EL CAMPO: SEMBRANDO MENTIRAS Y SUBSIDIOS
Rafael Mendoza Toro *
¡Ni modo! Aunque de vez en cuando intento escribir sobre algún tema que considero interesente o relevante como podría ser evocar la obra de Don Andrés Henestrosa o desmitificar la leyenda de Obama, el negrito bueno; casi siempre la coyuntura termina imponiéndose obligándome a posponer para después lo que realmente me interesaba poner a consideración de los lectores. Esta vez no es la excepción, ante las ingentes cantidades de demagogia, ignorancia y verdades a medias exhibidas con motivo de la plena apertura del capítulo agropecuario del TLC, donde pareciera haber competencia por la declaración más estúpida; no queda más que echar mano la historia económica del país e intentar aportar algunos elementos más a la polémica, apostando a lograr la prevalencia del dato sobre la opinión.
Empecemos por el dogma generalizado que habla de la “destrucción del campo mexicano” a partir de la apertura de fronteras secundaria al TLC, que según “dirigentes campesinos” sólo ha traído miseria a los productores y encarecimiento de alimentos a los consumidores. Si bien algunos de estos “dirigentes” dicen haber estudiado economía, prefieren olvidar algunos hechos de la historia económica del país, empezando por la denominada “transferencia de valor” de la agricultura a la industria, sustento del despegue del milagro mexicano. De acuerdo a las tesis desarrollistas impulsadas por la CEPAL (Comisión Económica para América Latina) con el fin de impulsar una rápida industrialización, considerando que en sus primeros estadíos esta actividad no generaba suficiente plusvalía para su ampliación y reproducción, era necesario “transferirle” el valor generado por otros sectores, específicamente en el caso de México la agricultura y la minería. Esta transferencia implicaba el uso por la industria de las divisas generadas por las exportaciones agropecuarias así como insumos abaratados por decreto, que a más contribuían a mantener bajos los salarios obreros al proporcionar una canasta básica de bajo costo.
Adoptado a mediados de la década de los 30s, el esquema fue particularmente exitoso ante el alza de materias primas secundaria a la segunda guerra mundial, generando montones de dólares que financiaron la expansión industrial y con eso el milagro mexicano. Mas, la receta económica implicaba temporalidad: no se podía indefinidamente expoliar a un sector para beneficiar a otro sin arriesgarse a que finalmente el primero colapsara, arrastrando en su caída al conjunto de la economía, situación que en México empezó a presentarse a mediados de 1960. A esto contribuyó en parte la caída del precio internacional de materias primas, pero también factores intrínsecos empezando por la explosión demográfica. Después de la despoblada real derivada de la lucha armada, se arrancó de una situación de mucha tierra y poca gente, que naturalmente generaba excedentes, empero con la población duplicándose cada dos décadas, la demanda interna consumía casi toda la producción y, pa´acabarla, descapitalizada y achicándose las unidades productivas, los rendimientos se fueron abajo.
Por si hiciera falta, el modo mexicano de complicar las cosas hizo su aportación: siendo la reforma agraria y el reparto de tierras uno de los mecanismos básicos de validación de los gobiernos de la Revolución, al ser México un país semiárido por tanto con limitado porcentaje de tierras con “vocación agrícola”, se decidió ampliar la frontera agrícola incluyendo en el reparto y creación de nuevos ejidos a tierras de agostadero, selvas, pantanos, bosques, incluso eriales, tierras que en todos los casos dieron una baja productividad y, sobre todo impactaron negativamente los equilibrios ambientales generando deforestación y erosión. Esta justicia social a la mexicana, produjo millones de campesinos atados a una agricultura de subsistencia, depauperándose más en cada generación al subdividirse aún más la microparcela recibida.
