AL JEFE DE GOBIERNO, POR EL PREDIALAZO
Como una forma de honrar los 90 años de la promulgación de La Constitución de 1917, le hacemos saber que los propietarios de inmuebles, sobre todo en zonas históricas como Coyoacán, San Ángel, Tlalpan y en general esas colonias –Santa María, San Rafael, Condesa, Roma etc.- que se distinguen por conservar a duras penas inmuebles de las diversas épocas de la ciudad de México, consideramos injusto, inequitativo, confiscatorio y violatorio de La Carta Magna que nos rige, el tabulador impuesto para el predial. A un costo que no se nos ha informado, su gobierno gasta parte de las contribuciones en propaganda que, entre otras cosas, pretende justificar este criminal aumento a veces hasta de 1000%, con el argumento de que así, nuestras propiedades privadas, estarán tasadas a valor comercial; pero el hecho es que cuando adquirimos el hogar en el que hoy habitamos –muchas veces con hipotecas- la gran mayoría lo hicimos para contar con un patrimonio que nos permitiera tranquilidad personal y vida digna para nuestros hijos y nietos. No somos mercaderes, no queremos vender, tampoco deseamos ser deudores por la imposibilidad de liquidar una contribución impagable y mucho menos estar en el riesgo de embargos y litigios que no merecemos.
Permítanos recordarle, señor Jefe de gobierno, que un buen número de los propietarios de estas casas, son viudas, mujeres abandonadas, madres solteras o personas de más de más de 60 años que dimos a este país, el trabajo suficiente para que Usted y muchos que le acompañan en su gestión, gozaran de educación y, una serie de prerrogativas que al grueso de la población -en buena parte calificada, sobre todo con fines demagógicos como- de la tercera edad, se le está restringiendo, por la cancelación de beneficios de seguridad social, la exclusión de las decisiones colectivas y la falta de reconocimiento al esfuerzo constante que hemos hecho, para la conservación de inmuebles que son de valor cultural e histórico.
Por otra parte, la contraprestación que recibimos por el pago de impuestos, y entre ellos de forma muy especial el predial, no corresponde a lo que aportamos. El robo a casa habitación –en mi caso lo he sufrido en tres ocasiones- además de poner en riesgo nuestra integridad física, nos obliga a hacer gastos extraordinarios en modificaciones de bardas, colocación de rejas y alambradas e impactos necesarios a nuestra salud física y emocional. ¿Por qué se nos constriñe a realizar erogaciones no comprobables, para la recolección de basura, desasolve de alcantarillas, elevados honorarios médicos por enfermedades derivadas de la alta contaminación, reparación o sustitución de aparatos electrodomésticos -dañados por cortes en el fluido eléctrico- a resultas de la ausencia de un programa de poda de árboles desde hace más de una década? ¿No le parece perversa tortura, el obligar a los ciudadanos a gastar muchas horas en filas interminables frente a ventanillas de burócratas, sólo para recibir un papel de inconformidad que nunca será resuelta? ¿Qué pueden hacer, quienes no cuentan con el recurso suficiente para contratar un abogado que les maneje juicios o reclamos administrativos, frente a instancias incapaces o parciales? ¿Tiene Usted idea de las millones de inconsistencias en los registros de pago de impuestos y servicios, que ya hemos hecho y aclarado infinidad de veces, sin que se preste atención a los mismos? ¿Por qué la prepotencia de pelearse con los ciudadanos, en vez de gobernarlos en armonía?
Al protestar su encargo, Usted se comprometió a cumplir La Constitución. Tal vez el día de mañana pocos celebren su promulgación después del puente turístico inventado con expresos fines mercantiles, aunque aviesas intenciones de borrar de la memoria del pueblo, hechos tan significativos como la muerte de un millón de mexicanos, comprometidos en la lucha para lograr garantías individuales y derechos sociales que hoy, a noventa años de haberla convertido en Ley, se ignora y se viola consuetudinariamente.
* Comunicóloga.