitado como lo es en todos los demás terrenos; ante estas condiciones, antes que erigirlos en calificador, apostaría a la autorregulación e incluso aceptaría el exceso, antes que retornar a la censura.
Lo peor se da cuando la equidad se quiere impulsar vía regulación de contenidos en medios, sobre todo los impresos, donde la “comentocracia” gusta expresar filias y fobias en sus textos, no siempre construidos sobre el análisis concreto. Definitivamente, si se analizaran los textos editoriales y analíticos de los medios en el pasado proceso, se determinarían ciertos patrones de apoyo y rechazo, reflejo en mucho de la marcha de los candidatos; incluso si se quisiera ir más allá, se podrían fijar tónicas en el análisis, momentos de inflexión en donde las opiniones empiezan a inclinarse hacía uno u otro candidato. Ignoro si estos cambios en el talante incidieron en las motivaciones del voto, empero entre estimular la equidad acotando la libre expresión o el reconocimiento de ésta como uno de los valores fundamentales de la democracia, aceptando sus riesgos, voy por ésta última.
Otro terreno de coincidencia se da en lo que hace a la regulación de las precampañas, actualmente fuera de toda norma, para que el IFE las vigile, revise sus gastos y apego a las propias normas partidarias, pero sobre todo que no a nombre de precampaña, en teoría cerrada a la militancia, se arranquen las campañas dirigidas a la ciudadanía en general. Sin embargo hay otro terreno donde difícilmente se normará o inducirá equidad: no es posible evitar que una figura pública sea reconocida y valorada como potencial candidato. En estos momentos, apenas a inicios del sexenio, ya las encuestas de Consulta ubican a Amalia García y a Enrique Peña Nieto, como los gobernadores más reconocidos y mejor valorados, lo que los convierte en punteros de una carrera que no inicia. Si bien durante el priismo la regla era “él que se mueve no sale en la foto”, en estos momentos los actores políticos aparecen, opinan, participan, usando las imágenes o las ideas en pro de su causa política pero también para su personal acervo y sería absurdo apostar por una norma en pro de la equidad electoral que lo evitara. Tal vez la única moderación en este terreno podrá venir a partir del uso de la transparencia y la rendición de cuentas, para evitar el exceso en el uso de recursos públicos para promoción difícilmente calificable como institucional: no se objetaría un spot sobre el gobierno de Peña Nieto en la Televisión Mexiquense, empero pocas justificaciones hay para su pago por red nacional de Televisa.
A MANERA DE CONCLUSION
Si bien la plena equidad es una meta poco realizable, por tanto a la que se deben dedicar pocos esfuerzos; se vale aprender de otros terrenos y, como en el fútbol americano profesional, apostar en su lugar por una mejora de las condiciones de competitividad. Para su autoridad, el gran Comisionado, no hay nada tan malo para el espectáculo y el negocio que la pérdida de la competitividad y el encumbramiento de un equipo dominante, pues conlleva a la disminución de audiencias y asistencia a los estadios; por tanto se ponen topes en la nómina de los equipos y mecanismos para el fortalecimiento de los más débiles, como es la selección preferencial de los mejores jugadores universitarios por éstos. Así, la competitividad la definen como que un domingo cualquiera, cualquier equipo puede derrotar a cualquier otro; y lo han logrado: es común que el equipo campeón en la siguiente campaña sea derrotado por el sotanero. La competitividad se refleja en el negocio: los ingresos del fútbol americano son mucho mayores que los del béisbol, donde pocos equipos han dominado los campeonatos.
La siguiente generación de reformas electorales, ya anunciadas, debieran tener entre sus objetivos una mejora en la competitividad electoral; con ellas tal vez no se logre que cualquier partido gane, pero al menos dará mejores posibilidades a las minorías y a nuevos proyectos. En una de esas, chance y en la siguiente si gane Patricia Mercado.
* Nació en el DF en 1952, reside en Aguascalientes desde 1992. Medico cirujano por la UNAM, sin ejercicio lucrativo de la profesión. Desempeñó diversos encargos en la Administración Pública Federal, principalmente en el INEGI y la Secretaria de Programación y Presupuesto. Investigador de los determinantes económicos y sociales en la salud, colaboró en el proyecto “Salud Enfermedad y Muerte en los Altos de Chiapas” en el Centro de Investigaciones Ecológicas del Sureste, y en la investigación publicada en la serie “Necesidades Esenciales: Salud, situación actual y panorama al año 2000”, por la Presidencia de la República y la Ed. Siglo XXI, en 1983.
Militante de la izquierda desde 1968; fue Secretario de Formación Política del Comité Estatal del PRD de 1997 al año 2000. Analista sobre temas políticos y sociales en diversos medios locales, como las revistas Crisol y Tiempo de Aguascalientes y los diarios El Sol del Centro, Página 24 y Aguas; escribe para el suplemento Contextos del diario de circulación nacional Milenio desde el año 2001. Fue coordinador del libro: “Alternancia y transición democrática, la experiencia de Aguascalientes”, editado en el año 2005 por el Senado de la Republica y la Universidad Autónoma de Aguascalientes.