Ante los primeros signos de agotamiento del modelo, las respuestas fueron también congruentes con el priismo: muchos discursos, fideicomisos y una abierta competencia por los más disparatados proyectos, ganada por mucho por Luís Echeverría. Fue su secretario de agricultura quien aceptó que los ejidos estaban organizados para votar, no para producir; fue iniciativa presidencial impulsar la colectivización de los ejidos, después de conocer la experiencia “exitosa” en Bulgaria, de donde además importaron miles de tractores que nunca funcionaron. Terminaron siendo parte del paisaje del campo mexicano los promotores oficiales de desatinados proyectos de desarrollo, destinados de origen al fracaso pero donde los campesinos participaban pues tenían asegurado su pago. No hay que olvidar tampoco, instituciones como el Banco de Crédito Ejidal, que debiera financiar las actividades agropecuarias pero que en realidad otorgaba al campesino dinero que no se tenía que pagar, pues siempre las deudas se condonaban, aunque eso sí, se debía compartir con el comisario ejidal, el promotor del banco y una larga cadena de vividores.
La crisis económica del 82 coincide con el peor momento del campo mexicano, incluso ante la sequía de los años 83-84 hubo serios problemas para conseguir los dólares para importar el maíz y trigo necesarios para evitar verdaderas hambrunas, sin eufemismos. La apertura comercial al GATT permite en años siguientes paliar las cosas, pudiéndose importar al menos granos sin el encarecimiento artificial del arancel.
Casi para concluir, el arranque del TLC permite, por una parte, la consolidación de una agricultura empresarial, que impulsa mejoras en la productividad con vistas en la exportación, explotando las ventajas competitivas con Norteamérica como son el clima, los bajos costos de mano de obra y otros insumos; empero ha dejado de lado a millones de depauperados agricultores de subsistencia, atados a monocultivos y microparcelas. Lo que no ha cambiado es la aplicación de subsidios sin objetivos claros, sin temporalidad, muchas veces duplicados y muchas contradictorios con otros objetivos; subsidios iniciados con Procampo en el sexenio de Zedillo y continuados con Fox y seguramente ampliados por Calderón para aplacar las maquinadas protestas, intentando maicear a las organizaciones priistas para aislar al radicalismo ligado al PRD. En ulterior publicación intentaremos analizar las distorsiones provocadas por los subsidios al campo.
Para cerrar: aunque no guardaba grandes esperanzas de la gestión de Gabriel Arrellano, lo consideraba un mal menor ante la terrible posibilidad de un Arturo González alcalde. Empero, ante el despliegue de populismo despensero el pasado 6 de enero y la puntada de repintar las patrullas en tonos tricolores, declaro liquidadas todas mis expectativas y me dispongo a sobrellevar masoquistamente sus tres años. "Y ahora ¿quién podrá salvarnos?".
* Nació en el DF en 1952, reside en Aguascalientes desde 1992. Medico cirujano por la UNAM, sin ejercicio lucrativo de la profesión. Desempeñó diversos encargos en la Administración Pública Federal, principalmente en el INEGI y la Secretaria de Programación y Presupuesto. Investigador de los determinantes económicos y sociales en la salud, colaboró en el proyecto “Salud Enfermedad y Muerte en los Altos de Chiapas” en el Centro de Investigaciones Ecológicas del Sureste, y en la investigación publicada en la serie “Necesidades Esenciales: Salud, situación actual y panorama al año 2000”, por la Presidencia de la República y la Ed. Siglo XXI, en 1983.
Militante de la izquierda desde 1968; fue Secretario de Formación Política del Comité Estatal del PRD de 1997 al año 2000. Analista sobre temas políticos y sociales en diversos medios locales, como las revistas Crisol y Tiempo de Aguascalientes y los diarios El Sol del Centro, Página 24 y Aguas; escribe para el suplemento Contextos del diario de circulación nacional Milenio desde el año 2001. Fue coordinador del libro: “Alternancia y transición democrática, la experiencia de Aguascalientes”, editado en el año 2005 por el Senado de la Republica y la Universidad Autónoma de Aguascalientes.