CON LA CONSTITUCIÓN, ¿QUÉ COSA SUCEDE?
Víctor Manuel Barceló R. *
Hace días se conmemoró un aniversario más –el 91o- de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprobada el 5 de febrero de 1917, por el Congreso Constituyente, reunido en Querétaro. Allí estuvieron todas las corrientes que habían tomado las armas contra el régimen de Porfirio Díaz, representadas por hombre prominentes, en la lucha armada, sobre todo en la comprensión de hacia donde avanzar en la vida de la nación.
La experiencia histórica y los antecedentes de las Constituciones de 1824, sobre todo la de 1857, fueron insumos sustanciales, discutidos, en memorables debates, que nos dejaron una “carta magna” que establece con claridad un modelo de país: libre, soberano entre todas las naciones, democrático, republicano. Su concepción de estado es también muy precisa, determinándole su territorio y las condiciones de la población que en el habita.
Dicha Constitución cuenta con 136 artículos sobre temas que van desde la determinación de los bienes que pertenecen a la nación, en que se consideran aquellos que están en suelo y subsuelo de su territorio (hidrocarburos, metales, agua y otros), hasta cuál es la relación entre el Estado y las iglesias.
Cada capítulo considerado se corresponde con una etapa de la vida de los mexicanos, entre sí (la posesión de la tierra y las religiones) y los que son producto de la presión imperial (el control de las materias primas, en especial los energéticos como los hidrocarburos, el carbón, los minerales y el agua).
Para ajustarla a cada momento de la evolución nacional, generalmente para darle mayor vigencia al Pacto Social nacido de la Revolución Mexicana, nuestra Constitución es constantemente “tocada” en el Congreso de la Unión, en donde se le han hecho más de medio millar de cambios, en los 91 años de su vigencia, en que ha sido jurado su respeto y puesta en ejecución, por 19 presidentes de la república y 33 legislaturas federales. Sin duda que en cada momento presidencial se realizan cambios constitucionales que reflejan el ajuste al proyecto de nación original.
A pesar de ello, nunca –hasta los ochentas- se rozó siquiera: el laicismo original que permitió la armonía social; el respeto a la soberanía sobre los recursos naturales; el fortalecimiento del reparto de la tierra, que en más de la mitad del territorio nacional fue puesta en manos campesinas; o las conquistas que los obreros obtuvieron, entre los años cuarenta a setenta del siglo XX, en que el crecimiento económico promedio fue superior al 6% anual.
Para darle mayores seguridades al control de la industria petrolera, el general Lázaro Cárdenas, en 1939, propuso y obtuvo la aprobación del Congreso para adicionar el Art. 27 Constitucional, a fin de que se estableciera que, "tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos, no se expedirán concesiones". Se fortalece con ello, la concepción del Estado y sus responsabilidades producto de la Revolución de 1910, que recogiera el Constituyente de Querétaro, reaccionando positivamente a las exigencias de hombres y mujeres que dieron su vida para tales fines.
Por su lado, el presidente Adolfo López Mateos propuso nueva adición al artículo 27 mencionado, para establecer que la generación, conducción, transformación, distribución y abastecimiento de energía eléctrica eran facultad de la nación. De este modo, los hombres de la Revolución, pusieron bajo el cobijo del estado, la riqueza mayor del país, que solo debe ser para usufructo de los mexicanos. Flaco favor le hacen diversos mandatarios a Latinoamérica, enajenando sus riquezas. Es el caso de la Argentina, en que Menem vendió hasta “los buzones” como dicen los argentinos, y ahora cualquier ajuste –que los hay y muchos en detrimento de esa nación- tiene que ser negociado o peleado jurídicamente, en los tribunales de Washington.
Pero no todo fue “miel sobre hojuelas”. En 1991 se realiza el primer gran cambio negativo a la Constitución. Se da en la reforma al artículo 27, ahora para cambiar el régimen de propiedad de la tierra y permitir la venta de las ejidales. También se reformó el artículo 130, que define las relaciones con las iglesias. Dichas modificaciones, permitieron un cierto acercamiento con el Vaticano y la curia católica, en detrimento de las otras iglesias, cuya presencia es creciente en el país. En el caso de la tierra, los campesinos preservan su propiedad, aunque la pobreza creciente les obliga a rentar sus parcelas, a veces a precios ínfimos, mientras ellos emigran al imperio.
En estos tiempos, cerrar filas, sin color ni partido para preservar nuestros recursos naturales, como reza en la Constitución, es una de las mayores prioridades que tenemos los mexicanos. Eso si queremos tener un futuro propio y no mendigar por haber vendido lo más sagrado de la riqueza patria. Nuevamente el Congreso de la Unión carga con el compromiso del pueblo, al que sin duda se debe, porque fue electo por él.
* Profesor y Licenciado en Economía. Se ha desempeñado en el Servicio Exterior, el Gobierno del Distrito Federal, la Secretaría de Gobernación y el Gobierno del Estado de Tabasco, entre otras responsabilidades.